Una cifra que estremece: 437 asesinatos en dos años
En apenas dos años, 437 ambientalistas y activistas defensores de derechos humanos han sido asesinados en el mundo. Detrás de esa cifra hay territorios arrasados, comunidades silenciadas y una profunda crisis de derechos humanos vinculada a la defensa de la Tierra y el Territorio. Esta violencia no es un fenómeno aislado, sino el rostro más brutal de un modelo de desarrollo que prioriza la extracción y el lucro por encima de la vida.
La mayoría de estas víctimas defendía bosques, ríos, montañas y tierras ancestrales frente a megaproyectos mineros, agroindustriales, energéticos y de infraestructura. Su crimen fue oponerse a la depredación ambiental, exigir consulta previa, denunciar corrupción y reclamar justicia social. La escalada de asesinatos evidencia la falta de protección efectiva del Estado y la impunidad con la que operan empresas y grupos armados.
La Tierra y el Territorio: mucho más que recursos naturales
Para los pueblos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones sociales, la Tierra y el Territorio no son simples recursos naturales ni mercancías negociables. Son espacio de vida, identidad, cultura y memoria colectiva. Cuando se ataca a quienes los defienden, no solo se elimina a un líder o a una lideresa: se hiere el tejido comunitario y se abre la puerta a la ocupación del territorio por intereses ajenos.
Este enfoque integral del territorio contrasta con la visión dominante, que lo reduce a superficie aprovechable para monocultivos, minería, hidroeléctricas, complejos turísticos exclusivos o infraestructuras de transporte. La pugna entre estos dos modelos —uno centrado en la vida y otro en la acumulación— explica buena parte de la violencia que sufren las personas defensoras del ambiente.
Impunidad y criminalización: así se perpetúa la violencia
Los asesinatos de defensoras y defensores rara vez se investigan a fondo. La impunidad es la norma: los autores materiales casi nunca son procesados y los autores intelectuales —frecuentemente vinculados a poderes económicos y políticos locales o transnacionales— permanecen en la sombra. Esta ausencia de justicia envía un mensaje devastador: defender el territorio puede costar la vida y, además, el crimen quedará sin castigo.
A la violencia física se suma la criminalización. En numerosos países se utilizan leyes antiterroristas, figuras penales vagas como la “usurpación” o la “obstrucción a obras públicas” y campañas mediáticas de desprestigio para presentar a los activistas como enemigos del progreso, agitadores profesionales o incluso delincuentes. Este clima de hostilidad legitima nuevas agresiones y debilita aún más los mecanismos de protección.
Los conflictos socioambientales como núcleo de la crisis
Los datos sobre 437 ambientalistas asesinados en dos años se inscriben en un contexto más amplio de conflictos socioambientales que se multiplican en toda la región latinoamericana y en otros continentes. La expansión de la frontera extractiva, la privatización del agua, el acaparamiento de tierras y la especulación inmobiliaria rural y urbana generan tensiones que, lejos de resolverse mediante el diálogo, se reprimen con violencia.
Detrás de cada caso suele haber patrones repetidos: concesiones otorgadas sin consulta previa, estudios de impacto ambiental débiles o manipulados, ausencia de participación comunitaria, corrupción en la aprobación de licencias, militarización de las zonas de proyecto y ruptura de formas tradicionales de vida. La defensa del ambiente se vuelve, inevitablemente, defensa de los derechos colectivos y del derecho a decidir sobre el propio territorio.
Defender la naturaleza es defender los derechos humanos
La separación entre agenda ambiental y agenda de derechos humanos es, en realidad, artificial. Cuando se contamina un río del que dependen comunidades enteras, se vulnera el derecho al agua, a la alimentación y a la salud. Cuando se despoja a un pueblo de sus tierras, se atenta contra su derecho a la vivienda, a la cultura y a la libre determinación. Cuando se asesina a una persona defensora, se niega el derecho a la vida, a la participación y a la libertad de expresión.
Por ello, las agresiones contra ambientalistas deben entenderse como ataques sistémicos a los derechos humanos. Proteger a quienes cuidan bosques, humedales, glaciares y selvas es proteger la posibilidad misma de un futuro digno. La crisis climática y el colapso de la biodiversidad demuestran que la defensa del ambiente no es un lujo de unos pocos, sino una necesidad global urgente.
Responsabilidad de los Estados y del sector privado
Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de las personas defensoras, investigar los crímenes, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Esto implica fortalecer mecanismos de protección, asegurar la independencia judicial y aplicar normas que reconozcan explícitamente el papel de quienes defienden el ambiente y los derechos humanos.
Sin embargo, la responsabilidad no se limita a los gobiernos. Empresas nacionales y transnacionales deben adoptar y cumplir políticas estrictas de debida diligencia en derechos humanos y ambiente, que incluyan transparencia en la cadena de suministro, consultas previas, libres e informadas, y el respeto a la decisión de las comunidades cuando rechazan un proyecto. Los inversores también están llamados a revisar sus carteras y desinvertir en actividades asociadas a violaciones sistemáticas.
Construir alternativas: economía local, turismo responsable y justicia ambiental
Frente a un modelo que produce muerte y devastación, múltiples comunidades impulsan alternativas basadas en la economía local, la agroecología, el manejo comunitario de bosques y el turismo responsable. Estos enfoques buscan compatibilizar la generación de ingresos con la protección de la naturaleza y el respeto a las culturas locales, reduciendo así la presión por proyectos altamente destructivos.
La justicia ambiental se fortalece cuando las personas que habitan los territorios participan en las decisiones sobre su propio futuro. Reconocer sus saberes, sus formas de organización y su vínculo integral con la Tierra es clave para una transición ecológica justa. Esto exige políticas públicas coherentes, que valoren la conservación como inversión estratégica y no como obstáculo para el desarrollo.
Memoria, resistencia y cuidado colectivo
Cada uno de los 437 nombres asesinados en apenas dos años merece ser recordado. No son daños colaterales ni cifras estadísticas: son personas que eligieron cuidar la vida en tiempos de devastación. Honrar su memoria implica continuar su lucha, apoyar a sus comunidades y fortalecer las redes de solidaridad entre territorios.
La resistencia no solo se expresa en protestas y denuncias. También vive en las escuelas comunitarias, en las cooperativas de producción limpia, en los procesos de recuperación de semillas nativas, en las asambleas barriales y rurales que se organizan para defender ríos, montes y costas. El cuidado colectivo se convierte así en una estrategia política y ética frente a la violencia.
Un llamado a la acción global por la defensa del territorio
La gravedad de los asesinatos de ambientalistas y activistas de derechos humanos exige una respuesta global articulada. Organismos internacionales, organizaciones sociales, ciudades, universidades, medios de comunicación y ciudadanía en general tienen un papel que cumplir. Documentar violaciones, visibilizar los casos, presionar por sanciones y cambiar los patrones de consumo son dimensiones complementarias de una misma tarea.
Defender la Tierra y el Territorio significa, en última instancia, defender la posibilidad de seguir habitando el planeta. Mientras la impunidad continúe, la cifra de personas asesinadas seguirá creciendo. Invertir esta tendencia exige voluntad política, cambios económicos de fondo y una ética del cuidado que ponga la vida, y no el lucro, en el centro de todas las decisiones.