Capítulo 4. Térreba: cartas marcadas

En los territorios indígenas es donde está gran parte de la pobreza mundial, sostiene documento del Banco Mundial. “Mejorar la situación de los pueblos indígenas requiere un crecimiento económico sostenible y generalizado, así como estrategias que aborden las múltiples desventajas que enfrentan y que consideren sus puntos de vista y necesidades especiales de desarrollo”, dice el documento.

“Solo se olvidaron de preguntar si lo que nosotros entendemos por desarrollo es lo mismo que ellos planean para nuestros territorios”, apunta el indígena Broran Pablo Sivar, que vive en el territorio indígena Terraba-Boruca, en el Cantón Buenos Aires, al sur de Costa Rica, y es miembro del Concejo de Mayores Indígenas Broran de Térraba. “Ya tengo muchos años de lucha y ya he visto muchas cosas aquí en nuestras tierras. Definitivamente no acredito el desarrollo que plantean ellos”.

Y describe lo que ha visto. “En 1939 el gobierno regaló las tierras de la zona sur que era de indígenas para la empresa Fruit Company, para que sembrara bananos. Esta región sigue siendo la mas pobre del país. En los años 1980 se decía que iba desarrollar esta región trayendo a Pindeco, una compañía piñera. Y estamos en 2017 y Buenos Aires sigue siendo el cantón mas pobre. ¿Donde esta el desarrollo? ¿Quién se está llevando la plata de esta región? ¿A quién se está desarrollando?”

El indígena tiene presente las enseñanzas de sus ancestros, quienes ya alertaban sobre las amenazas a sus tierras. “Cuando yo crecía todo eso era puro bosque. Siendo todo eso puro bosque, los mayores sembraban árboles. Y yo les preguntaba por qué sembraban árboles si tenemos tanto bosque. Y decían hay que cuidarlos, y hay que sembrarlos porque van a terminar. Yo no lo creía. Hoy Térraba no tiene bosques como antes”.

El agua también hay que cuidarla, le decía su bisabuela. “En Térraba había mucho agua, ahora ya no y quieren acabar con el principal río que tenemos, el Río General de Térraba, también conocido como río Diquís, que en la lengua boruca significa ‘agua grande’”. El indígena se refiere al Proyecto Diquís, que pretende ser la planta hidroeléctrica más grande de Centroamérica, a pesar de las estadísticas oficiales que dicen que cerca de 99% del país ya está cubierto por energía eléctrica. “El Proyecto Diquís a quién va a favorecer, a quién va a desarrollar. ¿Es al pueblo indígena de Térraba?, ¿Es al pueblo indígena del sur? ¿O será a unas personas nada más?”.

 

El proyecto entró en el territorio por la primera vez en 2006. Después de mucha lucha del pueblo en Térraba, el proyecto se detuvo en 2011. Sin ninguna información adicional, la empresa simplemente anunció, en el mismo día en que los indígenas recibían el relator especial de las Naciones Unidas para asuntos indígenas, James Anaya, que retiraría las maquinarias y toda la estructura que tenía en el territorio Térraba.

Aproximadamente dos años después el gobierno llega al territorio para iniciar un proceso de construcción de protocolo de consulta a los pueblos indígenas, con la cooperación financiera de organismos internacionales como la OIT y el PNUD, como demuestra el informe de los gastos para realización del proceso y como fue anunciado en una de las reuniones del gobierno en Térraba, presenciada por el equipo de este reportaje. “Sabemos porque están aquí. Sabemos lo que quieren”, dice el indígena Pablo Sivar.

En la misma reunión, cuyo objetivo fue establecer bases para el inicio del proceso de construcción del protocolo, las primeras preguntas de los indígenas iban en el sentido de saber si el proceso está ligado al Proyecto Diquís. Inmediatamente los funcionarios de gobierno negaron la vinculación y trataron de cambiar el asunto. “Este proceso no tiene nada que ver con el proyecto. Estamos aquí para construir el protocolo de consulta a los pueblos indígenas”, señaló Ana Gabriel, viceministra de la presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de Costa Rica.

Si los funcionarios de gobierno no dejan claro a los indígenas, en estos espacios de participación, la vinculación entre el proyecto y el protocolo, en las declaraciones oficiales del gobierno a medios de comunicación masivos, eso sí ha quedado claro. La consulta indígena sería la última etapa que faltaría para presentar toda la documentación necesaria con el fin de que pueda obtenerse la viabilidad ambiental y empezar la etapa de búsqueda de recursos. La obra ya cuenta con estudios de factibilidad y diseños. La construcción está prevista para iniciar en 2018, y la entrada en operación para el año 2025.

La tentativa de obscurecer la relación entre la construcción del protocolo y el proyecto no es en vano. La lucha trabada por los indígenas contra la hidroeléctrica viene de lejos. “Sabemos que todo está listo para que retomen la obra. La consulta es la forma de legitimar la entrada de la empresa en el territorio. Este proceso podría ser una buena herramienta si realmente llevasen en consideración lo que decidimos para nuestro territorio, pero sabemos que todo está armado”, dice Cindy Broran, del Movimiento Indígena Broran.

 

Prioridad

De acuerdo con la viceministra de la presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de Costa Rica, Ana Gabriel, responsable por desarrollar el proceso de construcción del protocolo de consulta en toda Costa Rica, en entrevista con Avispa Midia, el país posee una deuda histórica con los pueblos indígenas y el actual gobierno tiene el objetivo de rescatarla. “No es poca cosa que el propio presidente haya emitido una directriz y que haya dado el mandato a una equipo que también está ligado a la presidencia para construir este protocolo. El objetivo es precisamente tener mayor capacidad de articulación para generar obligatoriedad en otras instancias del gobierno, de modo que aprendan esta nueva forma de relacionarse con los territorios indígenas”, dijo la funcionaria de gobierno.

A pesar del discurso políticamente correcto de sanar la deuda histórica con los pueblos indígenas, la verdad es que los proyectos de desarrollo, financiados por instituciones internacionales, se están inviabilizando por la falta de consulta. Eso lo admite la vice ministra de la República. “De hecho nosotros hemos tenido que enfrentarnos a que se han detenido proyectos en el territorio indígena por falta de consulta”, señala.

 

Ayer, energía para Alcoa

Desde los años 1970, el gobierno de Costa Rica ha realizado estudios para implementar un proyecto hidroeléctrico en la región. “Antes se llamaba proyecto hidroeléctrico Boruca, que se ubicaba a unos 15 km río abajo de donde hoy está el Proyecto Diquís, pero debido a la resistencia del pueblo Boruca, el proyecto no se realizó. Y subieron mas arriba, para nuestras tierras, pero es el mismo proyecto. Va a afectar el mismo río sólo en tierras ancestrales Broran”, explica Cindy.

Si se construyera el Proyecto Boruca, una represa de 260 metros de altura, implicaría la inundación de 25.000 hectáreas de tierra, entre ellas toda la Reserva Rey Curré y parte de los territorios de Térraba y Boruca. Al mismo tiempo, las reservas de Ujarrás, Salitre y Cabagra también serían afectadas por infraestructuras relacionadas con la represa como, por ejemplo, las carreteras. Tanto las comunidades indígenas como las campesinas que viven en el área de la represa deberían ser reubicadas en otras partes del país.

Geólogos de la firma Aluminium Company of America (Alcoa, empresa de la cual Paul O’Neill, ex secretario del Tesoro de los EUA, fue el principal Director Ejecutivo entre los años 1987 y 1999) determinaron, según un estudio del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, la existencia de importantes depósitos de bauxita en el subsuelo del Valle del Río General. En 1970, la Asamblea Legislativa de ese país convirtió en ley (N° 4562) un contrato industrial por el cual Alcoa tenía el derecho de explotar, durante el transcurso de 25 años y con 15 años posibles de prórroga, un volumen de hasta 120 millones de toneladas de bauxita y la obligación de instalar en el mismo cantón una planta de refinación de alúmina.

“Una fundidora de aluminio requiere gran cantidad de energía eléctrica a bajo costo. El proyecto era factible en la medida que se construyera una planta hidroeléctrica sobre el Río Grande de Térraba, para lo cual se embalsaría el río para formar un lago artificial con una superficie de 250 kilómetros cuadrados a su cota máxima”, dice la investigación.

El proyecto de la presa desencadenó una serie de movimientos en contra de lo que consideraron violaba y ponía en serio peligro enormes extensiones del territorio nacional. Se realizaron grandes manifestaciones y protestas, que obligaron a Alcoa a desistir de su proyecto.

 

Hoy, energía hacia a los EUA

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), responsable por el Proyecto Diquís, ha readecuado y cambiado los objetivos del megaproyecto hidroeléctrico en el Río Grande de Térraba. De acuerdo con el documento “Presiones nacionales y transnacionales sobre la energía de Costa Rica”, producido por la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la razón de fondo que justifica que se haya retomado el proyecto Hidroeléctrico es en relación con la posibilidad de venta de energía a otros mercados – el centroamericano, mexicano, colombiano y estadounidense.

“A raíz de la apertura del Mercado Eléctrico Regional, por medio del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, suscrito y aprobado por los parlamentos de los seis países centroamericanos, en 1988, el proyecto hidroeléctrico ha generado un marcado interés […] El mercado centroamericano cobra importancia como un gran consumidor de la generación de energía eléctrica del proyecto en Térraba, dadas las posibilidades reales que se presentan, de realizar grandes intercambios de energía, por medio de la línea de transmisión troncal de 500 kilovatios del proyecto Sipac (Sistema de Interconexión para América Central), ya que a su vez el Proyecto Hidroeléctrico contribuye a fortalecer y afianzar este proyecto de interconexión”.

El Proyecto Diquís se ubica en el contexto del Plan Puebla-Panamá (PPP), financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Es una iniciativa que, entre otras cosas, comprende una amplia red de obras de infraestructura, de México hasta Panamá, necesaria para poder exportar, “o mejor, saquear fuera del mercado centroamericano muchas de nuestras riquezas naturales, cuyo destino común son México y los Estados Unidos”, dice el documento.

“En concreto esta dimensión del PPP consiste en una serie de obras como gaseoductos, canales secos y fluviales, hidroeléctricas y otros proyectos para generar y transportar energía, oleoductos, obras portuarias, carreteras, entre otras; así como, la necesaria coordinación e interconexión de los mismos, que hagan posible y “rentable” el tráfico de bienes y servicios como agua, distintos tipos de energía, telecomunicaciones, maderas, varios productos del bosque y otros que el mercado necesite”.

La investigación alerta para el hecho de que el proceso de integración regional de Centroamérica no pretende dar solución a los problemas regionales existentes, por el contrario, corresponde a procesos de liberación comercial y a la instalación en la región de economías exportadoras vinculadas a los mercados internacionales. “El Proyecto Hidroeléctrico no corresponde, para nada, a ninguna iniciativa de desarrollo local o nacional de la sociedad costarricense. En cambio si atañe a un proyecto internacional de acumulación de riqueza privada, orientada sobre todo, por procesos que se originan en los países centrales (los bloques de Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea)”.

 

Diquís: ¿energía limpia?

Hasta el momento, el Banco Interamericano de Desarrollo ( ) ha financiado estudios de viabilidad, ambientales y sociales del Proyecto Diquís. La inversión fue hecha con el objetivo de “contribuir para el aumento del abastecimiento de energía en Costa Rica y en la región Centroamericana, a través de Sipac (Sistema de Interconexión para América Central), promoviendo la sostenibilidad, eficiencia y competitividad del sector energético de la región, para atender el impacto de la introducción a Cafta (Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos, América Central e República Dominicana) al país y la región, por medio de la ejecución de un proyecto de gran envergadura, con energía limpia y renovable”, sostiene el documento del BID para justificar la inversión.

La cooperación técnica – proyecto CR-T1017 – contaba con el cofinanciamiento de USA Trade Development Agency, con inicio el diciembre de 2006 y fecha prevista para finalización en el diciembre de 2011. Pero el convenio se detuvo, pues el Proyecto Diquís fue suspendido antes del fin del contrato de cooperación, hasta que se haga la consulta a los pueblos indígenas.

Mucho se especula sobre las posibilidades de fuentes de inversión del proyecto. Un estudio financiado por Stanford Woods Institute for the Environment estima que el proyecto debe costar al menos 3.000 millones de dólares. “Para poder financiar El Diquís con el modelo de las instituciones financieras internacionales, lo que parece ser más probable, se requerirá un consorcio financiero complejo, con la participación de BID, el Banco Mundial y sus respectivas ventanas para el sector privado, la banca privada y emisiones de bonos de carbono al mercado”, dice el documento. Pero para que sea posible es necesario que se cumpla las políticas de salvaguarda sociales, lo que incluye la consulta a los pueblos indígenas. “La participación de los bancos de desarrollo implica el cumplimiento de las políticas de salvaguarda sociales y ambientales. Es claro que, hoy día, sin estándares sociales y ambientales mínimos no puede haber proyecto.”

El proyecto todavía no está inscrito bajo esquema de Mecanismo de Desarrollo Limpio, pero es parte de la meta de las autoridades de consolidar en el país lo que consideran una matriz energética limpia y renovable en Costa Rica para el 2035.

“Si se construye el proyecto Diquís, nosotros desapareceremos. Entonces si los proyectos dichos limpios de energía son capaces de destruir pueblos entonces no son tan limpios así, ¿verdad?. Lo que sí sabemos es que mientras nosotros los indígenas tengamos tierras, tendremos qué comer. Si las perdemos vamos a morir”, sostiene Sivar.

 

Diquis en el territorio: experiencia amarga

En 2006, el Proyecto Diquís entra en el territorio Broran con un permiso emitido por la asociación de desarrollo – órgano de la estructura del Estado encargado de administrar el territorio. “Cuando nos dimos cuenta, ya estaban entrando camiones, carros, personas en la comunidad. Fuimos a pedir información al mismo proyecto y nos dijeron que habían ingresado al territorio porque tenían una firma de 76 personas afiliadas a la asociación de desarrollo. La asociación dio el aval para que la empresa entrara y construyera la represa. Ni siquiera fue un permiso para hacer un estudio de impacto ambiental, fue un permiso para la construcción de la represa”, señala Cindy Broran, del Movimiento Indígena Broran.

En esa época, el Instituto Costarricense de Energía (ICE), responsable por el proyecto El Diquís, suscribió un contrato con un ciudadano no indígena para ocupar 20 hectáreas de la Reserva Indígena de Térraba, donde instaló el campamento para los trabajadores del proyecto.

El territorio con la apertura a la empresa se volvió un caos, describe Cindy Broran. “Fue una experiencia que no queremos volver a tener. Era mucho ruido, maquinaria. Revolvieron todo el río, mataron muchas especies. Se abrieron muchos comercios para vender comida, pero sobretodo muchas cantinas y bares para los trabajadores que venían solos de otros lugares. Sin embargo la asociación dio aval para los negocios, sin considerar que la ley indígena prohíbe la venta de alcohol dentro de territorio indígena. Se incrementaron la venta ilegal de tierras y el valor de las tierras también subieron. Los centros de salud y escuelas se quedaron sin abastos”.

Además, se asistió a un saqueo de la riqueza ancestral del pueblo Broran. Entre 2006 y 2010 hubo un intenso trabajo de arqueólogos en la región contratados por la empresa, cuenta Cindy Broran. En el proceso de construcción de la presa hidroeléctrica que se iniciaba, hicieron tres túneles que todavía existen. “Lo que supimos por gente que trabajó ahí es que encontraron muchos sitios arqueológicos, incluso cementerio de nuestros antepasados”.

El Proyecto Diquís estableció un acuerdo con el Museo Nacional de Costa Rica y con el Museo Comunitario de la región – que estaba reconocido por el Museo Nacional – y negociaron, según la indígena, los términos del trabajo. “Ellos ahí encontraron todo tipo de patrimonio de nuestra cultura. Notificaban a esta organización comunal. Lo que es cierto es que sacaron todo que encontraron. Ellos llevaron todo y nosotros ni siquiera sabemos donde está. Suponemos que la organización sabe, pero nunca nos notificó”.

Nos dicen nuestros ancestros que no fue coincidencia que nosotros viniéramos aquí a Costa Rica. Somos uno de los 12 clanes de la cultura originaria naso del territorio que hoy se identifica como Panamá. Por ejemplo, está el clan de las personas altas, pequeñas, inteligentes, personas bonitas y, entre ellos, el clan Broran. Broran significa el fermento de la chicha, la esencia del maíz. Nos dicen que el clan que ellos enviaron desde donde conocemos por Panamá para ayudar al pueblo Bribri a resistir a la invasión española fue el clan mas estratégico, más inteligente, que tenia más facilidad para hablar, el clan Broran. Eso decían los abuelos. Las abuelas nos cuentan que ellos de Panamá creían que nosotros ya no existíamos. Creían que estábamos muertos. Y cuando nos encuentran ven que las abuelas usan los mismo vestido, que el idioma es prácticamente el mismo, lo que comían lo mismo, la forma de cultivar la tierra la mismo. Entonces cuando la gente de Panamá se vinieron para Costa Rica, vieron que no nos habíamos muerto, que nuestro clan seguía. Y al ver la lucha que mantenemos para no desaparecer como pueblo, ellos decían que sí se había enviado el mejor clan, se fue la esencia del maíz a Costa Rica, nos dijeron. Y nos dijeron que nosotros mantenemos y llevamos en la memoria esta resistencia y que los mayores se sienten orgullosos de haber enviado el mejor clan. Se sienten orgullosos. – Así cuenta un mayor del Concejo de Mayores de Térraba sobre cómo llegaron los Broran en las tierras al sur de Costa Rica.

“Fuimos divididos por las fronteras imaginarias y políticas de los Estados. Desde el siglo XVII habitamos la región sur de Costa Rica. Existen indicios, sobre todo escrituras en piedra, donde se puede constatar que desde hace siglos somos habitantes de estas tierras”, cuenta Cindy.

El conflicto por la tierra configura las relaciones de poder dentro del Territorio Indígena Térraba-Boruca, que posee 9735 hectáreas. Apenas 25% del territorio está ocupado por los indígenas, lo demás fue invadido por personas no indígenas. Resolver la cuestión de la invasión es el asunto primordial para los indígenas. “Ellos aparecen en nuestro territorio y quieren hablar de consulta. Primero tenemos que discutir recuperación de tierras, la reintegración de tierras indígenas. Ahí está el origen de todo conflicto. Si al Estado le interesa el protocolo para desarrollar sus megaproyectos, a nosotros nos interesa la tierra”, dice Pablo Sivar.

“Sin embargo el Estado no quiere hablar de tierras. Si no se quiere hablar de tierras, entonces no hay un proceso de buena fe. El Estado tiene muchos compromisos económicos con empresas, con otra gente, con el Banco Mundial, con aquellos que financian estos proyectos. Ahí está su interés y no en resolver nuestras cuestiones, o respetar el pueblo indígena de Térraba”, sostiene el indígena.

 

Asociación de desarrollo, control del Estado sobre el territorio

La Ley Indígena promulgada en 1977 en Costa Rica reglamenta la totalidad de los territorios para los pueblos del país. Son ocho culturas y 24 territorios indígenas inscritos, siendo que entre todos abarcan 350 mil hectáreas, lo que representa el 7% del total del territorio nacional. “Para cada territorio se constituyó una asociación de desarrollo”, explica Cindy.

 

Las Asociaciones de Desarrollo

Que pese a que la Ley Indígena (N. 6172 de 1977) en su artículo 4 establece el derecho de los pueblos indígenas de “organizarse en sus estructuras comunitarias tradicionales”, una norma jurídica de rango inferior (el Reglamento Administrativo de esa misma ley) desconoció tales entidades tradicionales e impuso a las Asociaciones de Desarrollo Integrales Indígenas (ADII). El problema fundamental reside en que estas entidades son supervisadas por una entidad estatal, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

Cada asociación posee una asamblea de afiliados y una junta directiva. “Esta estructura fue impuesta en los territorios indígenas. El gobierno decía que los pueblos originarios no tenían una forma tradicional de gobernar o una forma de gobierno propia. Y no era verdad. La asociación absorbió a las organizaciones propias del territorio. Y los mayores que tenían una forma de tomar decisiones quedaron relegados”, dice Pablo Sivar. “Eso viola el propio Convenio 169 de la OIT, que garantiza que nosotros podemos administrar y regirnos bajo nuestras propias estructuras tradicionales”.

El hecho de que el territorio de Térraba está mayoritariamente en manos de no indígenas, el 75% de las tierras, convierte el territorio en un lugar de permanente conflicto. Tal conflicto se espeja en la asociación de desarrollo, la cual también está compuesta por una mayoría no indígena. “El Estado tiene a la asociación de desarrollo como el órgano legítimo para sus procesos de interlocución con los indígenas, lo que agudiza los conflictos de naturaleza diversa”.

Existen personas afiliadas que viven en otras partes del país, sostiene Cindy Broran. “Basta por tener el apellido de una familia que vive en Térraba ya es suficiente para que se afilie. Si tienes un poco de plata puedes pagar para que se afilien. Gente que con mucho dinero, que tiene interés en tierras, participa en las asambleas de la asociación. Diputados, regidores, alcaldes municipales. El proyecto Diquís financia las asambleas dentro del territorio. Si tú vas a una asamblea, vas a ver que 80% de las mociones son a favor de la empresa, que claman por su retorno. No nos han permitido, como pueblo indígena, tener una estructura donde podamos sentarnos y hablarnos como pueblo indígenas sobre este tema de la hidroeléctrica. Es un tema que sí se discute pero por parte de los no indígenas, y no por parte de los indígenas”, denuncia Cindy Broran.

 

Paso a paso de la disputa

La presidencia y la junta directiva de la asociación de desarrollo, las mismas que dieron permiso al Proyecto Diquís para que entrara en el territorio, estuvieron al frente de la organización desde 2000 y, después de 12 años, en 2011, intentaron su reelección. “Nosotros en 2009 iniciamos un proceso para destituir esta asociación de desarrollo. Logramos demostrar junto a la Dinadeco que la reelección de esta gente era totalmente ilegal”, cuenta Cindy Broran. “En nuestras peticiones denunciamos que la asociación administraba teniendo como foco intereses políticos ajenos a los intereses de nuestro pueblo. Permitían a las empresas sacar madera. Daba avales de cualquier proyecto, inclusive escrituras ilegales, dentro del territorio”, señala ella.

Entonces se logra elegir otra junta directiva. “Esta junta vino a hacer un trabajo diferente, por presión de nosotros. Entramos en un proceso fuerte de apelaciones contra el Proyecto Diquís y ganamos. La asociación declara en 2011 como ilegal la entrada de la empresa al territorio y solicita la salida del proyecto hidroeléctrico. La empresa sale en el mismo año”.

En 2012, la Dinadeco publica una directriz, bajo la presión del Movimiento Indígena Broran, en que decide que no se podría tener una asociación de desarrollo hasta que se hiciera una depuración del padrón de afiliados que conforman la asociación, ya que la mayoría es formada por no indígenas. El movimiento propuso a Dinadeco que, con base al conocimiento de los mayores del pueblo Térraba, se determinara quienes son los indígenas y quien no lo son. “Nuestro objetivo no era simplemente depurar la participación en la asociación sino para conformar un padrón indígena para esta y otras situaciones, a nivel territorial y nacional, de manera que el saber de los mayores fuera reconocido”.

Pero algunos ex directivos y empresarios de la antigua junta directiva presentaron un contencioso administrativo a Dinadeco, argumentando que su determinación era ilegal ya que, por ley, todo territorio debe tener una asociación. “Los jueces les dieron razón”, relata Cindy Broran.

La asociación fue restituida con los mismos directivos que estaban hace 12 años administrando la organización, los mismos que permitieron la entrada de Diquís. Cuando retoman la asociación retiran la demanda contra Diquís. Hacen una solicitud al presidente de ICE para que entre al territorio y firme un acuerdo para la construcción del Proyecto Diquís.

En 2015, se convoca en un acto público la totalidad del cantón de Buenos Aires, indígenas y no indígenas, para que las autoridades firmaran nuevo convenio con el Proyecto Diquís. “Cuando llega el presidente de ICE, Carlos Obregón, nosotros cerramos la entrada del territorio. Y le aclaramos que la retomada del Proyecto era totalmente ilegal. Se vino a reunir con gente no indígena, con una asociación cuya junta directiva había sido avalada por jueces con el único interés de permitir la entrada del proyecto en el territorio pero no nos hizo caso”.

A partir de 2015, teniendo como partida las peticiones del Movimiento, los magistrados avalan nuevamente la conformación de una asociación de desarrollo. En la asociación se pasó a realizar varias asambleas para conformar una nueva junta directiva. “Nuestra participación en las asambleas fue en el sentido de apelar, utilizando una resolución de la Procuraduría donde establece que las personas que son indígenas son aquellas que pueden participar en la asamblea y formar parte de la junta directiva pero hubo presión fuerte en contra de nosotros”, explica Cindy Broran.

En abril de 2017, la Dinadeco avaló la asamblea de la asociación de desarrollo realizada en marzo del mismo año, en que nombra una junta directiva de la asociación. El Movimiento Indígena Broran publicó una nota en que rechaza tal nombramiento. Algunos de los motivos presentados públicamente por los indígenas son: 1) En el padrón de afiliados se encuentras más del 60% de personas no indígenas Broran y que no habitan ese Territorio. 2) Se presentaron las pruebas claras de que los participantes en la asamblea celebrada el 5 de marzo pasado no pertenecen a la cultura Broran según los estudios con la base de datos de la Etnia Térraba en coordinación con el TSE y el concejo de mayores indígenas Broran y 3) son familiares directos entre si.

“La junta está conformada principalmente por hijos e hijas de los directivos anteriores que se mantuvieron por 12 años en la dirección de la asociación, por viejos que andan destruyendo nuestro pueblo”, dice Cindy Broran.

Existen muchas denuncias contra la asociación, inclusive en la Corte de Justicia por violaciones de Derecho, sostiene la indígena. “El mismo gobierno, en su campaña para este proyecto de hidroeléctrica, avala una asociación que no es indígena y aprueba un proceso con gente que nos es indígena. Una misma estructura que ellos suponen que es indígena, nos está saqueando”, afirma ella.

El movimiento indígena ha presentado a la Dinadeco apelaciones en contra del nombramiento de la nueva asociación, pero las respuestas han sido negativas. Hay una ultima apelación que el Movimiento Indígena Broran espera respuesta. “La verdad es que necesitan de una asociación de desarrollo para legalizar la entrada del proyecto hidroeléctrico en el territorio”, sostiene Cindy Broran.

Violencia

El conflicto generado por la presencia de no indígenas en territorio tuvo como uno de sus puntos máximos el año de 2012. Durante nueve días padres y madres de familias tomaron el colegio de Térraba, como medida de presión de la comunidad indígena contra la actitud de la Dirección Regional de Educación del Grande de Térraba y del Ministerio de Educación, quienes habían desplazado a los profesionales indígenas, nombrando profesores no indígenas quienes eran externos al territorio Térraba. “Tuvimos que brindar una protección a los jóvenes y niños que estaban estudiando porque esta misma asociación traía profesores de la capital y estos profesores eran sumamente racistas. Los estudiantes eran agredidos verbalmente, psicológicamente”, afirma Cindy Broran.

Durante la toma, se dieron fuertes ataques de parte de los no indígenas de la comunidades. Varias personas resultaron heridas. “Los indígenas metidos en el colegio mientras los blancos en la plaza armados de palos, cuchillos, armas de fuego, amenazaban con invadir el colegio. Para tener esta escuela que tenemos ahora, con profesores indígenas, corrió mucha lágrima y sangre. Estábamos simplemente exigiendo condiciones como establece la ley indígena y los convenios internacionales ratificados por Costa Rica”.

Después de estos hechos los indígenas sufrieron campañas de difamación. “Decían, refiriéndose a nosotros, que los mismos que estaban contra el proyecto Diquís, contra el desarrollo, eran los mismos que se oponían a la escuela”, cuenta Cindy Broran.

“Todavía meses después de la toma teníamos que salir en grupos. Si salíamos solitos podíamos terminar golpeados. Salíamos en carro y los carros eran apedreados. En mi caso me vigilaban. Me llamaban a la media noche, de madrugada”, dice la indígena.

Por todo el proceso de violencia que se desencadenó, Cindy Broran, así como otros indígenas que estaban en el proceso de reivindicación del sistema educacional indígena, lograron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “A cada tres meses el gobierno tiene que presentar un informe a la Comisión pero todos los informes que dan dicen que es pura paz, que no hay violencia en los territorios indígenas”.

 

La disputa refleja en la consulta

A partir de 2010, nuestros mayores que estaban alejados de la asociación iniciaron un proceso de organización y forman el Concejo de Mayores Indígenas Broran de Térraba. “En los mayores confiamos las decisiones de nuestro territorio”. Desde entonces iniciaron un proceso y diseñaron de forma detallada los troncos familiares de los Broran desde 1600. “En diciembre de 2015 se finalizó este trabajo. Ahora tenemos una base de datos de la familia Broran”, explica Cindy.

Hubo una fuerte discusión con el gobierno para iniciar el proceso de construcción del protocolo. La cuestión se trataba de quien debía participar en el proceso, o sea quienes son indígenas y quienes no lo son. “Hoy todos quieren ser Broran, pero nosotros cuando empezamos la lucha, en los años 1980, ser indígena era ser salvaje, bruto. Hoy los que no son indígenas dicen que son indígenas y eso tiene un motivo, la disputa por nuestro territorio”, dice Pablo Sivar.

La indígena cuenta que fueron a la justicia para que reconociera la forma ancestral de organización y determinara que los mayores del territorio son los únicos que podrían decir quién es indígena. “La decisión de la justicia fue positiva para nosotros. Pero la asociación también construyó su consejo de mayores. Entonces la lucha que dimos desde 2010 para que se reconociera el papel de los mayores, fue aprovechada por la asociación para formar su concejo, que no tiene el reconocimiento de gran parte de los mayores del territorio”.

El gobierno de Costa Rica, en su proceso de construcción del protocolo de consulta, no reconoció la base de datos constituida por el Concejo de Mayores Indígenas Broran de Térraba, a pesar de que dicha base es reconocida por el Tribunal Electoral de Costa Rica. “El gobierno jugaba a que había dos concejos de mayores. No podía validar la base de datos que hicimos porque no hay como validarlo ya que hay dos consejos de mayores”, explica Cindy Broran.

Entonces el conflicto estaba latente. “En las primeras reuniones, para acordar las bases para el proceso de construcción del protocolo de consulta, el gobierno llamaba a todos, indígenas y no indígenas, y desconsideraba nuestra base de datos. Entonces pregunto donde esta el proceso de buena fe. Por qué los no indígenas tienen que venir a una reunión que dice respecto a indígenas. Gente que nos ha golpeado, que nos ha gritado. No puede venir el Estado y decirnos que tenemos que reunirnos con aquellos que nos agreden”, dice Pablo Sivar.

En la base de datos que se hizo, cuenta Pablo Sivar, existen 12 troncos de familias. “Somos 5400. Y el restante esta en manos de no indígenas, por eso el Estado no quiere comprar esta bronca fácilmente, por eso intentan hacer este protocolo de consulta con indígenas y blancos y eso no puede ser. De acuerdo con mi derecho este territorio es de los Terrabá y para los Terrabá. Y nosotros lo que pedimos es que el Estado cumpla eso”, sostiene el indígena.

El proceso de construcción del protocolo de consulta fue diseñado por el gobierno en 4 fases y se inició en marzo de 2016. Un taller informativo, donde se hizo una reunión informativa con personas líderes de la comunidad para explicar el proceso, dos encuentros en el territorio, uno para responder a preguntas sobre cómo debería ser la consulta y otro para valorar la propuesta de mecanismo que salió de las respuestas del I Encuentro Territorial. Y la última fase es el encuentro nacional, donde delegados de los territorios van a discutir la propuesta de mecanismo general para emitir un Decreto Ejecutivo.

De los 24 territorios, 20 terminaron las tres primeras fases, incluyendo el territorio de Térraba. En el tercer taller en Térraba se escogió a los 4 delegados que deben ir al encuentro nacional. “Fue una reunión fuerte, de confrontación. La asociación de desarrollo quiso imponer a personas no indígenas, pero logramos detenerlos. Hubo votación y logramos colocar a personas indígenas”, afirma Cindy Broran.

“Participar o no en este proceso fue un motivo de largo debate entre nosotros. Tenemos la conciencia de que lo que se hace en estos procesos del Estado es retroalimentar sus campañas políticas, es dar contenido para que únicamente llenen sus requisitos de informe a cada 4 años por el cambio de gobierno y también sabemos que tienen labia y lo que intentan es maquear un proceso que dicen que es de buena fe. Pero queremos estar ahí, delante de todos los pueblos de Costa Rica, y decir lo que pensamos”, sostiene Cindy Broran.

 

Mala fe o falta de entendimiento

La vice ministra de la presidencia, Ana Gabriel, responsable del proceso de construcción del protocolo en todo el territorio de Costa Rica, dice en entrevista con Avispa Midia que el territorio de Térraba fue uno de los territorios con mayor dificultad para llevar a cabo el proceso de construcción del protocolo de consulta, justamente por no tener acuerdo de quienes participa o no de la construcción. Eso, según ella, se debe al territorio que está dividido por las divergencias de pensamiento y de posiciones presentes en el pueblo indígena.

Partir de esta perspectiva para explicar el proceso que se vive en Térraba es mala fe o falta de entendimiento del territorio indígena, contesta la indígena Cindy Broran a la argumentación de la funcionaria de gobierno. Y da su respuesta:

El Río Grande de Térraba era el camino de nosotros y de nuestros ancestros. Era el único modo que existía para llegar a nuestros territorios. Somos un pueblo navegante. Inclusive el contacto con la gente de Panamá se daba por ríos. La abuela protectora de las aguas es la que mantiene las aguas de estas tierras del sur. Nuestra historia cuenta que cuando se intente hacer daño al rio y se seque, el jaguar real, el que protege el bosque, va a bajar y expondrá el pueblo a un proceso mucho más intenso y fuerte de lucha. Cuando alguien intente nuevamente exterminarnos como pueblo o secar el río, el jaguar real regresará a las orillas de Térraba y pasará lo que tenga que pasar. – Cuenta un mayor del Concejo de Mayores Indígenas Broran de Térraba.

“Por eso tenemos que resistir y buscar las alternativas de lucha. No hay nada que negociar, no hay nada que discutir sobre el tema de la hidroeléctrica porque mas allá de ser un tema de territorialidad es un tema de espiritualidad”, señala Cindy Broran.

Esta habiendo en el sur del país un proceso de reivindicación de tierras indígenas. Eso porque muchas de las tierras todavía no fueron reconocidas como territorio indígena. “Durante 15 años se han venido planificando estos procesos y a partir de 2009 empiezan las recuperaciones de tierra”, dice Cindy Broran.

En el caso de Térraba, los indígenas hicieron en septiembre del año pasado una primera recuperación. Son tierras ancestrales, sitios de cultivo en la orilla del río. Hoy 40 indígenas viven y trabajan en la finca. “Esta tierra fue comprada por el instituto de tierras del país sin embargo la tierra no iba a ser destinada a quien legítimamente se debe destinar, a los indígenas. Querían entregarlas a la asociación de desarrollo y sabemos que iban a dividirla entre la gente no indígena. Es una lucha por tierra en contra de la misma estructura que tiene impuesto el Estado en territorio indígena”, explica Cindy Broran.

Antes de la recuperación las tierras estaban tomadas tanto por saqueadores arqueológicos –había por lo menos 40 sitios arqueológicos-, narcotraficantes, por proyecto de palma y de piña. “Ahora las familias que viven ahí están siendo denunciadas penalmente por la asociación de desarrollo”, cuenta Cindy.

La Ley Indígena garantiza que las personas que adquirieron tierras indígenas antes de 1977, año de la ley, serian indemnizadas. “Los terratenientes no quieren salir de los pueblos. Lo que queremos es que puedan ser indemnizados, pero que esperen este proceso fuera de nuestras tierras. Porque a nosotros nos urge ser dueños de estas tierras pero ellos se resisten a eso con violencia”, señala Cindy Broran.

Capítulo 4 del reportaje: Consulta Indígena legaliza el despojo de los pueblos