El CIADI en el banquillo de los acusados

Hace un año, una coalición internacional de organismos de la sociedad civil, en el que participó Alerta Minera Canadá, daba a conocer un comunicado titulado “No hay ganadores en Pac Rim Mining Company vs El Salvador”, en torno al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal del banco Mundial, que falló el 14 de octubre de 2016 en favor de El Salvador en el caso de una demanda presentada por la minera canadiense Pacific Rim.

Desde la perspectiva tanto de organizaciones de base en El Salvador, así como de los organismos no gubernamentales, esa demanda de la minera Pacific Rim / OceanaGold, que le exigía al Estado salvadoreño el pago de 250 millones con el argumento de haber perdido potenciales ganancias al no haber recibido del gobierno los permisos para llevar adelante el proyecto de minería de oro El Dorado, era un acto de chantaje a El Salvador, y una subversión de la democracia en el país llamado el Pulgarcito de América.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determinó que la demanda de la minera canadiense no tenía mérito y le ordenó el pago de ocho millones de dólares al gobierno de El Salvador para reembolsar los costos de su defensa legal.

Uno de los participantes en esa campaña fue el Institute for Policy Studies, el Instituto para el Estudio de Políticas, con sede en Washington. Allí trabaja Manuel Pérez Rocha, quien previamente fue miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC).

Entrevistado por Radio Canadá Internacional, Manuel Pérez Rocha explicó que aunque ese fallo representa una victoria para El Salvador y para quienes defienden el agua y el medioambiente, ese fallo no sienta jurisprudencia, y que alrededor de unos 600 casos similares están siendo procesados por un tribunal altamente parcializado en favor de las corporaciones y que más bien debería desparecer.

Pérez Rocha explicó que una medida aconsejable para los países es desvincularse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tal como lo han hecho Venezuela y Bolivia, ya que se trata de una entidad a la cual los países han sido forzados a adherirse como resultado de la aplicación de ajustes neoliberales, y sobre la cual no existe una supervisión democrática de parte de la comunidad internacional.

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Fuente: Radio Canda Internacional