Un acuerdo de paz histórico, una violencia que no se detiene
La firma del Acuerdo Final de Paz en Colombia fue celebrada en todo el mundo como un hito histórico. Como ha subrayado La Vía Campesina, traducida por WhyHunger, “la firma del Acuerdo Final constituye un hecho histórico” que abría la puerta a la desmovilización de las FARC-EP y a la posibilidad de saldar deudas históricas con el campo colombiano. Sin embargo, mientras se consolidaba la esperanza, en muchas regiones rurales se encendía una nueva alarma: el incremento sistemático de la violencia contra defensores del territorio, líderes sociales y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Lejos de ser un periodo de calma, los años inmediatamente posteriores a la firma del acuerdo estuvieron marcados por la disputa por el control territorial, el reacomodo de actores armados y una ofensiva contra quienes defienden la tierra, el agua y la vida. El mensaje para estas comunidades ha sido devastador: aun en tiempos de paz formal, exigir derechos puede costar la vida.
Cifras que revelan una crisis: 20 asesinatos al mes
Entre enero de 2016 y mayo de 2019, el asesinato de defensores del territorio, líderes sociales y excombatientes desmovilizados alcanzó niveles alarmantes. Diversos informes señalan una cifra estremecedora: en promedio, 20 personas fueron asesinadas cada mes por su labor comunitaria, política u organizativa. Esta violencia selectiva apunta contra quienes encabezan procesos de defensa del territorio frente a megaproyectos extractivos, economías ilegales, despojo de tierras y militarización de la vida rural.
Las víctimas no son números; son guardianes de ríos, sembradores de semillas nativas, educadores populares, mujeres que impulsan economías solidarias y jóvenes que apuestan por la organización comunitaria. El asesinato de cada una de estas personas implica la ruptura de redes sociales, el silenciamiento de voces críticas y la intimidación de comunidades enteras.
La disputa por el territorio tras la desmovilización
La salida de una de las principales guerrillas del escenario armado abrió un vacío de poder en numerosas zonas históricamente periféricas para el Estado. En lugar de llenarse con instituciones civiles y políticas públicas de largo aliento, muchos de estos territorios fueron ocupados por redes criminales, estructuras paramilitares recicladas y otros grupos armados que vieron en la ausencia estatal una oportunidad para consolidar economías ilegales y nuevas formas de control social.
En este contexto, los defensores del territorio se convirtieron en un obstáculo directo para intereses económicos y militares. Quienes impulsan procesos de restitución de tierras, sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, protección ambiental o construcción de economías campesinas autónomas son vistos como una amenaza para los proyectos que buscan explotar, concentrar o mercantilizar los bienes comunes.
Defender la tierra: una labor de alto riesgo
Colombia se ha consolidado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el liderazgo social, político y ambiental. Campesinos, comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes y organizaciones populares han sufrido amenazas, desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos por reivindicar derechos básicos como la tierra, el agua, la alimentación, la educación o la participación política.
En muchos casos, la persecución está ligada a la oposición frente a proyectos mineros, hidroeléctricos, agroindustriales o de infraestructura que avanzan sin consulta previa ni garantías de participación comunitaria. También se relaciona con la resistencia a la expansión de cultivos ilícitos o al control de rutas del narcotráfico. La defensa del territorio, que debería ser reconocida como un aporte esencial a la democracia y a la sostenibilidad, termina siendo respondida con violencia letal.
La Vía Campesina y la soberanía alimentaria en el centro del debate
La Vía Campesina, que articula movimientos campesinos de todo el mundo, ha insistido en que la paz verdadera solo es posible si se transforman las estructuras de desigualdad en el campo y se garantiza la soberanía alimentaria. Esto implica reconocer el derecho de los pueblos a decidir qué producen, cómo lo producen y para quién lo producen, priorizando a las comunidades y al medio ambiente por encima del lucro inmediato.
Para las organizaciones rurales colombianas, el acuerdo de paz ofrecía herramientas para avanzar en una reforma rural integral, en la democratización del acceso a la tierra y en el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afro. No obstante, la implementación ha sido parcial, lenta y, en muchos territorios, casi inexistente. Esta brecha entre lo firmado y lo vivido en el campo ha profundizado la sensación de abandono y ha fortalecido a quienes apuestan por la violencia como forma de dominación.
Impunidad y fragilidad institucional
El alto número de asesinatos contrasta con los bajos niveles de esclarecimiento y sanción. La impunidad se ha convertido en un mensaje tácito de permisividad para los agresores. La falta de resultados contundentes en las investigaciones, la limitada protección efectiva para los amenazados y la persistencia de estructuras armadas ilegales configuran un escenario de altísimo riesgo.
La fragilidad institucional se expresa también en la ausencia de garantías colectivas. Las medidas de seguridad suelen ser pensadas a nivel individual y urbano, sin considerar las realidades rurales ni las necesidades de protección comunitaria. La seguridad para quienes defienden el territorio no puede reducirse a escoltas y chalecos antibalas; requiere presencia integral del Estado, fortalecimiento de la justicia, reconocimiento pleno de los derechos colectivos y respeto a las formas organizativas propias.
Territorio, memoria y resistencia
A pesar de la violencia, las comunidades rurales han respondido con creatividad y dignidad. En muchos rincones de Colombia se tejen procesos de memoria histórica, pedagogías de paz, guardias comunitarias, mercados campesinos, escuelas agroecológicas y redes de cuidado mutuo. Estos esfuerzos disputan el sentido del territorio: no como mercancía o corredor de guerra, sino como espacio de vida, cultura y autonomía.
La defensa del territorio no es un asunto sectorial, sino un componente esencial de la democracia y de cualquier proyecto de país. Sin campesinos, sin pueblos indígenas y sin comunidades afrodescendientes, no hay soberanía alimentaria, ni equilibrio ecológico, ni posibilidad de una paz estable y duradera.
El desafío de convertir la paz firmada en paz vivida
Convertir el acuerdo de paz en una realidad cotidiana exige voluntad política, recursos sostenidos y participación activa de las comunidades. Significa avanzar en la reforma rural integral, garantizar la restitución de tierras, apoyar la producción campesina, asegurar la participación de las mujeres rurales y de los jóvenes, y desmontar de manera efectiva las estructuras paramilitares y mafiosas que siguen operando en los territorios.
También implica escuchar y reconocer las propuestas de quienes han puesto el cuerpo para defender la vida. Son las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, junto a los movimientos urbanos y estudiantiles, quienes han construido desde abajo los caminos de una paz que no se reduce al silenciamiento de los fusiles, sino que se sostiene en justicia social, ambiental y económica.
Hacia una protección integral de los defensores del territorio
Una protección real para defensores y defensoras del territorio requiere un enfoque integral que combine prevención, protección, justicia y transformación estructural. No basta con reaccionar ante las amenazas; es indispensable cambiar las condiciones que las hacen posibles. Esto incluye frenar el avance de proyectos que vulneran derechos, garantizar procesos de consulta previa, libre e informada, y fortalecer la autonomía territorial y las economías propias.
La comunidad internacional, los movimientos sociales globales y la sociedad colombiana en su conjunto tienen un papel clave: visibilizar los casos, respaldar las demandas de justicia, exigir el cumplimiento de los acuerdos y reconocer que la defensa del territorio es una defensa de bienes comunes indispensables para toda la humanidad, como el agua, la biodiversidad y la alimentación.