Lucha indígena campesina y popular del Mayalum territorio Mayab’

Prensa Indígena RNV/MG/Norma Chamalé,
25 Junio 2012.

El pueblo Maya vive su tercer despojo. El primero fue la invasión española, en donde el Pueblo fue asesinado, esclavizado y despojado de sus tierras para la extracción de oro y productos necesarios para el enriquecimiento de la Corona. El segundo fue en el siglo XIX, en 1871, con la Reforma Liberal, el general Justo Rufino Barrios logró reformas políticas y económicas en beneficio de los ladinos, y despojó de sus tierras a los indígenas para el cultivo del café, tierras que fueron repartidas a alemanes, quienes fueron invitados al país para “mezclarse” con la población local y así “mejorar la raza”; junto a las tierras, también se estableció el “Repartimiento” de indios. En este contexto, se institucionaliza el ejército en Guatemala, quien tuvo a su cargo el resguardo de la oligarquía.

Durante este tiempo el pueblo Maya ha resistido a gobiernos de corte militar, enfrentando fuertes dictaduras como la de Jorge Ubico, quien tenía como política de Estado la frase de “ojo por ojo”, enseñando a la población a castigar el delito con la misma forma de violencia ejercida por el malhechor, esta política castigaba fuertemente a la población indígena quien era obligada a trabajar en las fincas o en los caminos a cambio de su derecho a la movilización. Otras garantías como la libertad de expresión y el trabajo digno, también eran negadas. Resistiendo siete décadas, llegó la Revolución de 1944, liderada por jóvenes estudiantes universitarios, que permitieron al país diez años de gobierno democrático, período en el que se establecieron garantías sociales como el seguro social, el código de trabajo, la reforma agraria, entre otros. Fue acusado de gobierno socialista, lo cual justificó la intervención de Estados Unidos, que facilitó, promovió y financió la contrarrevolución, que tuvo como resultado la caída del gobierno democrático en 1954.

A partir de allí, el ejército juega nuevamente un papel importante para el establecimiento del orden social, viviéndose una jornada de gobiernos de facto, conformados por triunviratos militares. Como consecuencia, en 1960 se dan los primeros levantamientos armados en el oriente del país. Se inicia la guerra interna en Guatemala, la cual es denominada como “conflicto armado interno” para bajar el perfil de la lucha y sus consecuencias. Desde ese año, el movimiento armado revolucionario fue expandiéndose y modificando sus estrategias, incluso su ubicación geográfica, que en la década de los 70 se traslada al centro y al occidente del país.

Las épocas más cruentas de la guerra interna se vivieron durante el gobierno del también General Romero Lucas García a partir del año 79, y durante el gobierno de facto del General Efraín Ríos Montt, quien con su política de tierra arrasada, asesinó, desapareció, arrasó con poblaciones enteras de indígenas Mayas, hecho por el cual, hoy en día enfrenta un proceso judicial por el delito de Genocidio.

La guerra dejó más de 200.000 muertes en el país, fueron 36 años de violencia, asesinatos, tortura, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, de las cuales aún se viven las consecuencias. A finales de los años 80 se inician las negociaciones de paz en la región, las cuales se concluyen con la Firma de los Acuerdos de Paz en el año 96.

En este contexto, se abren las puertas para la privatización de los servicios en el país, y entran al país empresas españolas como Unión Fenosa para la comercialización de la energía eléctrica. Este mismo gobierno inicia las negociaciones para el Tratado de libre comercio con Estados Unidos. Este tratado fue ratificado en 2005, en medio de protestas sociales y la campaña del gobierno por mostrar sus ventajas, a partir de este proceso de negociación y firma, los diferentes gobiernos han abierto las puertas y ofrecido las tierras de Guatemala a empresas extranjeras para la inversión en el tema minero, hidroeléctrico, monocultivos etc. Se dice entonces que la población Maya vive su tercer despojo.

Los territorios indígenas son concesionados para la exploración y la explotación minera o la instalación de hidroeléctricas sin previa consulta, a pesar de que el país ha ratificado el Convenio 169, que lo obliga a la consulta con el pueblo sobre aquellos proyectos que impliquen “desarrollo”. Cada día son más las empresas transnacionales que se instalan atraídas por la flexibilidad tributaria vigente, las pocas restricciones políticas y el beneplácito de los gobiernos que se conforman con un 1% de las regalías de estas empresas y a cambio, ofrecen a manos llenas riquezas que no les pertenecen.

Dentro de las estrategias que estas empresas utilizan está la compra de los terrenos a través de engaños a las familias, ofrecimientos referidos a la responsabilidad social: escuelas, puestos de salud, etc., la división social en las comunidades, y sobre todo, el sueño del “desarrollo”. Por el contrario, las comunidades campesinas han abierto sus ojos a la realidad y a partir de la historia de resistencia y lucha desde la época de la invasión, han criticado estas nuevas formas de despojo, fortaleciendo su organización y promoviendo la movilización contra estas empresas, exigiendo el respeto a sus derechos colectivos, a partir de su cosmovisión como pueblo, en donde nadie es dueño de nadie, sino todas y todos son parte integral y complementaria del cosmos, promoviendo el respeto hacia la Madre Tierra y los elementos como el agua, el aire, las montañas y todo los seres, porque todos los seres tienen vida, incluyendo los minerales que se están extrayendo.

Actualmente existen más de 120 licencias para minería a cielo abierto otorgadas en el país, sobre todo para oro, plata y niquel, de ellas 6 son para la extracción de material, el resto para la exploración. Existe también un proyecto que actualmente está extrayendo minerales, La Mina Marlin, subsidiaria de Gold Corp Canadá, la empresa minera más grande del mundo; en 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó medidas cautelares al Estado de Guatemala a favor del cierre de la mina. Estas medidas no han sido acatadas. En San Marcos, en el occidente del país, territorio Maya Mam en donde se ubica la mina, se ha comprobado la presencia de metales pesados en los ríos cercanos a la mina, se ha provocado conflicto social al dividir a la población entre quienes trabajan en la mina y quienes quieren que salga del territorio, se han comprobado problemas de salud especialmente en la niñez, y existen procesos judiciales en contra de lideresas y líderes comunitarios que encabezan las luchas sociales en contra de la extracción minera.

Hay presencia minera en todo el territorio nacional, y ahora el despojo se extiende al pueblo mestizo o ladino, que también ha empezado a organizarse para exigir la salida de las empresas mineras de sus territorios. Solo en el departamento de Huehuetenango, existen más de 50 licencias otorgadas. En general, las licencias mineras se han otorgado caracterizadas por tres elementos: 1. No se ha consultado a la población, violando el derecho a la consulta de los pueblos originarios, 2. No se hacen o se manipulan los estudios de impacto ambiental y las empresas no reconocen el efecto que tienen la minería en la vida de las personas; en Guatemala se utiliza el cianuro para la separación del metal de la roca, y este elemento ha sido prohibido en otros países por su alta toxicidad y los efectos negativos que causa en la población, y 3. Se han violentado los derechos colectivos de los pueblos originarios, ignorando sus formas propias de organización, su visión de la vida y de desarrollo, y se criminaliza la lucha por el Buen vivir.

En este mismo sentido, la experiencia en torno a las hidroeléctricas ha sido beneficiosa para las empresas transnacionales pero no así para la población. Existen proyectos hidroeléctricos actualmente en construcción que son rechazados por la población. En el mes de mayo, se ha decretado un nuevo estado de sitio en el país, el cual restringe las garantías ciudadanas de la población, esta vez en el departamento de Huehuetenango, específicamente en el municipio de Barillas, en donde la población Maya Q’anjob’al libra una lucha contra la instalación de la hidroeléctrica “de bajo impacto” Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Hidralia Energía, de capital español.

A principios de mes, personeros de la empresa dieron muerte a un líder comunitario que se negó a vender sus tierras e hirieron a otras dos personas, lo cual provocó la movilización de la población exigiendo justicia. Los recientes conflictos son la punta de un problema social que se vive desde 2007, año en que la población realiza una consulta comunitaria que rechaza la instalación de este proyecto, el cual tiene como objetivo conectarse al sistema eléctrico que vende energía a México. Hoy el saldo de estos hechos es un líder comunitario muerto y dos heridos de bala, aproximadamente 11 las personas capturadas por estos conflictos, se ha denunciado casos de violaciones sexuales a mujeres por parte de elementos del ejército ocurridos en el marco del estado de sitio, violencia extrema hacia mujeres. El estado de sitio continúa y las protestas sociales y muestras de solidaridad de diferentes partes del mundo están presentes en presión al gobierno de Guatemala para levantar esta medida.

El pueblo Maya Ixil, Maya Q’eqchi’, Maya Poqomch’i, Maya Uspanteco y Maya K’iche’, se levanta y organiza para rechazar los proyectos hidroeléctricos que se han concesionado en todo el territorio guatemalteco. Más de 60 consultas comunitarias han realizado los pueblos indígenas, cuyo resultado ha sido el absoluto rechazo a los megaproyectos. La respuesta del Estado guatemalteco: las consultas comunitarias no son vinculantes; esta afirmación contraviene los compromisos asumidos por Guatemala tras la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

Por su parte, los monocultivos violan el derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos, y los despoja de sus tierras para el cultivo de caña y palma africana, principalmente, para la producción de biocombustibles. El año pasado, el Estado de Guatemala movilizó a las fuerzas de seguridad para desalojar a más de 300 familias Maya Q’eqchi’ del territorio que han habitado ancestralmente, el Valle del Polochic, en Alta Verapaz, para favorecer a la finca Chabil Utz’aj, de capital nicaragüense, para la plantación de caña. En esta oportunidad, las familias se quedaron sin tierra para sembrar, sus cultivos fueron quemados, no tenían casa, ni alimentos, el uso de la fuerza fue extremo, la muerte y captura de líderes y lideresas no se hizo esperar.

En el sur y el nororiente del país, principalmente, el pueblo Maya y el pueblo mestizo también se enfrentan al hambre por la presencia de fincas de monocultivo, pues estas fincas desvían los ríos para el riego de sus plantaciones, negándoles al derecho al agua; talan los bosques para la expansión de las fincas, arrasando con la biodiversidad, y sobre todo, los dejan sin la tierra que históricamente han arrendado, luego del despojo, para sembrar los alimentos. Todo esto, ante la mirada complaciente del gobierno y del Estado guatemalteco, históricamente racista y servil a los intereses oligárquicos, ahora no solo nacionales, sino transnacionales.

En menos de diez años han sido asesinadas y asesinados más de 120 defensores de los derechos individuales y colectivos de los pueblos, entre éstos, lideresas y líderes de la resistencia del pueblo Maya.; y otros más, viven recluidos en las cárceles del país esperando “juicios justos”, ante la exigencia del empresariado guatemalteco de que se juzgue a quienes violan el derecho a la locomoción o afecta a la economía del país con las protestas.

Vivir este tercer despojo le ha representado al pueblo Maya retos en la organización y la movilización; actualmente el terror y la intriga de vivir nuevamente la historia de la guerra interna se ha acrecentado tras la toma de posesión del presidente Otto Pérez Molina (2012), ex general vinculado al ejército durante la guerra interna, acusado de participar en acciones de genocidio contra el pueblo Maya. El proyecto político del actual presidente es la inversión extranjera en el área rural, especialmente en el tema minero, hidroeléctrico y petrolero; su consigna es la “seguridad” concretando la militarización del país con la instalación de destacamentos militares en las zonas de conflicto (San Juan Sacatepéquez, Huehuetenango, el área Ixil, Petén, municipios aledaños a la capital), so pretexto de vigilar a la población y contrarrestar el narcotráfico y la violencia común; su discurso es de unidad, por “todos” (excluyendo a las mujeres) somos iguales, no existe la intención siquiera del reconocimiento de los otros pueblos en Guatemala, reflejado en simbolismos establecidos por el anterior gobierno, como la instalación de la Bandera Maya o bandera de los cuatro pueblo o la negación al apoyo de la educación bilingüe.

El pueblo maya, y la lucha campesina, indígena y popular se ha organizado ante este gobierno de corte militar, con una marcha que se llevó a cabo a final del mes de marzo y que partió de una de las áreas de conflicto, Alta Verapaz, caminando más de 214 kilómetros y congregando a organizaciones diversas a favor de la vida. Cuando la marcha llegó a la ciudad capital se sostuvieron diálogos con el congreso, el sistema de justicia y la Presidencia, derivándose así en acuerdos que poco tiempo después fueron violados.

La organización a partir de esta movilización ha continuado y hoy por hoy, es organización nacional en apoyo a los puntos en conflicto, siguiendo procesos legales, protestas, y todo tipo de manifestación que provoque la concienciación de la población y de las autoridades. Esta organización convoca a otras organizaciones: mujeres, diversidad sexual, sindicatos, juventudes, campesinos, obreros, del pueblo Maya, Xinca y Mestizo, principalmente, contra la oligarquía racista de este país.

El pueblo Maya ha resistido y luchado frente a dos despojos y actualmente resiste y lucha el tercero, en una historia que es parecida en el resto del Abya Yala, historia de violencia parida de una madrastra patria, neocolonialista y totalmente capitalista.