A 6 años del desalojo violento en San José del Progreso, el proyecto minero continúa expandiendose

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En el ejercicio de su derecho a la autonomía, el día 17 de marzo de 2009 pobladores de los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán se plantaron en el perímetro del proyecto minero “San José” con el objetivo de clausurar los trabajos de exploración y preparación que desarrollaba la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines.

Dos meses después de la toma de la mina, el día 6 de mayo de 2009, aproximadamente 1200 elementos de la policía federal y estatal realizaron un operativo para desalojar a las y los manifestantes de San José del Progreso con armas, perros, camionetas, helicópteros y gases lacrimógenos con el objetivo de restablecer el Estado de Derecho en la comunidad. Durante el desalojo, los ciudadanos y ciudadanas fueron objeto de despojo de todas sus pertenencias, además de agresiones físicas y la detención de 22 personas argumentando el delito de ataques a las vías de comunicación, dichas personas presentaron graves lesiones por los elementos policíacos.

En ese momento, las comunidades de la región advertían sobre los impactos sociales y ambientales que produciría el proyecto minero, dichas advertencias fueron menoscabadas por las autoridades y lejos de tener una atención hacia sus demandas, recibieron el abuso de las autoridades y un uso excesivo de la fuerza pública, además de detenciones arbitrarias, agresiones físicas y psicológicas.

Seis años después de este hecho, sus hipótesis en relación a la magnitud del proyecto, la complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales con la empresa, el despojo de sus bienes comunes, la pulverización de su tejido social, la violación sistemática a sus derechos humanos, la utilización del agua para fines industriales, entre muchas otras afectaciones, resultaron ciertas. Prueba de ello son los asesinatos de cuatro personas en el contexto del conflicto en la comunidad.

La omisión de las autoridades ante el despojo y violación de los derechos de la comunidad es alarmante, ya que la empresa Fortuna Silver Mines gestionó durante 2014 permisos ante las autoridades mexicanas para la expansión del proyecto minero. Esto a través de la ampliación de la capacidad de almacenamiento de su presa de Jales, la explotación de 5 niveles subterráneos, la expansión de la capacidad de su molino y obras internas para permitir la explotación de plata y oro hasta 2024 (inicialmente el proyecto contemplaba la explotación del mineral hasta 2018), asimismo en este mismo año anunció una producción récord de sus minas, en contraste con el pago de impuestos entregado al gobierno mexicano, dicha información se describe a detalle a continuación:

  • En diciembre de 2013, la empresa minera Cuzcatlán S.A. de C.V. ingresó ante la SEMARNAT permisos para la explotación minera de 5 niveles (de los 8 que tiene planeados), el aumento de la capacidad de almacenamiento de la presa de jales en un 38% (de una capacidad de 1, 427, 775 m3 a 2, 306, 752 m3. Fuente: Gaceta Oficial Ecológica de la SEMARNAT, 19 de junio de 2014). Asimismo durante 2014, Fortuna Silver Mines publicó en su página electrónica la expansión de su molino en un 50% de su capacidad, es decir de 2000 toneladas por día a 3000, así como la construcción de una pila de relaves y la instalación de filtros.
  • En abril de 2014, Fortuna Silver Mines, anunció que sus minas de Perú y México alcanzaron una cifra récord en producción de plata y oro, previamente en el mes de marzo, anunció nuevos resultados en la exploración de la veta “trinidad norte”, dichos resultados confirmaron el hallazgo de altas leyes de plata y oro, y fueron obtenidos a partir de 8 barrenaciones en el ejido.
  • De igual manera la secretaría de Gobernación documentó a inicios de 2014 que la empresa minera obtuvo ganancias por 2 mil 124 millones 252 mil pesos y sólo pagó impuestos por 4 millones 252 mil pesos, lo que significa únicamente el 2.001% de sus ganancias.

Esta situación contrasta fuertemente con las denuncias realizadas por las comunidades, quienes día a día lidian con el molesto ruido de los molinos, las explosiones, el traslado de vehículos y volteos, la cortina de la presa de jales, la tubería de aguas residuales traídas desde el municipio de Ocotlán de Morelos, los grupos armados existentes en la comunidad, las amenazas de muerte hacia diversas personas, las heridas producidas por armas de fuego, la división comunitaria y los asesinatos ocurridos desde 2010. Por lo que el día de ayer, 6 de mayo de 2015, pobladores de San José del Progreso se manifestaron frente a la instalaciones del proyecto minero para recordar el desalojo violento del 2009 y exigir justicia.

Servicio para una Educación Alternativa EDUCA A.C.

Informe de la Misión Civil de Observación: Justicia para San José del Progreso, versión en español (pdf, 69 pág.) y en inglés (pdf, 53 pág.)

Fuente: Educa Oaxaca