Un estado de sitio para favorecer a las mineras

Por Amismaxaj, Asociación de Mujeres Indígenas
de Santa María Xalapán

Los medios convencionales reproducen sin matices que la violencia ciudadana ha obligado al gobierno de Guatemala a declarar el estado de sitio en cuatro municipios del Oriente del país. La verdad es un complejo entramado de intereses mineros y de un Estado al servicio de las multinacionales. Las mujeres xincas nos develan esa verdad.

estado-de-sitio-guatemalaEl año 2005, cobra relevancia histórica para el Pueblo xinka en la montaña de Xalapán. Por primera vez, las mujeres realizamos jornadas de movilización no violenta en el departamento de Jalapa para denunciar la existencia de nuestro pueblo y la situación y condición de las mujeres. Invisibilizado para entonces en el imaginario guatemalteco, negado incluso por autoridades departamentales y algunos académicos, iniciamos un camino de reivindicación histórica.

Hicimos nuestra la lucha que hicieron hermanos y hermanas xinkas de Santa Rosa, dentro del proceso de la firma de los Acuerdos de Paz, donde dejaron consignada la existencia de un pueblo indígena, que no es maya; el pueblo xinka. Nos nombramos por primera vez, y salimos a las calles y al mundo a develar nuestra realidad.

El aporte histórico de las mujeres para visibilizar la existencia de nuestro pueblo en un departamento visto como ladino mestizo, nos llevó a realizar varias acciones, entre otras; a denunciar el racismo institucional y el etnocidio estadístico, permitió abrir diversos caminos de lucha y resistencia contra las inequidades históricas que vivimos como pueblo en el oriente de Guatemala a un poco más de 100 kilómetros de la ciudad capital.

La lucha contra minería en la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán se levanta el 14 de diciembre del año del 2008, luego de constatar el interés de personas extranjeras para la compra de terrenos dentro de la colindancia de la montaña.

Junto al Gobierno Indígena de entonces, organizaciones sociales, Colectivo Juvenil Xinka Xalapán, Asociación Pozos Mecánicos, Asociación Agrícola Integral la Paz, AMISMAXAJ y el Consejo Parroquial a nivel montaña, construimos un espacio de representatividad a través de la Coordinadora de Defensa Territorial; Acción Comunitaria Xinka Xalapán -ACOXX-.

Nuestros caminos de lucha, fueron agotando mecanismos de interpelación con los entonces gobernador, alcalde y diputados, estos últimos vinculados desde el partido Político Unión del Cambio Nacional-UCN (Antes FRG), en las comisiones de Medio Ambiente y Energía y Minas, en el Congreso de la República… Ante la desinformación y la manipulación de su información, preferimos agotar el protocolo de información en el marco de la Ley de Libre Acceso a Información Pública que entró en vigencia ese año.

Decidimos accionar de manera no violenta, para conocer nuestra situación de concesiones mineras en la montaña. Recolectamos más de 20.000 firmas de comuneras y comuneros, las cuales fueron entregadas a las autoridades donde la población decía un rotundo “¡NO, a la entrada de operaciones de la Minera San Rafael¡”, porque no existía una consulta comunitaria a las autoridades indígenas y población xinka de la montaña.

Fuertes jornadas de manifestación ante instancias como las Comisiones de Energía y Minas y Medioambiente del Congreso de la República, asimismo ante el Ministro de Energía y Minas, logran la obtención del mapa minero oficial y del listado donde se constata la concesión de 31 licencias de exploración y explotación minera para el departamento de Jalapa.

En el año 2009, nos unimos a la resistencia indígena nacional para luchar de manera conjunta contra los grandes megaproyectos, con lo cual a partir de jornadas de manifestación no violenta, se logra el 14 de julio a través de la Comisión Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo permanente, que se firmara en el punto cinco por el presidente Álvaro Colom, un acuerdo: ratificar su compromiso de no autorizar ninguna licencia de exploración y explotación minera durante su administración.

Justo en el año 2009, cuando se levanta con mayor fuerza la resistencia contra la minería en la montaña, un mecanismo empleado por el anterior gobierno ante su incapacidad de mediar por la indiscriminada concesión de licencias en la región, y ante el inminente levantamiento de la población de la montaña con movilizaciones de más de 20.000 personas, fue promover la inmovilización de la población a través de decretar Estado de Calamidad por Hambruna y Desnutrición el 10 de agosto de 2009.

“El estado de calamidad pública[1] contempla, además, la restricción de garantías constitucionales, como las libertades de locomoción y expresión, pero Colom aclaró que lo único que pretendía con esa medida, era agilizar las acciones para combatir el hambre”.

De manera sorpresiva, en el mes de septiembre, una mañana, la comunidad de Talquezal se encontró con la sorpresa de presencia de soldados irrumpiendo de manera violenta en la escuela pública, esto sin haber informado a las autoridades comunitarias. La Esposa del Presidente se apersono para hacer entrega masiva de alimentos a través de la ‘Bolsa Solidaria’. Situación que fue denunciada por AMISMAXAJ, en su momento.

Desde el año 2004, las mujeres habíamos denunciado la existencia de hambruna y desnutrición de la niñez, mujeres y personas adultas mayores en la montaña, la muerte de mujeres en el momento del parto por anemia debido a desnutrición severa, asimismo la muerte de niñas y niños en el departamento por desnutrición.

Somos una comunidad con más de 85.000 habitantes y parte del corredor seco de oriente, afectado por la sequía estacional ampliada y empobrecimiento severo. Ante nuestras acciones nunca hubo una respuesta efectiva de las instancias de Estado para solventar esta problemática[2].

“El presidente de Guatemala[3], Álvaro Colom, declaró hoy el estado de ‘calamidad pública’ para hacer frente a la severa crisis alimenticia que sufren más de 54.000 familias pobres de este país y que se ha cobrado la vida de más de 25 niños.
Más de 54.000 familias pobres, habitantes del denominado “corredor seco” del este y noreste de Guatemala, han sido declaradas en estado crítico por la falta de alimentos para subsistir, debido a la pérdida de sus cosechas de maíz y fríjoles, granos en los que la población basa su dieta alimenticia.
Otras 300.000 familias habitantes de esa zona, la cual está integrada por los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Baja Verapaz, corren el peligro de padecer una situación similar por las mismas causas”.

Esta estrategia masiva de entrega de bolsas solidarias se concretó de manera sorpresiva en tres comunidades donde la resistencia contra minería estaba con mayor fuerza; Izotes, Talquezal y Potrero Carrillo, esto fue denunciado por ACOXX, en la visita que realizara para entonces el Relator especial por el derecho a la Alimentación de la ONU, en septiembre del 2009.

Tal como lo habíamos denunciado desde el 15 de junio del año 2010, cuando hiciera visita a nuestro país el Relator Especial por los Derechos de los Pueblos Indígenas,  James Anaya, el caso Xalapán era un caso de seguimiento especial, en relación de la defensa ancestral por recuperación del territorio, asimismo por la lucha contra minería que había provocado la concesión de 31 licencias de exploración y explotación de minería de metales en el departamento de Jalapa.

Con grave preocupación las feministas comunitarias en conjunto con Acción Comunitaria Xinka Xalapán ACOXX, dijimos que era una amenaza latente la venta de los derechos de explotación de plata por parte de la Golds Corp, a la Tahoe Resours, empresa de capital canadiense, invirtiendo en el proyecto Escobal, nombrado como Minera San Rafael.

“Denunciamos[4] que el pasado 27 de mayo el Ministerio de Energía y Minas – MEM- autorizó a la empresa de capital canadiense Goldcorp[5] una licencia para otorgar los derechos de la mina de plata Escobal, la cual se encuentra entre Mataquescuintla, San Carlos Alzatate, San Rafael Las Flores y Casillas Santa Rosa , a la entidad denominada Minera San Rafael, la cual es una filial de la transnacional Tahoe Reosources Inc, Goldcorp la cual anunció la venta de la mina por 545 millones de dólares, es decir Q4,090.5 millones de quetzales”.

Con la entrada de este nuevo gobierno, a partir del mes de enero 2013, se da luz verde para el restablecimiento de todas las licencias que en el anterior gobierno habían quedado suspendidas, de esa cuenta que empiezan a crear las condiciones para la atracción de la inversión extranjera en materia de exploración y explotación de minería de metales.

Según cifras proporcionadas por el Banco de Guatemala[6] (IED), las empresas extranjeras que operan en el país invirtieron US$405,9 millones durante el primer trimestre y US$364,6 millones en el segundo del año 2012. Superando los US$523,5 millones captados durante el primer semestre de 2011.

Los sectores beneficiados con mayor inversión extranjera son energía, minería y la industria textil, lo cual supone US$770,5 millones de Inversión Extranjera Directa durante el primer semestre de dicho año. El sector de energía eléctrica es uno de los que mayor inversión ha captado en los rubros de generación y transporte. Seguido por la industria minera con compañías canadienses como Tahoe Resources que invertirá más de US$500 millones en la mina San Rafael; y en manufacturas livianas se tienen inversiones en el sector de vestuario y textiles. Los inversionistas provienen de Colombia, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, España, Canadá y de algunos países asiáticos.

Una de las posibilidades que se tienen es lograr inversiones en el sector petrolero. Existe un plan para atraer a compañías internacionales con la licitación de siete áreas de exploración que impulsa el Ministerio de Energía y Minas

Del anterior gobierno, Luego de dos años[7] de no otorgar licencias mineras, en el presente gobierno a través delMinisterio de Energía y Minas, se autorizó la exploración y explotación en los departamentos de Alta Verapaz, El Progreso, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Quiché y Santa Rosa.

De las 180 solicitudes que estaban pendientes, el Ministerio ya ha resuelto unas 100, señaló el titular de la cartera, Érick Archila. Ya se han otorgado las licencias para la exploración de Cerro Tzumuy, El Cangrejo de Oro, Juan Bosco, Chocoyos, Asunción, Serchol III, Sebax y Chimiagua.

A partir de entonces, la administración del actual Gobierno del ex general del Ejército Otto Pérez Molina, se puede evidenciar una intencionalidad que con la justificación de proveer seguridad ciudadana ha invertido mayor presupuesto para crear las condiciones en materia de seguridad para la inversión de las empresas extranjeras, específicamente en lo que se relaciona con la venta de bienes naturales de las comunidades indígenas, imponiendo destacamentos militares. Asimismo de incrementar sus estrategias militares para la represión, de defensoras y defensores de derechos humanos en la montaña y en todo el país.

La conflictividad en el territorio tiene un ascenso a partir del 8 de marzo del año 2012, cuando se realiza la captura del Mayordomo, representante de la Comunidad Indígena a partir de un desalojo que se realizara en la ocupa de una finca expropiada a la montaña por terratenientes con titulación supletoria.

A partir de allí la serie de acontecimientos de represión contra la protesta por recuperación de territorio ancestral y la defensa contra minería, fueron condiciones para que el Gobernador departamental iniciara a solicitar el estado de Excepción.

Fueron los mismos diputados por el departamento de Jalapa quienes desde su Bancada de Unión del Cambio Nacional (UCN), en el Congreso de la República, el día 15 de octubre de 2012, se reunieron con el Ministro de Gobernación para solicitar el estado de sitio.

“El ministro de Gobernación[8], Mauricio López Bonilla, se comprometió la semana última a reforzar la seguridad en la cabecera de Jalapa, debido a la zozobra que ha generado la invasión de tierras en este lugar por parte de campesinos de Montaña Santa María Xalapán, quienes han causado enfrentamientos entre los propietarios de inmuebles, los cuales han cobrado la vida de varias personas en los últimos días. El ministro habló de la posibilidad de un estado de Sitio, pero dijo que es un asunto que hay que consultar con el presidente Otto Pérez Molina”.

Mario Cantoral, gobernador departamental de Jalapa, expresó:

“Espero obtener el apoyo del Gobierno, pues se pretende que ya no existan más pleitos y pérdida de vidas humanas”.

Así, el territorio de Xalapán, a través de sus autoridades comunitarias de orden Mayor, mantuvo relacionamiento desde la Mesa de Dialogo que se instauro como un resultado de la Marcha Indígena campesina y popular que se movilizo el 18 de marzo desde Cobán hasta la Casa Presidencial, demandando el rechazo de los megaproyectos en comunidades indígenas, la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral y en el caso de Xalapán el reconocimiento de La Cedula Real, donde determina sus colindancias de territorio ancestral.

El 21 de noviembre de 2012, emitimos un comunicado urgente como mujeres indígenas organizadas en la montaña a partir de que:

“A ocho días de la consulta de vecinos, donde 10.022 personas dijeron No a la entrada de empresas Mineras en Mataquescuintla. El recién pasado lunes 19 de noviembre como resultado de la insistencia de la Minera San Rafael de seguir creando las condiciones para hacer funcionar la fase de explotación del yacimiento de plata, a través de excavación subterránea, un grupo de pobladores impidió el paso a vehículos que transportaban 150 sacos de 52 libras, con explosivo Anfomaya, una mezcla controlada de nitrato de amonio y aceite combustible; 225 cajas de emulsión con 52 candelas cada una; ocho rollos de cordón detonante, este material puede explotar con solo lanzarlo al suelo; dos mil 300 detonantes de diferentes medidas, explosivos encartuchados[9].

“De esa situación resultaron incendiados 5 vehículos y un camión de la Mina San Rafael, desconociéndose el paradero de los explosivos. La mañana del jueves 22 se llevó una serie de operativos en diversas viviendas de Mataquescuintla, Jalapa, aduciendo la búsqueda de los mismos y teniendo un listado con órdenes de captura, no encontrándose en los allanamientos rastros de los explosivos.

“Con profunda preocupación fuimos testigas del fuerte operativo policiaco realizado con el apoyo del Ejército, pues se contabilizaron más de 35 autopatrullas de la PNC, y un camión con personal del Ejército, que fue apostado en las principales entradas y salidas del municipio de Mataquescuintla”.

En un segundo comunicado urgente que emitimos el 18 de marzo, informamos de:

“La emboscada de la noche del 17 de marzo, luego de una reunión en seguimiento de la Consulta Comunitaria en Mataquescuintla Jalapa, conllevo al secuestro de los integrantes de la Junta Comunal del Gobierno Indígena de la Comunidad indígena Xinka de la montaña de Santa María Xalapán Jalapa, en su caso el Mayordomo como el representante de más de 85.000 habitantes en la montaña, asimismo el Principal Mayor, el Secretario y tesorero junto a otros dos compañeros más. Esta situación ha sido una de las problemáticas que ha agravado la situación de defensa territorial en la montaña, al tener noticias esta mañana de confirmarse el asesinato del Secretario, Sr. Concepción Ucelo, y de otra persona aun no identificada”.

El plantón pacífico contra la minera en San Rafael Las Flores, inició el lunes 8 de abril para exigir la anulación de esta licencia que no cuenta con la solvencia social. Por su parte, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dio declaraciones por la noche posicionándose en defensa de la empresa minera.

El 11 de abril de 2013[10] fueron capturados 26 comunitarios de la resistencia pacífica de San Rafael las Flores, en la comisaría 32 de Cuilapa, Santa Rosa. Abogados de CALAS y Madre Selva que acompañan al caso, informan que presentaron una exhibición personal a las 4:10 pm de la tarde para verificar el estado en el que se encontraban los campesinos detenidos. Como ha sucedido en otros territorios, las detenciones son ilegales por varias razones:

  • Las fuerzas de seguridad ingresaron a un terreno privado sin orden de allanamiento.
  • Fue hasta aproximadamente 7 horas después de su captura (11:00 pm) que se hizo presente el juez de paz a la comisaría, con lo cual incurrió en una irregularidad según el Código Procesal Penal, explicó un abogado de CALAS. Hasta ese momento a los 26 detenidos se les informó los cargos que se les imputan: asociación ilícita y atentado. No obstante, el juez se basó en el reporte policial, que registra la detención a las 6:00 pm, contradiciendo a la exhibición personal del CALAS y los relatos de los detenidos. Los primeros reportes que llegaron a este centro de medios fue a las 4:10 pm.
  • Varios de ellos presentan lesiones en el rostro, indicando la fuerza violenta con la que actuaron los policías antimotines.

“Según testigos, también hay mujeres que fueron lastimadas durante el desalojo violento. Entre ellas una mujer de 64 años que terminó con quemaduras en las piernas debido a los gases lacrimógenos lanzados.
Del terreno privado donde se asienta (con permiso del dueño) la resistencia pacífica del plantón El Escobal, se llevaron aproximadamente 15 vehículos de los vecinos que ahí permanecían; entre estos hay uno que no aparece. También los policías incautaron la comida, varios quintales de maíz, una planta de energía y documentos de identificación que se encontraban en dicho terreno privado”.

El Ministro de Energía y Minas, Erick Archila, en conferencia de prensa el pasado 3 de abril, dio a conocer la aprobación de la concesión de explotación minera de la Mina San Rafael Escobal 1, sin previa consulta con las comunidades afectadas.

El sábado 27 de abril la seguridad de la empresa disparó contra seis comunitarios de San Rafael Las Flores que se dirigían al plantón de resistencia frente a la mina, el resultado final, 6 comunitarios fallecidos. El lunes 29, a pesar de 8 consultas comunitarias que rechazan el proyecto por las y los pobladores, el presidente Pérez Molina firmó el acuerdo oficial con la minera.

En su discurso oficial dijo:

“Muchísimas[11] gracias al señor ministro de Energía y Minas, Erick Archila; al señor Donald Paul Gray, presidente de la minera San Rafael; al señor José Miguel de la Vega, viceministro de Energía; a la señora Ivanova Ancheta, viceministra de Desarrollo; al señor José María Cantoral, gobernador departamental de Jalapa; a los señores ministros y secretarios de Estado.

“También quiero agradecer la presencia de los señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático, cuerpo consular y organismos internacionales que hoy nos acompañan en este acto; a los señores diputados de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República; a los señores alcaldes municipales, muchas gracias, en especial a los seis que hoy están aquí presentes en beneficio del desarrollo de cada una de sus comunidades; a los señores miembros del sector privado y a los señores miembros de los medios de Comunicación, quiero decirles que el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Energía y Minas, reitera su compromiso con el Estado de derecho y con base en ello reafirman su convicción, la cual establece que todas las actividades extractivas que se realicen en Guatemala deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que están vigentes, contribuyendo de esta manera al desarrollo social, ambiental y económico de todos los guatemaltecos, en este convenio queda registrada la responsabilidad ambiental y aquí les puedo mencionar muy rápidamente que a la fecha la Minera San Rafael ha implementado más de 130 puntos de monitoreo ambiental en la flora, fauna, recursos hídricos, aire y ruido con el fin de garantizar que su trabajo no afecta el entorno natural del lugar y de los municipios que de una u otra manera están cercanos a la actividad de la mina.

“También es importante mencionar los números de la inversión que está haciendo la minera en nuestro país, que son los Q3 mil 200 millones ($410 millones) del costo de la construcción del proyecto más Q360 millones ($46 millones) en compras y servicios durante esta fase, Q826 millones ($106 millones) en equipo y maquinaria en los años que vienen de aquí en adelante, que vienen para la explotación de la mina, Q200 millones ($25 millones) anuales en compras y servicios de operación, es importante también mencionar este dato, que en impuestos, contribuciones y regalías, por cada dólar (Q7.8) que reciba la empresa, 35 centavos (Q2.73) se quedan aquí en Guatemala, esto es importante mencionarlo porque se habla del 1 por ciento en regalías y ahora en el convenio el 5 por ciento, lo que hay que mencionar es que con impuestos, contribuciones, regalías se van a quedar en Guatemala 35 centavos por cada dólar que reciba la empresa y eso quiere decir entonces que el 35 por ciento de los ingresos de la empresa se queda aquí. Hay que mencionar que son Q180 millones ($23 millones) anuales en impuestos que se van a pagar por medio de la Minera San Rafael, también los Q29 millones ($6.6 millones) anuales en regalías voluntarias a los municipios de jalapa y Santa Rosa, que están alrededor del municipio de San Rafael.

“Asimismo es importante dar a conocer que se van a pagar Q256 millones ($33 millones) en impuestos sobre la renta y Q65 millones ($8.3 millones) anuales en impuestos y regalías en el municipio de San Rafael las Flores, que es donde se va a realizar el trabajo, esto quiere decir que en situado constitucional, en IVA paz y en otras contribuciones y con lo que va a desarrollar la mina, va a recibir 11 veces más del presupuesto que tiene actualmente este municipio, a través de este Acuerdo las municipalidades que están hoy aquí van a recibir 27 millones distribuidos en los diferentes municipios, y es importante que entre los rubros más significativos a cancelar destacan Q256 millones que ya mencioné en torno al impuesto sobre la renta y Q72 millones ($9.2 millones) que se van a pagar al IVA”.

Sus declaraciones oficiales demuestran la intencionalidad de otorgamiento de la licencia en su fase de explotación, porque garantiza el negocio que engrosara la cartera de corrupción en el país, (Jalapa ocupa los primeros lugares de corrupción institucional en el país) a través de ministerios, así también lo que implica de beneficio para terratenientes, porque se desestima el seguimiento de la expropiación histórica del territorio ancestral. El beneficio del partido de la UCN, porque su secretario General, también está involucrado como terrateniente y los diputados de su partido tuvieron implicación en las concesiones otorgadas y en la solicitud del estado de sitio.

El martes 30, después de varios incidentes violentos que no son claros, cuatro patrullas resultaron quemadas, y perdieron la vida un campesino y un policía. 
Ese mismo día se realizó la captura del Jefe de Seguridad de la Mina San Rafael, por haber ordenado que se dispara contra los comunitarios.

Para amanecer el 1ro. de Mayo informamos de la tensión, luego que la tarde del recién pasado día lunes, ingresara un fuerte operativo policial a la montaña, donde según declaraciones del Ministro de Gobernación era para realizar órdenes de capturas de personas vinculadas con extorsiones.

La población alarmada por la situación que se ha estado dando de represión por manifestarse contra la entrada de operaciones de la Minera San Rafael este próximo 25 de junio de 2013, procedió a protestar nuevamente contra la presencia policial, la fuerza y el control que se pretendió imponer contra la población, conllevó a que en medio del forcejeo quedaran 24 integrantes de la policía nacional civil en el territorio, y fue hasta el siguiente día que con más de 90 radio patrullas las cuales desde su entrada a la montaña, iniciaron lanzando bombas lacrimógenas y disparando indiscriminadamente.

Algunos pobladores reaccionaron en defensa y muchos se replegaron en resguardo de sus vidas. Tanto policías como comuneros heridos por arma de fuego, da como resultado una situación tensa y violenta.

Las rotundas declaraciones del Ministro de Gobernación de tildar públicamente de terroristas a defensoras y defensores de Derechos Humanos que actualmente protestan contra la entrada de operaciones de la mina, pone en riesgo la estabilidad social en la montaña, debido a que no se puede hablar de democracia en un país donde nunca hubo una consulta previa a la comunidad para la instalación minera.

La situación de Defensoras y defensores de territorio se ve amenazada cuando a partir de la reunión en Consejo de Ministros, la noche del 1 de mayo, se determina el Decreto 06-2013 donde se impone el Estado de Sitio para los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, en las comunidades de Xalapán, Casillas, San Rafael Las Flores y Mataquescuintla.

La madrugada del día 2 de mayo, el desplazamiento[12] masivo de 8.500 elementos del ejército y de la Policía Nacional Civil, efectúan 16 órdenes de captura, con la autorización judicial de 53 allanamientos. Tanques del ejército, vehículos, helicóptero y camiones del ejército se desplazaban por doquier, esto ha provocado desestabilización social, temor, inseguridad y grave preocupación porque no se garantiza el respeto de los derechos humanos de la población.

Nosotras las mujeres montañeras, xinkas y feministas comunitarias, hacemos responsables a los Gobiernos anteriores y al Gobierno de Otto Pérez Molina, a diputados de la UCN, porque fueron quienes concesionaron y crearon las condiciones para que hoy en la montaña se viva el conflicto territorial contra la minería.

Condenamos las acusaciones del Ministro de Gobernación de nombrar al movimiento de resistencia como terroristas. Somos Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, con la legítima garantía de defender un territorio indígena. Un derecho a vivir una vida sin violencia, en un lugar libre de minería.

Condenamos el estado de sitio; todas las manifestaciones de amenazas, persecución, interrogatorio, vigilancia, que se hace de las y los defensores, condenamos los allanamientos, las ordenes de captura, porque con esto se pone en riesgo el actual proceso de la Consulta de vecinos que se realizaría en el mes de mayo en Jalapa.

Condenamos la captura de nuestra hermana Laura Leonor Vásquez Pineda de la comunidad de Mataquescuintla, ejecutándose la captura con más de 100 elementos de la Policía Nacional civil y soldados en su casa de habitación. Los allanamientos en casas de hermanas de San Rafael, la inmovilidad de las mujeres en Xalapán, porque no pueden moverse en tranquilidad para sus labores cotidianas, su vida comunitaria y la organización. El estado de sitio genera en las mujeres el temor a ser víctimas del acoso y de la violencia sexual. Este antecedente es el efecto en la vida de las mujeres en el caso de Barillas y San Juan Sacatepéquez.

Hoy nuestro pueblo resiste otro mecanismo en la línea de implantar un modelo de desarrollo capitalista en su fase neoliberal, arremete contra nuestros pueblos, atenta contra la vida y nos está llevando al exterminio, Sí al exterminio del pueblo xinka.

Las defensoras y defensores de Derechos Humanos, defendemos la vida, nuestras vidas, la vida en el planeta, defendemos la posibilidad de generar otro modelo de vida para garantizar a otras generaciones un espacio territorial armónico, libre de calentamiento global, de industria extractiva, hidroeléctrica, petrolera y cultivos monoextendidos para agrocombustibles.

Condenamos la implantación del Corredor transatlántico de oriente, porque desplaza la vida, la cultura, la comunidad y las formas de vida natural y fauna en la región. Atenta contra la revitalización identitaria y territorial de pueblos originarios xinka y chortí.

Hacemos un llamado al pueblo Canadiense para que se informe e interpele a sus funcionarios en relación de la grave violación de derechos humanos que está efectuando la empresa Minera San Rafael, filial de Thao Reosource, sobre el pueblo xinka en Jalapa y Santa Rosa.

A las organizaciones e instancias nacionales e internacionales que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el país, a estar atentas de la situación de estado de Sitio en la región oriente. Asimismo a la ciudadanía en general para que se puedan sumar a las acciones de protesta sin violencia que está convocando el movimiento indígena, campesino, popular, feminista, académico y sindical.

Que nos acompañe la luz y claridad en las acciones de resistencia ante los efectos de este Sistema Capitalista neoliberal, patriarcal, racista y colonizador.

¡Nuestro territorio cuerpo-tierra no se vende! ¡Se recupera y se defiende!

Liki tuyuhaki na altepet cwerpo-naru

Altepet xinka na Xalapán

3 de mayo de 2013. Guatemala

 


[2] Boletín No.19 Guatemala, Brigadas Internacionales de Paz. diciembre de 2009

[4] Contenido de la denuncia presentada ante el Relator Especial Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los indígenas de la ONU.

[5] Véase artículo informativo en la página oficial de la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, de fecha: 29 de abril de 2009.

[6] ComercialGuatemala. Análisis Económico Comercial -Guatemala– Año 2012.

[7] “Desempeño Macroeconómico y Perspectivas”. Banco de Guatemala. 30 de noviembre 2012. ProChile | Oficina Bussiness to Business Central America Data. 03 de mayo 2013. http://www.centralamericadata.com

[9] Información difundida por medios locales de comunicación y autoridades departamentales.

[10] Véase: Publicado por Centro de Medios Independientes el 11 abril, 2013.

[11] Véase la página de la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia. Día 29 de abril 2013.

[12] Prensa Libre, pagina 2 y 3, Primer plano. 03 de mayo 2013.

 

Fuente: Otramerica