Minería tóxica, un riesgo para BCS: expertos

Comunicado de Prensa

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“Las actividades de las grandes empresas mineras han detonado serias implicaciones socio-ambientales gracias a una legislación ad hoc que permite el uso prioritario de la tierra y el agua a favor de los monopolios mineros, sin considerar seriamente las afectaciones ambientales, excluyendo a las comunidades en la toma de decisiones sobre sus territorios”; señalaron los expertos Sergio Serrano Soriano de la Organización de la Sociedad Civil “Pro San Luis Ecológico” y el Dr. Gian Carlo Delgado Ramos Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del simposio “Minería en México: Un análisis Social, Económico y Legal”.

Los especialistas arribaron a la ciudad de La Paz, con el fin de responder a la inquietud emergente en diversos sectores de la sociedad sudcaliforniana, respecto a las implicaciones que tendría el establecimiento de proyectos de Mega Minería Tóxica en Baja California Sur. Por ello el evento se compone de un panel interdisciplinario que combina la investigación sociológica académica y la experiencia organizativa de la resistencia civil contra la Minera San Xavier en San Luis Potosí.

Sergio Serrano, del Frente Opositor a la Minera San Xavier, comentó: “En las dos últimas décadas estas empresas se han introducido en nuestro país ocupando gran parte del territorio nacional. En el año 2010 tenían concesionado el 28.58% del territorio del país. Esto lo han permitido las leyes que tienen incidencia en los recursos naturales, entre ellas la de minería, desregulando la protección anterior para facilitar su apropiación por el capital internacional”.

Por su parte, el Dr Gian Carlo Delgado Ramos expuso: “La actual legislación minera en México tiene serias implicaciones sociales y ambientales. Permite una ausencia de regulación puntual al capital extranjero, otorga un excesivo plazo de las concesiones de hasta 50 años prorrogables, entregando con ello la riqueza nacional de manera prácticamente indefinida y sin importar las coyunturas socioeconómicas futuras, permite una discrecionalidad en torno al pago de primas y regalías y la clara desprotección de los pueblos, incluyendo a los indígenas, y el simulacro de darle a esos últimos una supuesta preferencia para que realicen actividades mineras”. “En los recientes 11 años, las compañías mineras han extraído del país más de 250 toneladas de oro, 2.5 veces más que el obtenido durante los 300 años de dominio colonial, y en la actualidad tienen en concesión un tercio del territorio nacional, equivalente a la superficie de España. Eso les puede dar una idea de la velocidad, intensidad y magnitud de cómo han destruido y dividido pueblos, y en muchos casos también envenenado y condenado el futuro de varias generaciones, sin que el gobierno lo impida, por lo cual es necesario diseñar nuevos modelos de desarrollo a partir de las necesidades de la gente, y no de las trasnacionales” señaló Sergio Serrano.

“La Ley Minera de México no debería centrarse en velar por los intereses empresariales. Una nueva Ley Minera, construida desde la participación social, debería enfocarse en subsanar importantes problemas y ausencias de la Ley vigente, sobre todo en lo que respecta a dar marcha atrás a su supuesto carácter de “interés público”, no sólo porque las concesiones son de carácter privado, sino porque además ha permitido el consecuente uso preferentemente minero de la tierra y del agua”; continuó Delgado Ramos.

Los expertos fueron cuestionados sobre los proyectos mineros en Baja California Sur dando cuenta de las afectaciones sociales, ambientales y a la salud de la mega minería tóxica, manifestándose en contra de tales proyectos que prometen hipotecar el futuro de los pueblos en tanto que afectarían áreas naturales protegidas, además de contravenir ordenamientos locales y poner en riesgo el abasto de agua en una zona donde ya hay problemas de disponibilidad como lo son las ciudades de La Paz y Loreto.

“Son necesarias reformas a la legislación vigente para que los recursos naturales de la nación realmente se conserven y a la vez sirvan para su desarrollo generando bienestar de la población, para que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los pueblos y para que el país recupere su soberanía económica” finalizó Sergio Serrano.

La Paz, Baja California Sur, 1 de marzo del 2013

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