Es nuestro derecho

Por Tobias Roberts

 Las transnacionales y la inversión en contra de las comunidades y el territorio

latinoamerica_nomineriaEn 1886, durante una batalla legal por la expansión de los ferrocarriles, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que las empresas tienen los mismos derechos que las personas bajo la Enmienda 14 de la Constitución del país. Desde entonces, nuestra economía globalizada ha procurado aumentar constantemente el poder y el alcance jurídico de las corporaciones, la mayoría del tiempo en detrimento de las comunidades locales. En América Central, recientemente se han producido tres casos emblemáticos que reflejan el creciente poder que las corporaciones ejercen sobre las comunidades locales e incluso sobre los gobiernos nacionales soberanos.

En los últimos años, las compañías mineras multinacionales han descubierto una vena de oro que corre desde México hasta Costa Rica. De acuerdo con el gobierno de El Salvador, la vena es más gruesa en territorio salvadoreño. Con el precio del oro alcanzando precios históricos, las solicitudes para la otorgación de licencias de explotación minera comenzaron a inundar las oficinas gubernamentales comprometiendo alrededor de 5% del territorio de El Salvador.

Anteriores gobiernos de derecha que defendían políticas económicas neoliberales comenzaron a repartir los permisos de exploración. Pacific Rim, una pequeña empresa minera canadiense recibió uno de esos permisos y comenzó la exploración de una mina en el estado norteño de Cabañas, una de las zonas más pobres del país.

Pese a las alegaciones de la empresa que la mina iba a ser uno de los más “ecológicas” en América Latina, la población local se levantó en resistencia a la mina. Sintiendo la presión ecológica de vivir en un país lleno de gente con poca tierra y menos agua, las comunidades temían los efectos ambientales negativos de una mina de oro en sus comunidades.

Esta oposición popular llevó a graves conflictos y divisiones dentro de la comunidad. En 2009, una serie de asesinatos de los líderes comunitarios que se oponían a la mina forzó a los ejecutivos de Pacific Rim a declarar ante el Parlamento canadiense. Estos asesinatos también provocaron un rechazo nacional a la minería en el país. Más tarde ese año, el presidente derechista Tony Saca, a pesar de ser un gobierno pro-empresarial que favorecía de las inversiones extranjeras, puso una moratoria a la minería y se negó a conceder licencias para la exploración o explotación de minas en el país. Desde entonces, el nuevo gobierno de izquierda del FMLN ha introducido una legislación para convertir a El Salvador en el primer país del mundo de prohibir la minería. La ley está programada ser debatido por el Congreso salvadoreño en el primer semestre de 2013.

Parece que esta lucha contra la minería en El Salvador fue una victoria para las organizaciones de base y las comunidades que se unían para hacer oír su voz en las decisiones políticas del gobierno nacional. Sin embargo, en nuestra sociedad globalizada y capitalista, el derecho de las empresas a invertir triunfa sobre el derecho de los individuos y las comunidades para decidir sobre sus tierras, e incluso desconoce la soberanía nacional.

Poco después de que el gobierno de El Salvador optó por respetar la voz de su pueblo y prohibir la minería, Pacific Rim llevó al gobierno ante un tribunal internacional de arbitraje, en busca de más de 70 millones de dólares en reparaciones. De acuerdo con la Pacific Rim, el acuerdo de libre comercio que El Salvador firmó con los Estados Unidos en 2003 obligó al país a abrir indiscriminadamente sus fronteras a la inversión extranjera. A pesar de una serie de apelaciones por parte del gobierno salvadoreño, parece que Pacific Rim ha ganado el arbitraje y El Salvador tendrá que pagar.

Otros dos casos interesantes involucran a ENEL, la empresa energética multinacional con sede en Italia. ENEL es una de las mayores empresas de energía del mundo. Está presente en 40 países de todo el mundo y genera 98 GW de energía. Según su sitio web, en el 2011 registró ingresos superiores a 79,5 mil millones de dólares. Dos de las recientes inversiones de ENEL en América Latina arrojan luz sobre esta cuestión de la parcialidad legal por los derechos de las corporaciones.

En 2009, ENEL comenzó la construcción de la presa Palo Viejo en el municipio de Cotzal en la región Ixil del norte de Guatemala. La presa fue construida en los terrenos de una finca de café privada que fue robado al pueblo Maya Ixil hace 100 años durante la invasión de los finqueros. Desde el inicio de la construcción de la represa, los ríos han sido ecológicamente devastados y miles de familias indígenas que viven aguas abajo de la represa han perdido la capacidad de subsistir de la pesca de los ríos que alguna vez fue su principal medio de vida. La llegada de la multinacional ENEL también trajo mucha conflictividad social a las comunidades, dividiéndolas entre aquellos que apoyaron la compañía y los que protestaron. Cuando las comunidades alegaron que sus derechos como pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales fueron violados, llegaron los militares para proteger los intereses de ENEL.

Toda esta tensión condujo a un diálogo entre los ejecutivos de ENEL y las autoridades indígenas locales. Muchos esperaron que el diálogo fuera una oportunidad única para crear un nuevo tipo de relación entre las empresas multinacionales y las comunidades indígenas donde los mega-proyectos iban a ser puestos en operación. Lamentablemente, el diálogo fue utilizado por ENEL como una estrategia para dividir a las comunidades y ganar tiempo antes de terminar la construcción del proyecto. Este flagrante desprecio hacia los derechos de los pueblos indígenas llevó al fracaso del diálogo y el resultado de que las comunidades salieron de las negociaciones con las manos vacías.

En 2002, ENEL se asoció con el gobierno de El Salvador para invertir en la planta de energía geotérmica nacional “La Geo”, que proporciona el 25% de las necesidades energéticas del país y producía alrededor de 80 millones de dólares en ingresos anuales para el gobierno. ENEL, reconociendo que “La Geo” era un negocio rentable, trató de inyectar 127 millones de dólares en la empresa y así aumentar su participación hasta el 53% de las acciones, efectivamente privatizando la industria energética nacional. El gobierno de El Salvador bloqueó esa inversión y ENEL los llevó a un tribunal internacional de arbitraje que determinó que ENEL tenía el “derecho” de invertir y así se convertía en el accionista mayoritario de la planta geotérmica previamente nacionalizada.

En ambos casos de Guatemala y El Salvador, el derecho de ENEL a invertir como una corporación multinacional venció los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y los derechos de un gobierno nacional sobre sus reservas energéticas estratégicas. Pero ¿quiénes son estos tribunales internacionales que tanto favorecen los derechos de las corporaciones multinacionales?

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es el más importante de estos tribunales. El CIADI fue creado en 1966 como una rama del Banco Mundial para fomentar el flujo internacional de inversiones. Según su sitio web: “El propósito principal del CIADI es proporcionar medios para la conciliación y el arbitraje de las controversias internacionales de inversión.”

Sin embargo, es evidente que el CIADI está sesgado hacia las corporaciones multinacionales en estas disputas. Cuando el Gobierno boliviano optó por retirarse del CIADI hace unos años, declaró que lo hacía debido a este sesgo evidente. De los 232 casos de arbitraje presentados ante el CIADI, 230 habían sido plantados por las multinacionales contra los Estados. De esos casos, 36% se pronunciaron a favor del inversionista privado y otro 34% de los casos se resolvieron con el inversor privado recibiendo una recompensa fuera de los tribunales. Por otra parte, en el 74% de los casos, los países pobres fueron los demandados, en comparación con sólo el 1,4% de los casos en contra de los gobiernos ricos del G-8. Al parecer, el CIADI no es más que el corte privado para que las poderosas y ricas corporaciones multinacionales hostiguen a los gobiernos de los países pobres.

Estos tres casos exponen una clara tendencia de los tribunales como el CIADI a favorecer los derechos de las empresas para invertir por encima de los derechos territoriales de las comunidades y los gobiernos nacionales. También sirven para consolidar el poder de las compañías como ENEL y Pacific Rim y animarles para aumentar y ampliar sus inversiones. ENEL recientemente reveló sus planes para invertir más de 2 mil millones de euros para el año 2016 en los mercados de energía renovable de América Latina. ¿Cuántas de esas inversiones provendrán a merced de las poblaciones indígenas que perderán acceso a sus tierras ancestrales o en detrimento de los gobiernos nacionales que perderán la soberanía sobre sus recursos naturales?

Aún más amenazante es el precedente que estos casos crean. Según James Fredrick en World Politics Review: “Las otras empresas mineras de oro con operaciones en Centro América, como Goldcorp (dueña de la mina Marlin en Guatemala), por ejemplo, podrán utilizar el caso de Pacific Rim para resolver las controversias de los proyectos suyos.”

Cuando una empresa extranjera tiene más derechos sobre una tierra donde un pueblo que ha vivido durante siglos; o cuando las exigencias de una sociedad multinacional triunfan sobre las decisiones soberanas de un gobierno nacional, algo está terriblemente mal en nuestra sociedad.

 

Fuente: Rebelión