La Minería que está matando a México

Millones de kilómetros han sido concesionados para la extracción de minerales en los últimos años.

Cada día nos encontramos una nota sobre las graves violaciones de derechos humanos y ambientales que se realizan en la minería de nuestro país. A partir de los Gobiernos Panistas se han dado concesiones mineras a diestra y siniestra, lo más grave es que las autoridades obligadas de verificar el cumplimiento de las normas, han dejado en la indefensión a trabajadores y habitantes.

El oro representa uno de los minerales en los cuales los gobiernos sustentan gran parte de sus economías. En algún momento las grandes reservas estaban constituidas en base al oro, después del Consenso de Washington, este cambio al papel moneda, pero no deja de ser un referente para las bolsas del mundo. Actualmente la onza de oro tiene un valor de 1,604 dólares.

Minera San Xavier

Tal vez el caso más emblemático sea el de Minera San Xavier en el Cerro de San Pedro, donde la concesión minera permitió a New Gold de origen canadiense, donde los pobladores tardaron 10 años para que las autoridades federales detuvieran los trabajos extractivos de la empresa y no permitieran que el Cerro de San Pedro fuera completamente borrado del mapa geográfico. Ese cerro forma parte del Escudo del Estado y hoy ya no existe.

Hace unos días lanzaron una convocatoria para que las nuevas autoridades locales cancelaran por completo las actividades mineras, ya que desde 2009 a la empresa le fue su autorización ambiental. Sin embargo lleva casi 3 años actuando en la ilegalidad. Miles de litros de agua han sido contaminados con cianuro y ha dañado seriamente el medio ambiente de San Luis Potosí.

Wirikuta

El caso más mediático en los últimos años han sido las concesiones otorgadas en zonas sagradas del pueblo Wixarika que trascendió fronteras cuando los habitantes huicholes se enfrentaron con la sorpresa que sus tierras sagradas y en donde han peregrinado desde hace más de 500 años, fueron concecionadas a otra minera canadiense de nombre First Majestic Silver. Concesión de más de 6 mil hectáreas dentro de Wirikuta que tiene 140 mil hectáreas de área y después de una fuerte movilización social nacional e internacional la empresa regreso solamente 761 mil hectáreas, mismas que el gobierno califico de Reserva Minera Nacional junto con las zonas dónde no había concesiones, para “impedir la explotación minera”. Lo anterior ha sido denunciado como una estafa por parte de las autoridades del pueblo, ya que no afectó en nada a las mineras en la zona: tanto First Majestic, Revolution Resources, SB Wadley y otras están con planes de reabrir minas en Wirikuta.

Sin embargo el gobierno usurpador de Calderón salió en los medios diciendo a nivel nacional que “respetarían las costumbres del pueblo Wixarika. Tan falso como sus promesas de campaña. Los habitantes y autoridades comunales seguirán luchando por el respeto de su territorio sagrado, con conocimiento de causa que la minería tóxica a cielo abierto destruiría por completo su cultura.

Guerrero y la Zona de la montaña

En Guerrero hay 597 concesiones para la explotación de la minería; sin embargo, la Secretaría de Economía (SE) sostiene que ningún proyecto avanzará “si no tiene el respaldo de las comunidades afectadas”.  Lo anterior no es garantía de que no se afecten las condiciones sociales de las comunidades guerrerenses.

Según las investigaciones de la propia gente de la región son tres los proyectos mineros, uno que Hochschild Mining, así como dos proyectos más emprenderá Camsim Minas, sa de cv denominados Proyecto San Javier y La Diana, en el territorio de Iliatenco y Malinaltepec. El total de concesiones que ellos tienen conocimiento son de 550 hectáreas (47 menos que las señaladas por el gobierno federal) pero que afectarán las concesiones implican 1 millón 583 mil 928 hectáreas.

Un caso en Durango

Al ejido La Sierrita de Durango, llegaron representantes de la minera canadiense Excellon Resources en el 2004 solicitando un trato de explotación de sus tierras por 30 años. A cambio de beneficios para la comunidad como plazas de trabajo, becas de estudio, agua potable, pago de una renta de 5 mil pesos por hectárea…a 8 años de distancia no han cumplido ni el 30% de sus compromisos, pero siguen explotando las tierras ejidales y beneficiandose de los minerales y del agua que extraen… Hoy los canadienses amenazan con sacar a los ejidatarios de sus propias tierras.

Ejidatarios de la comunidad “La Sierrita” de Durango, tomaron la mina “La Platosa”, el domingo 8 de julio del 2012 debido a que firmaron un convenio de explotación minera de sus tierras con los empresarios de la transnacional canadienses Excellon Resources Inc, quienes no han cumplido el 75% de los compromisos de su contrato. Las autoridades ejidales informan que ahora en forma absurda la secretaría de Gobernación del Estado de Durango amenaza con desalojar a los ejidatarios de sus propias tierras, pese a que también son accionistas, para apoyar a los empresarios canadienses que no han querido dar la cara para responder por sus convenios incumplidos.

La concesión representa mil 100 hectáreas.

La corrupción

Andrés Manuel López Obrador ha insistido que la minería ha causado un daño social y económico enorme. Además ha declarado que las empresas mineras pagan solamente derechos por el uso de hectáreas, pero no hay un impuesto como tal dentro de las normas tributarias. Puso de ejemplo Canadá, país de donde provienen el mayor número de mineras que trabajan en nuestro país: Allá tienen que pagar un impuesto del 3% al 17%, a nivel federal, además de impuestos y derechos locales, así como amplios beneficios a las comunidades afectadas por la minería.

Lo anterior convierte a México en un “paraíso minero” para las grandes transnacionales que no encuentran oposición en sus autoridades para impedir el deterioro de sus habitantes y medio ambiente. No se puede entender la altanería y despojos a comunidades y ejidos sin la corrupción imperante en los 3 niveles de gobierno.

A esto se le suma las graves violaciones de derechos laborales, empleados mal pagados o sin condiciones de seguridad (como en el caso de Pasta de Conchos), son solo un ejemplo. El gobierno ha permitido que las grandes empresas mineras construyan “sindicatos a modo” donde tienen a los trabajadores en centros de concentración donde no tienen las mínimas condiciones de salud, no cuentan con seguridad social ni prestaciones mínimas. Pero ha sido una constante a partir del conflicto minero.

En el Congreso de la Unión  se presento una iniciativa de Ley para una minería sustentable, se realizaron foros con trabajadores, expertos en la minería y representantes sindicales. Hoy esa iniciativa duerme el sueño de los justos y no se  volverá a discutir pues ante el cambio de Legislatura muy probablemente no se discutirá.

¿Qué nos espera como nación?

Siempre son palabras al final de todo artículo, ¿qué podemos hacer? Mucho primeramente no descalificar las movilizaciones obreras que buscan mejores condiciones salariales, dar respaldo a los ejidatarios que tienen que peregrinar por las instituciones para defender sus derechos. No permitir el saqueo del cual México está nuevamente en peligro y demandar organizadamente a los funcionarios federales el respeto absoluto a los derechos de las comunidades indígenas.

Será importante que ante este nuevo periodo legislativo donde los partidos de izquierda son la segunda fuerza en el Congreso, tengan como eje de acción una nueva legislación para la minería y por supuesto no se deje escapar a estas empresas sin pagar impuestos.

 

Fuente: REMA. Correcciones: Proyecto Cerro San Pedro