El gran debate de la megaminería en Uruguay

Por Dino Cappelli

“Uruguay no es Chile ni Perú a la hora de aceptar propuestas mineras”

uruguay-megamineriaUruguay espera, con mayor o menor expectación, lo que pueda ocurrir con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la compañía multinacional Zamin Ferrous, la empresa minera Aratirí y el visto bueno para el mayor proyecto de minería a cielo abierto por estas latitudes. El 2013 será un año clave en la decisión de instalación, o no, de esta empresa de miles de millones de dólares.

Minería a cielo abierto ya existe en Uruguay, pero a una escala tan pequeña que jamás significó discusión alguna sobre sus consecuencias en el medio ambiente y en los pueblos cercanos. Pero desde hace un tiempo la empresa Aratirí propone la prospección de suelos y la explotación del hierro, un mineral del que hay miles de toneladas en el suelo uruguayo. Más allá del cánon que se le paga a los productores rurales por la intervención de sus tierras, más el porcentaje que le quedaría al Estado en toda la operativa de extracción y venta, la población hoy se divide a favor o en contra de la aprobación del proyecto.

“Sentimos la obligación de hablar sobre temas de los que generalmente se recomienda no hablar. Hablamos de megaminería, que no es minería solamente, por el impacto físico y los graves daños que ocasionará a gran escala y que muchas veces es difícil de hacer entender a la gente. También hay que hablar de los daños al derecho que se ocasionan para justificar esta minería. Estamos muy preocupados por un proyecto que supone darle visos de legitimidad a una actividad extractiva que va a ocasionar deterioros en una vasta zona del país, a 200 años vista o más. Para una actividad que a lo máximo durará 15 años”. La reflexión corresponde al fiscal Enrique Viana, un acérrimo enemigo que se ha ganado Aratirí y todo emprendimiento que ose dañar la naturaleza del país.

Mientras hay naciones en que los pueblos originarios tienen la potestad de definir qué hacer con sus territorios –el caso paraguayo es el más cercano en tiempo y geografía- los uruguayos se preguntan sobre sus derechos de decisión. Viana responde a ELMUNDO.es que “derechos escritos tenemos, en la Constitución el artículo 47, y con eso debería alcanzar. Prohíbe la destrucción grave del medio ambiente. Y esta forma de minería tiene su gran aliado en la grave destrucción del medio ambiente; está prohibida en muchos lugares, y si se permite aquí es darle una forma de vía de escape mediante un proyecto de ley”.

Y continúa señalando “que los instrumentos jurídicos no faltan, pero para hacerlos cumplir se necesita o una administración que cumpla con su función y haga respetar la Constitución o en su caso jueces que hagan cumplir la Constitución a los gobernantes. Lamentablemente esas dos cosas no están funcionando, y el ciudadano está en una verdadera situación de indefensión. Queda entonces manifestar la disconformidad, que la manifestación sea la protesta y es el único camino que le queda al ciudadano y no es un camino menor. Es un camino que tiene efectos pues yo estoy convencido que estos grandes emprendimientos no se instalan en aquellos lugares donde tienen resistencia a nivel popular. Esa resistencia se tiene que hacer visible, si nos quedamos callados y miramos hacia el costado, ahí sí estaremos condenados”.

 

El proyecto y su impacto

Aratirí, parte de la empresa india Zamin Ferrous (con sede en Londres), se instaló desde hace un par de años con sus contenedores, máquinas, laboratorios y personal calificado en la zona de Cerro Chato, al centro del país. Desde allí y desde sus oficinas en Montevideo ha logrado adquirir importantes cantidades de tierra donde se analiza el mineral a extraer. También desde allí ha presentado un informe de negocios e impacto ambiental que ha sufrido un intenso debate. Cientos de páginas traslucen los márgenes económicos, pero también dejan ver los impactos al ambiente. El mineral sería extraído desde el centro del país mediante un mineroducto de cientos de kilómetros, arrojando el producido a las costas del Océano Atlántico.

Germán Parula es un pregón ambientalista del Movimiento Pachamama y aportó detalles técnicos y números para estar en contra de este proyecto. “Se debe tomar conciencia de lo que es el ‘fracking’, la fractura hidráulica, el proceso para extraer el mineral. Esto no es un problema sólo de Uruguay, la orden en el primer mundo es intensificar el saqueo de América Latina. Nosotros debemos proteger nuestro territorio y en especial el agua“. La gran pregunta está en que este tipo de divulgación de conocimientos científicos llegue al gran público, a la sociedad. Y muchas veces la respuesta es no, pues los grandes medios eluden el debate.

Volviendo al Fiscal Viana, su opinión estriba en que la suerte aún no está echada y se pueden dar pasos a favor de resolver la situación. “Yo creo que estamos muy cerca de momentos decisivos, de los que no hay marcha atrás. Creo que todavía queda la posibilidad de que el ciudadano exija que se le den explicaciones. Si el uruguayo exige y se le permite cotejar opinión, hay una oportunidad de que esto no camine y se pueda detener. Si esto no ocurre deberemos aceptar los daños a 200 años”.

 

¿Oferta laboral?

Más allá de los caminos de la gente, las decisiones las toman los gobernantes. En este sentido el gobierno del Frente Amplio ha justificado su apoyo a los proyectos de minería aduciendo la diversificación productiva y la mayor industrialización del país. La concentración de hierro en el país es del 28% según estudios, tanto al centro como al noreste del territorio. Esto significa yacimientos pequeños, por lo cual Aratirí estima que en 12 años lograría extraer el gran porcentaje de las existencias.

El ambientalista Parula responde a ELMUNDO.es que “es difícil sobre todo cuando el poder político en su conjunto parece estar de acuerdo en el camino elegido, un camino de desarrollo y me gusta hacer comillas en desarrollo pues en el mundo está más que probado que el camino que estamos siguiendo del consumo y el capital no nos lleva a buen destino“.

En Uruguay las expectativas pasan por la oferta laboral de estos emprendimientos y Parula brindó números que detallan que en minería eso no se cumple. “Ya tenemos en nuestra historia casos de promesas de generación de fuentes de empleo que no se han cumplido. Cada vez que aparece un nuevo proyecto o megaproyecto vuelven las promesas de empleo y tenemos tendencia a volver a creer en lo que se nos promete. Es hora de reconocer que cuando una industria de estas características viene a instalarse en el país no es para hacernos un bien a nosotros sino para sacar el máximo provecho al menor costo posible“. En la zona perimetral de Aratirí, en Cerro Chato, crecieron los números de aquellos que brindan servicios como hostelería, gastronomía, venta de combustibles, repuestos, gomería. Sin embargo, la bonanza no llegó a todos.

“En Cerro Chato es una situación tremenda pues la empresa va comprando voluntades con ofertas de empleo concretas o con favores a las fuerzas vivas, actores importantes de la sociedad. Están por otro lado las personas que desean seguir con su plan de vida en muchos casos mantenido de generación en generación, quieren seguir trabajando la tierra en paz. Estos proyectos se desarrollan siempre a espaldas de las comunidades afectadas, cosa que nos parece tremendo, y en Cerro Chato en particular hay una gran confrontación entre quienes se sienten beneficiados con la actividad minera y por quienes se sienten perjudicados. Somos de la idea de que hay que tratar de abstraerse de dicha problemática para estudiar a fondo el problema”, argumenta Parula.

Pero no se puede evaluar la presencia de Aratirí en Uruguay por el beneficio o perjuicio que provoca en Cerro Chato. Viéndolo de una forma más global, el Ingeniero Químico Ignacio Stolkin señala que “esto es la primarización de las exportaciones, y en la historia de la humanidad la primarización de las exportaciones condena a los pueblos al subdesarrollo”.

Desde organizaciones sociales se argumenta que Uruguay no es Chile ni Perú a la hora de aceptar propuestas mineras, más el gobierno de José Mujica entiende que el país debe aprovechar sus recursos naturales y la forma de hacerlo es mediante compañías que aporten sus inversiones y logística. Mientras legisladores estudian los proyectos, los ambientalistas estudian radicalizar las medidas. “No descartamos ninguna medida, quizás piensen los gobernantes que estos hacen dos marchas y se olvidan del tema, nosotros no somos así”, finaliza el fiscal Viana.

 

Fuente: Olca vía El Mundo