En Honduras, la defensa del territorio y de los bienes comunes se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Los defensores comunitarios de organizaciones como OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) y MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia) enfrentan procesos de criminalización que buscan silenciar sus voces y debilitar la resistencia de las comunidades garífunas, indígenas y campesinas frente a megaproyectos extractivos y turísticos impuestos sin consulta previa.
Causa raíz: territorio, extractivismo y racismo estructural
La criminalización no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, la privatización de las costas, ríos y bosques, y la entrega de concesiones a empresas nacionales y transnacionales. En este contexto, OFRANEH y MADJ han denunciado repetidamente el despojo territorial, los desalojos forzosos y las amenazas contra líderes comunitarios.
Detrás de muchos conflictos se encuentran proyectos de energía, minería, monocultivos o complejos turísticos de lujo que se superponen sobre tierras ancestrales. Las comunidades que se organizan, exigen consulta previa y defienden sus derechos colectivos son estigmatizadas como enemigas del desarrollo, obstáculo al progreso o incluso como grupos violentos, pese a que su acción es, en esencia, pacífica y orientada a la defensa de la vida.
Criminalización como estrategia de control social
La criminalización de defensores de derechos humanos en Honduras se expresa a través de diversas prácticas: imputaciones penales sin fundamento sólido, uso excesivo de figuras delictivas como usurpación, sedición o daños, campañas de difamación en medios de comunicación y redes sociales, así como vigilancia y hostigamiento policial o militar.
En el caso de OFRANEH y MADJ, estas tácticas buscan quebrar la organización comunitaria, desgastar emocional y económicamente a quienes lideran la resistencia, y enviar un mensaje intimidatorio a otras comunidades que estén considerando oponerse a megaproyectos. Procesar judicialmente a un líder comunitario no solo implica enfrentar audiencias, medidas sustitutivas o prisión preventiva, sino también interrumpir asambleas, frenar procesos de consulta interna y sembrar miedo entre los habitantes.
Marco internacional: acuerdos de la ONU y obligaciones del Estado
A nivel internacional, Honduras ha suscrito acuerdos y tratados en el marco de las Naciones Unidas que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y defensores de derechos humanos. Estos instrumentos prohíben expresamente la criminalización de la protesta social y exigen al Estado investigar agresiones, amenazas y asesinatos contra quienes defienden el territorio y el ambiente.
Sin embargo, la brecha entre el discurso internacional y la práctica cotidiana sigue siendo profunda. La falta de implementación efectiva de estos acuerdos, así como la impunidad estructural, incentivan que actores públicos y privados continúen utilizando el sistema penal como herramienta de control. La referencia a los acuerdos de la ONU se vuelve entonces clave: no como una fórmula retórica, sino como un marco jurídico que puede y debe invocarse en los tribunales nacionales.
Estrategias de resistencia: solidaridad, derecho y comunicación
Ante este escenario, las comunidades y organizaciones han tejido estrategias múltiples para defenderse de la criminalización. La experiencia de OFRANEH y MADJ muestra que ninguna herramienta aislada es suficiente; se requiere una combinación articulada de acciones:
Internacionalización y solidaridad global
La solidaridad internacional ha sido fundamental para visibilizar los casos de persecución judicial. Redes de organizaciones de derechos humanos, colectivos de la diáspora y movimientos sociales de otros países han presionado para que se respete la presunción de inocencia y se garanticen juicios justos. Mediante pronunciamientos públicos, observación de audiencias y campañas globales, se genera un costo político para quienes impulsan la criminalización.
Defensa jurídica y uso creativo del derecho
Los equipos legales que acompañan a OFRANEH y MADJ utilizan tanto el derecho nacional como los estándares del sistema internacional para desmontar acusaciones infundadas. Esto implica recurrir a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citar normas de tratados de la ONU y evidenciar la falta de debida diligencia en la actuación de fiscales y jueces. El litigio estratégico no solo busca absoluciones individuales, sino también sentencias que sienten precedentes favorables para otros defensores comunitarios.
Campañas de información y comunicación comunitaria
La criminalización también se combate con información veraz y accesible. Las campañas de esclarecimiento dirigidas a la opinión pública y a las propias comunidades permiten contrarrestar la narrativa oficial que presenta a los líderes como delincuentes. A través de radios comunitarias, asambleas, boletines y redes sociales se explica el trasfondo de los conflictos, se divulgan los derechos reconocidos por los acuerdos internacionales y se llama a la participación activa.
Dimensión de género: el liderazgo de mujeres como Lesbia
La persecución no afecta a todas las personas por igual. Mujeres defensoras —como el caso de lideresas identificadas en diversas comunidades, entre ellas figuras como Lesbia y otras compañeras— enfrentan una doble violencia: por su rol en la defensa territorial y por desafiar los mandatos patriarcales. Son objeto de campañas de desprestigio que cuestionan su moral, su vida privada o su capacidad para liderar, y se les responsabiliza injustamente de cualquier conflicto comunitario.
Frente a estos ataques, las redes de apoyo entre mujeres, la construcción de espacios seguros y el acompañamiento psicosocial son indispensables. Además, la perspectiva de género debe atravesar tanto la defensa jurídica como las campañas públicas, evidenciando cómo el patriarcado y el racismo se entrelazan con los intereses económicos que buscan capturar el territorio.
Responsabilidad del Estado y de actores corporativos
La responsabilidad no recae solo en quienes firman las denuncias o conducen los juicios. Las estructuras empresariales que se benefician de la criminalización, así como funcionarios que facilitan licencias y concesiones en violación de normas nacionales e internacionales, forman parte de una cadena de corresponsabilidad. Sin sanciones administrativas, penales o políticas para estos actores, se continuará reproduciendo el mismo patrón.
En ese sentido, una lectura crítica de los acuerdos en el nivel de la ONU y de los compromisos asumidos en materia de empresas y derechos humanos revela obligaciones claras: evaluar impactos, consultar de buena fe, prevenir violaciones y reparar daños. Cuando estos estándares se ignoran, la criminalización se convierte en el mecanismo más expedito para imponer proyectos cuestionados por las comunidades.
Turismo, hoteles y defensa del territorio: una relación tensa
En muchas zonas costeras y comunidades garífunas, la presión sobre el territorio se manifiesta a través de proyectos turísticos que incluyen la construcción de hoteles, residencias privadas y complejos recreativos. Si bien el turismo puede generar ingresos y oportunidades, en Honduras su expansión ha estado frecuentemente asociada con el acaparamiento de playas, la privatización de accesos al mar y la desarticulación de prácticas tradicionales de pesca, agricultura y vida comunitaria.
Las comunidades organizadas, acompañadas por OFRANEH y MADJ, no se oponen al turismo en sí mismo, sino a un modelo que ignora sus derechos colectivos. La exigencia es clara: cualquier proyecto hotelero o turístico debe respetar la propiedad ancestral, garantizar la participación efectiva de la población local en la toma de decisiones y asegurar que los beneficios no se concentren en unos pocos. Cuando esto no sucede, los defensores que denuncian el despojo suelen ser estigmatizados y llevados a los tribunales, mientras se presenta el desarrollo hotelero como una solución incuestionable al desempleo, ocultando los costos sociales, culturales y ambientales.
Hacia una agenda de protección integral de defensores comunitarios
Frente a la criminalización en Honduras, una respuesta integral requiere articular varios niveles de acción: local, nacional e internacional. Es urgente fortalecer mecanismos independientes de protección para defensores comunitarios, garantizar la investigación de amenazas y agresiones, y revisar leyes que se utilizan de manera recurrente para acusar a quienes se oponen a megaproyectos.
También es indispensable que los acuerdos en el nivel de Naciones Unidas dejen de ser meras referencias simbólicas y se traduzcan en políticas públicas concretas: formación de operadores de justicia en derechos humanos, protocolos de actuación en conflictos socioambientales, e incorporación de estándares internacionales en las decisiones administrativas y judiciales.
La experiencia de OFRANEH y MADJ, así como de otras organizaciones hermanas en la región, muestra que la combinación de solidaridad internacional, herramientas jurídicas, campañas de esclarecimiento y organización comunitaria sigue siendo la vía más efectiva para enfrentar a los intereses poderosos que buscan doblegar la dignidad de los pueblos. Defender a estos defensores es, en última instancia, defender la posibilidad de un futuro basado en la justicia social, el respeto a la diversidad cultural y la protección del territorio como espacio de vida.