Informe revela respaldo de diplomacia canadiense a letal proyecto minero de empresa Blackfire

 

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blackfire_informe_embajada(Ottawa/San Cristóbal de las Casas) Documentos divulgados por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (DFAIT por sus siglas en inglés) en respuesta a una solicitud bajo la ley de acceso a la información revelan que las autoridades de Canadá pusieron recursos públicos al servicio de Blackfire Exploration, una empresa minera de ese país, a pesar de vínculos con sospechosos del asesinato de un dirigente local, la clausura de la mina y alegatos de corrupción ampliamente divulgados.

“Según nuestro análisis de estos documentos, pocos días después de que se circulase en las más altas esferas del gobierno canadiense un informe condenatorio sobre la empresa Blackfire, las autoridades canadienses solicitaron asesoramiento para la empresa sobre cómo demandar al estado de Chiapas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por haber clausurado la mina,” comentó Rick Arnold quien participó en una misión de observación en Chiapas en 2010. “Es como si para el gobierno canadiense no fuesen importantes las vidas de las personas, sólo los mezquinos intereses comerciales.”

El 27 de noviembre de 2009, Mariano Abarca fue asesinado frente a su restaurante en el pueblo de Chicomuselo, Chiapas. Abarca tenía cuatro hijos y era un ciudadano activo que luchó para bajar el costo de la luz. En el momento de su asesinato, estaba dirigiendo una lucha en contra de la mina de barita de la empresa Blackfire debido a preocupaciones por los impactos sociales y ambientales.

Una semana después del crimen, las autoridades ambientales de Chiapas clausuraron la mina. Al cabo de unos días, el periódico nacional canadiense The Globe and Mail informó que Blackfire había estado depositando dinero en la cuenta personal del presidente municipal de Chicomuselo. La policía federal canadiense está investigando la situación.

“Estos archivos nos demuestran que aún antes de la muerte de mi papá, la embajada canadiense estaba siguiendo de cerca el conflicto en Chicomuselo”, dijo José Luis Abarca, hijo de Mariano. “Sin embargo, la embajada descartó completamente las preocupaciones que le planteaban mi papá y otras personas, dándole crédito únicamente a la versión de la empresa sobre la situación. Uno debe preguntarse cómo estarían las cosas hoy día si nos hubieran tomado con seriedad.”

Los documentos de DFAIT muestran que la embajada recibió 1,400 cartas expresando profunda preocupación por la vida de Abarca después de su detención en agosto del 2009. Un mes antes, Abarca le había indicado a un funcionario de la embajada que los trabajadores de la empresa Blackfire estaban armados y que estaban intimidando a quienes se oponían a la mina. Sin embargo, cuando representantes de la embajada llegaron a Chiapas unas semanas antes del asesinato de Abarca, parecen sólo haber solicitado información sobre la seguridad de la inversión de Blackfire.

“La historia que hemos podido armar en base a estos documentos es sumamente preocupante, sobre todo debido a que Canadá es uno de los principales inversores en el sector minero de México y en los proyectos asolados por conflictos desde Chiapas hasta Chihuahua,” comentó Jennifer Moore, Coordinadora del Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá. “La situación con Blackfire resalta la necesidad de limitar el fomento de parte del gobierno de Canadá en relación a la minería canadiense en el extranjero, ya que esto puede crear situaciones propicias para las prácticas destructivas que se observan.”

Contactos:
Rick Arnold, rickarnold@i-zoom.net , 011 (905) 448-2343
Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina, Alerta Minera Canadá, jen@miningwatch.ca , 011 (613) 569-3439
Raul Burbano, Director de Programas, Fronteras Comunes Canadá, burbano@rogers.com , 011 (416) 522-8615
Mark Rowlinson, Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos Canadá, mrowlinson@usw.ca , 011 (416) 544-5952

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(Ottawa/San Cristobal de las Casas) Documents released from the Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) in response to a request under the access to information act reveal that Canadian authorities put public resources at the service of Calgary-based Blackfire Exploration despite connections with suspects in the murder of a local activist, mine suspension, and widely reported allegations of corruption.

“Our analysis of these documents found that mere days after a damning report about the company was circulated to the highest echelons of the Canadian government, Canadian authorities sought advice for the company about how to sue the state of Chiapas under the North American Free Trade Agreement (NAFTA) for having closed the mine,” observes Rick Arnold who participated in a 2010 fact-finding delegation to Chiapas. “It’s as if people’s lives don’t matter to the Canadian Government, only narrow commercial interests.”

On November 27, 2009, Mariano Abarca was murdered in front of the restaurant that he owned and operated in the town of Chicomuselo in Mexico’s most southerly state of Chiapas. Abarca was a father of four and an active citizen who had fought for lower electricity rates. At the time he was murdered, he was leading a fight against Blackfire’s barite mine given concerns over social and environmental impacts.

One week after his murder, Chiapas environmental authorities suspended the mine. Days later, the Globe and Mail reported that Blackfire had been making payments into the personal bank account of the mayor of Chicomuselo. An RCMP investigation into the allegations is ongoing.

“From these records, we learn that even before my father’s death, the Canadian Embassy was closely monitoring the conflict in Chicomuselo,” remarks José Luis Abarca, son of Mariano. “But they completely disregarded the concerns that my father and others were raising, giving credence only to the company’s version of the story. One has to wonder how things might have been different today, if they had taken us seriously.”

DFAIT records show that the Embassy received 1,400 letters expressing dire concern for Abarca’s life following his arrest in August 2009. One month earlier, Abarca had complained to an Embassy official that Blackfire workers were armed and intimidating mine opponents. Nonetheless, when Embassy officials visited Chiapas weeks before Abarca’s death, they appear only to have inquired into concerns about the security of Blackfire’s investment.

“The picture we’ve been able to piece together is deeply troubling, given Canada’s role as a top investor in Mexico’s mining industry and conflict-ridden projects from Chiapas to Chihuahua,” says Jen Moore, Latin America Program Coordinator for MiningWatch Canada. “The Blackfire story highlights the need to reign in Canadian government promotion for our overseas mining sector given how this may be enabling much of the destructive practices that we’re seeing.”

 

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