Video y Audio: asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, luchador por la vida

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Muchas evidencias

Sicarios asesinan a militante anti-minería en el Estado mexicano de Oaxaca

19 de marzo | Entrevistas | Industrias extractivas

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El ingeniero agrónomo Bernardo Vásquez Sánchez militaba en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), en el Estado mexicano de Oaxaca. Estaba preocupado por la contaminación que provocaría en esa zona un emprendimiento minero de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, sobre todo por lo que impactaría en el futuro de la producción de los elementos y en la escasez de agua.

Bernardo Vázquez Sánchez fue asesinado el 15 de marzo, presuntamente por sicarios contratados por la empresa minera, según denuncian las organizaciones locales. A las 9:00 de la noche de ese día, Bernardo sufrió una emboscada y pocas horas después moría en un hospital cercano al lugar. En la balacera también resultaron heridas otras dos personas, que acompañaban al dirigente.

Los grupos mexicanos recordaron a través de un documento que antes de este homicidio había muerto el dirigente campesino Bernardo Méndez Vásquez, y antes Bety Cariño, todos crímenes “vinculados con el nefasto binomio de las empresas mineras y la corrupción gubernamental estatal, que han quedado impunes”.

En este contexto, Radio Mundo Real entrevistó a Neftalí Reyes Méndez, del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, quien explicó algunos antecedentes de este conflicto ambiental, en la ciudad de San José del Progreso.

Explicó que la empresa canadiense empezó en 2006 los trabajos, aunque la población local no estaba informada de las dimensiones del emprendimiento. La inversión se terminó de oficializar en 2008, cuando los trabajos ya estaban avanzados, y ya por esa fecha las organizaciones oaxaqueñas denunciaban casos de corrupción que involucraban a la empresa y a funcionarios del Estado.

El ingeniero agrónomo asesinado la semana pasada era uno de los denunciantes de estas irregularidades. Vázquez Sánchez denunció además, en 2010, que la empresa había empezado a financiar grupos armados, pero esas advertencias nunca fueron tenidas en cuenta por las autoridades estaduales y federales.