Decisión federal de retirar fondos para la presa Milpillas: solo una batalla ganada

Introducción: la presa Milpillas y la defensa del territorio

La decisión del gobierno federal de retirar los fondos destinados a la presa Milpillas en Zacatecas marcó un punto de inflexión en la lucha de las comunidades campesinas y ejidales que, durante años, han defendido su territorio y sus fuentes de agua. Aunque este anuncio ha sido celebrado como un logro importante, en realidad representa solo una batalla ganada dentro de una confrontación más amplia por el control del agua, la tierra y el modelo de desarrollo impuesto en la región.

Contexto del proyecto Presa Milpillas

La presa Milpillas fue concebida como un megaproyecto hidráulico para captar, almacenar y trasladar grandes volúmenes de agua hacia centros urbanos e industriales, principalmente la capital de Zacatecas y otros polos de desarrollo. Bajo el discurso de “progreso” y “modernización”, el proyecto se presentó como una solución a la escasez de agua urbana, pero en la práctica implicaba la reconfiguración profunda de la vida rural y comunitaria en diversas localidades afectadas.

Comunidades campesinas, pueblos originarios y ejidos ubicados en la cuenca identificaron tempranamente los riesgos: despojo de tierras, afectación de manantiales, pérdida de biodiversidad, ruptura del tejido social y un modelo económico que prioriza el beneficio de grandes actores económicos antes que el bienestar comunitario.

La decisión federal: retiro de fondos, no cancelación definitiva

El anuncio del retiro de los recursos federales para la construcción de la presa Milpillas fue resultado de una combinación de factores: la organización comunitaria, la denuncia pública, la presión política y las inconsistencias técnicas y legales del proyecto. Sin embargo, es clave subrayar que esta medida significa un alto en el camino, no una cancelación definitiva.

Cuando el gobierno federal decide detener la asignación de fondos, lo que hace es reconocer la conflictividad social y las irregularidades, pero deja abierta la puerta para que futuras administraciones, o incluso reconfiguraciones del proyecto, intenten reactivarlo con nuevos discursos o bajo otros marcos legales.

La organización comunitaria como motor de la resistencia

La retirada de fondos no se explica sin la resistencia de las comunidades. Asambleas ejidales, colectivos, organizaciones campesinas y defensores del territorio han sostenido, durante años, un trabajo constante de información, movilización y defensa jurídica. Entre las estrategias que han empleado se encuentran:

  • Asambleas comunitarias para informar y tomar decisiones colectivas.
  • Recorridos y mapeos participativos para identificar manantiales, arroyos y zonas de recarga hídrica.
  • Denuncias públicas ante organismos de derechos humanos y medios de comunicación.
  • Impugnaciones legales a permisos, estudios de impacto ambiental y actos de autoridad.

Esta organización ha puesto en evidencia que la defensa del agua no es solo una demanda ambiental, sino también una lucha por el reconocimiento de los derechos colectivos, la autonomía de los pueblos y la permanencia de sus formas de vida.

Agua, territorio y modelo de desarrollo

El conflicto de Milpillas ilustra un problema estructural: el agua es tratada principalmente como un recurso económico, no como un bien común ligado a la vida, la cultura y la organización comunitaria. Los megaproyectos hídricos suelen beneficiar a sectores industriales, mineros y urbanos, mientras cargan el costo ambiental y social sobre las comunidades rurales.

En este escenario, las comunidades afectadas han planteado preguntas de fondo: ¿quién decide sobre el agua?, ¿qué modelo de desarrollo se prioriza?, ¿quién asume los impactos a largo plazo? La presa Milpillas se inscribe en un modelo que desplaza a las poblaciones rurales para abastecer a sectores de alto consumo, sin garantizarles a las comunidades un acceso justo al agua ni el respeto a sus derechos.

Implicaciones de la retirada de fondos

La decisión federal de retirar los recursos tiene distintas implicaciones políticas y sociales:

  • Reconocimiento de la conflictividad: el Estado admite que el proyecto no cuenta con consenso social ni condiciones políticas para imponerse sin altos costos.
  • Ventana para la reflexión: se abre un periodo en el que puede y debe discutirse un modelo alternativo de gestión del agua, desde abajo y con participación efectiva de las comunidades.
  • Mensaje a otros territorios: la lucha de las comunidades de Milpillas envía una señal a otros pueblos que enfrentan megaproyectos similares: la organización y la persistencia pueden modificar decisiones gubernamentales.

No obstante, la experiencia demuestra que los megaproyectos suelen reconfigurarse, cambiar de nombre o fragmentarse en obras parciales para avanzar de manera menos visible. Por eso, la retirada de fondos no significa que el riesgo haya desaparecido.

Solo una batalla ganada: desafíos pendientes

Nombrar esta decisión como “solo una batalla ganada” es una forma de reconocer tanto el esfuerzo de las comunidades como los desafíos que continúan. Entre los pendientes más importantes se encuentran:

  • Garantizar la cancelación definitiva del proyecto y cualquier intento de reactivarlo sin consulta libre, previa e informada.
  • Fortalecer los procesos de autonomía comunitaria en la gestión del agua y el territorio.
  • Impulsar alternativas locales para el abasto de agua que no se basen en el despojo de otras regiones.
  • Visibilizar y documentar las violaciones a derechos humanos que se han dado en contextos de imposición de megaproyectos.

La lucha no termina con un anuncio presupuestal. Continúa en las asambleas, en la defensa legal, en la construcción de alternativas productivas y en la memoria colectiva de las comunidades que han decidido no ceder su territorio.

El papel de las comunidades en la defensa del agua

Las comunidades campesinas y ejidales han demostrado que la defensa del agua no es una postura meramente reactiva, sino una propuesta activa de futuro. Al enfrentar la presa Milpillas, no solo dijeron “no” al megaproyecto, sino que afirmaron un “sí” a la vida comunitaria, a la agricultura campesina, a la protección de los bosques y a la continuidad de sus prácticas culturales.

La experiencia ha mostrado que cuando las comunidades son informadas de manera completa, participan en la toma de decisiones y se articulan con otras luchas, pueden frenar proyectos que parecían inevitables. Este aprendizaje colectivo es uno de los resultados más valiosos de la batalla contra la presa.

Hacia un nuevo enfoque de gestión del agua

Frente al modelo de grandes presas y trasvases, diversos movimientos sociales y organizaciones comunitarias han propuesto alternativas: captación de agua de lluvia, rehabilitación de sistemas tradicionales de riego, manejo comunitario de cuencas, restauración de bosques y acuerdos locales de distribución del agua.

Estas propuestas no solo son ambientalmente más sostenibles, sino que fortalecen la soberanía de los pueblos sobre sus territorios. La experiencia de Milpillas puede convertirse en un referente para impulsar políticas públicas que reconozcan el papel central de las comunidades en la toma de decisiones sobre el agua.

Conclusión: memoria, vigilancia y construcción de futuro

La retirada de los fondos federales para la presa Milpillas es un hito en la defensa del agua y el territorio, pero no el punto final. Las comunidades han logrado que su voz sea escuchada y han demostrado que la organización colectiva puede incidir en decisiones de alto nivel. Sin embargo, el riesgo de que el proyecto se reactive o de que surjan nuevas iniciativas de despojo sigue presente.

Por ello, la memoria de esta lucha, la vigilancia social y la construcción de alternativas son esenciales. La batalla ganada no es solo una victoria local; es una lección para otros territorios que enfrentan la misma lógica de explotación. En cada río defendido, en cada manantial protegido y en cada asamblea que decide sobre su propio futuro, se construye un modelo distinto de relación con la naturaleza y de vida en comunidad.

La defensa del territorio y del agua también plantea la necesidad de repensar la forma en que se organizan las actividades económicas, incluyendo sectores como el turismo y la oferta de hoteles en la región. Un turismo más responsable puede reconocer y respetar las decisiones de las comunidades que se oponen a megaproyectos como la presa Milpillas, promoviendo estancias en hoteles que impulsen el consumo local, el cuidado de los ecosistemas y la valoración de la cultura campesina. De este modo, la experiencia de hospedarse en un hotel cercano a las comunidades organizadas no solo se convierte en un momento de descanso, sino también en una oportunidad para comprender, acompañar y fortalecer las luchas por el agua y el territorio que dan sentido y vida a estos paisajes.