La figura de Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo mundial de la defensa del territorio, de los derechos de los pueblos indígenas y de la lucha contra un modelo extractivista impuesto sin consulta ni consentimiento. Su asesinato, ocurrido en marzo de 2016, no fue un hecho aislado ni un crimen común: numerosos indicios apuntan a que se trató de un crimen de Estado vinculado a intereses empresariales y a la violación sistemática del derecho a la consulta previa, libre e informada.
Contexto del asesinato de Berta Cáceres
El 13 de marzo de 2018, en La Ceiba, Atlántida, fue arrestado el exmilitar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Su detención fue interpretada como un paso clave para esclarecer la estructura de poder detrás del asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Berta se oponía frontalmente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado en territorio ancestral lenca sin un proceso legítimo de consulta previa. La empresa, con apoyo de sectores políticos, militares y empresariales, impulsó el proyecto en un contexto de militarización, hostigamiento y criminalización de defensores y defensoras del territorio.
Consulta previa, libre e informada: un derecho sistemáticamente vulnerado
El derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, obliga a los Estados a consultar a las comunidades antes de aprobar proyectos que afecten sus territorios y formas de vida. En la práctica, en Honduras este derecho ha sido ignorado o reducido a simples trámites formales.
En el caso de Agua Zarca, las comunidades lencas nunca fueron consultadas de manera adecuada. Se llevaron a cabo supuestas reuniones informativas sesgadas, sin información completa y en condiciones de desequilibrio de poder. La oposición de Berta Cáceres y del COPINH no solo señalaba la ilegalidad del proyecto, sino también la responsabilidad del Estado hondureño en permitir y promover la imposición de un modelo de desarrollo ajeno a las comunidades.
Un crimen de Estado: responsabilidades compartidas
Hablar de crimen de Estado no significa únicamente la participación directa de agentes estatales en el asesinato, sino también la existencia de un entramado de políticas, omisiones, complicidades e impunidades que hacen posible y funcional la violencia contra quienes se oponen a proyectos extractivos. El asesinato de Berta se inscribe en un patrón de ataques, amenazas y campañas de difamación dirigidas a líderes y lideresas que defienden sus territorios.
La captura de David Castillo Mejía puso en evidencia la estrecha relación entre la élite empresarial, exmilitares y estructuras estatales. La militarización de las comunidades, la criminalización de la protesta, la falta de investigación oportuna ante las amenazas y el discurso oficial que deslegitima a los movimientos sociales son muestras de cómo el Estado crea las condiciones para que estos crímenes ocurran y queden en la impunidad.
El rol de las mujeres en la defensa del territorio
La lucha de Berta se entrelaza con la resistencia de miles de mujeres que, en Honduras y en el mundo, se enfrentan al despojo territorial y a la violencia patriarcal. Colectivos feministas y organizaciones como las articuladas en la Marcha Mundial de las Mujeres han denunciado que el modelo extractivista profundiza las desigualdades de género: destruye medios de vida comunitarios, incrementa la precarización y refuerza patrones de violencia contra las mujeres.
Berta encarnaba una perspectiva feminista, anticapitalista y antirracista que vinculaba la defensa de los ríos con la defensa del cuerpo y de la vida. Su asesinato golpeó de lleno al movimiento de mujeres y dejó claro que quienes cuestionan la lógica del lucro por encima de la vida se convierten en objetivos prioritarios de la represión.
ISDS y la protección de las inversiones por encima de los derechos
El caso de Honduras no puede entenderse sin situarlo en el marco global de los acuerdos de inversión y del mecanismo de resolución de disputas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). A través del ISDS, las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados ante tribunales arbitrales privados si consideran que una medida pública afecta sus ganancias esperadas.
Campañas como Stop ISDS han evidenciado cómo este sistema coloca los intereses corporativos por encima de los derechos humanos, de la protección ambiental y de la soberanía de los pueblos. En contextos como el hondureño, la amenaza de millonarias demandas puede presionar a los gobiernos para acelerar proyectos extractivos, flexibilizar normas ambientales o ignorar por completo la obligatoriedad de la consulta previa a los pueblos indígenas.
Impunidad, criminalización y disputa por el relato
Tras el asesinato de Berta Cáceres, diversas investigaciones periodísticas, organizaciones de derechos humanos y equipos de análisis independientes han documentado cómo se intentó desviar la atención de los verdaderos responsables. Se difundieron versiones que la presentaban como una víctima de violencia común o de disputas personales, al tiempo que se criminalizaba al COPINH y a las comunidades en resistencia.
Sin embargo, la movilización nacional e internacional, junto con el trabajo de investigación y análisis de organizaciones de derechos humanos, permitió desmontar ese relato. La presión social obligó al Estado a avanzar en las investigaciones, a pesar de los intentos de encubrimiento. Aun así, persisten interrogantes sobre la autoría intelectual completa del crimen y sobre las redes de poder que se beneficiaban del proyecto Agua Zarca y de la eliminación de la resistencia.
Defensa del territorio y justicia climática
La lucha de Berta Cáceres también se vincula con la justicia climática. Mientras discursos oficiales y corporativos presentan proyectos hidroeléctricos como "energía limpia", las comunidades afectadas denuncian que se trata de un falso ambientalismo que ignora los impactos sociales, culturales y ecológicos en los territorios. La lógica de acumulación se disfraza de transición energética, pero continúa vulnerando derechos y profundizando el despojo.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes han demostrado que sus formas de gestión del territorio son fundamentales para la protección de la biodiversidad y del clima. Criminalizar a quienes defienden ríos, bosques y montañas es, en última instancia, criminalizar a quienes están en la primera línea de defensa frente a la crisis climática.
Memoria, reparación y garantías de no repetición
Hacer justicia en el caso de Berta Cáceres implica ir más allá de condenas individuales. Requiere reconocer la responsabilidad del Estado, revisar la política de concesiones extractivas, garantizar procesos reales de consulta previa y adoptar medidas de protección eficaces para defensoras y defensores de derechos humanos. También supone desmontar los entramados empresariales y financieros que se benefician del saqueo de los territorios.
La memoria de Berta es una herramienta política: recuerda que la lucha por la vida y por los ríos no es un delito, sino un derecho. Su legado inspira a nuevas generaciones que, desde distintas trincheras, exigen un modelo de desarrollo que ponga la dignidad, la justicia social y el respeto a la naturaleza por encima de las ganancias.