Organizaciones internacionales denuncian la demanda multimillonaria de compañía minera estadounidense contra Guatemala y expresan su solidaridad con las comunidades que defienden la tierra y la vida pacíficamente en «La Puya»

Las organizaciones abajo firmantes se solidarizan con las comunidades guatemaltecas que se resisten pacíficamente al proyecto de la mina de oro, Progreso VII Derivada de Kappes, Cassiday & Associates (KCA), al tiempo que la empresa presenta una demanda arbitral por $300 millones de dólares contra Guatemala ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

  •  Nos unimos en solidaridad con los residentes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, quienes están profundamente preocupados por la grave amenaza que la mina representa para los suministros de agua, los ecosistemas y la calidad de vida en el área.
  • Expresamos nuestra consternación por la forma en que ésta demanda representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala. La Corte Constitucional ya está bajo presión como resultado de la decisión del Presidente Morales de desafiar la decisión de la Corte y expulsar al organismo de anticorrupción/anti-impunidad respaldado por la ONU; la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
  • Llamamos a KCA y al Gobierno guatemalteco a que se abstenga de intimidar a los jueces de la Corte Constitucional y que se permita que los casos que tienen ante sí se presenten y que las decisiones se tomen conforme a derecho. Al respecto, lamamos a la empresa KCA a que desista de su demanda.
  • Llamamos a la desmilitarización inmediata de la región, específicamente la municipalidad San José del Golfo donde militares has sido desplegados desde enero de 2010, aproximadamente un mes después de que KCA presentara su demanda.
  • También apoyamos al llamamiento de la Resistencia Pacífica de La Puya para que el CAFTA-DR sea declarado perjudicial para el bienestar de los guatemaltecos y en contra de la Constitución Política de Guatemala, considerando además que Guatemala ya ha tenido que pagar $ 32.4 millones de dólares a dos empresas estadounidenses (RDV y TECO) y actualmente está sujeta a otras reclamaciones de arbitraje por cientos de millones de dólares.

Organizaciones firmantes: 

Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN)
Center for International Environmental Law (CIEL)
Earthworks
Guatemala Human Rights Commission (GHRC-USA)
Institute for Policy Studies – Global Economy Project
International Allies against Mining in El Salvador
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network
Mining Injustice Solidarity Network (MISN)
MiningWatch Canada
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN)

Presione aquí para adherirse