Voracidad de mineras ignora rechazo de comunidades

no-mineria1Ante la indiferencia –o complicidad- de las autoridades federales, en especial de la Semarnat y la Profepa, continúan las muestras de voracidad por parte de empresas extranjeras que por su riqueza han elegido al estado de Puebla para llevar a cabo sus proyectos de explotación de la tierra.

Tal es el caso de las empresas Minera Gavilán SA de CV y Minera Cerro Grousse S. de RL de CV, subsidiarias de la trasnacional canadiense Almaden Minerals, que se han pasado por el arco del triunfo la inconformidad social que ha generado su presencia en el municipio de Ixtacamaxtitlán, ubicado al norte -y considerado el segundo más extenso (tiene 614.88 kilómetros cuadrados)- de la entidad.

Como ha venido sucediendo en otros puntos de Puebla con empresas similares, representantes de esta compañía de Canadá han entrado ya a terrenos de pequeños propietarios y ejidatarios, sin autorización y de forma prepotente, con el fin de llevar a cabo de forma abierta actividades de explotación minera.

De acuerdo con los testimonios de los habitantes, quienes poco a poco se han ido organizando para protestar por lo que consideran una agresión a su patrimonio y un atentado ecológico, los trabajadores han sido sorprendidos con aparatos detectores de metales, con lo que realizan perforaciones profundas en busca de oro o plata.

La misma actitud de prepotencia han mostrado los ingenieros de la empresa durante las reuniones comunitarias que se ha realizado para exigirles una explicación. “Nos humillan, nos callan con lujo de violencia, ninguneándonos y diciéndonos que no sabemos nada, que somos unos ignorantes”, señalan los vecinos.

Lo cierto es que todo obedece a un perfecto engaño, solapado por el gobierno; de hecho, en varias ocasiones se han presentado –e incluso disfrazados- como personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con la finalidad de examinar manantiales y valorar el abastecimiento de agua en la zona.

Pero la gente ya está cansada. El pasado 3 de noviembre, la población de Ixtacamaxtitlán –mayoritariamente indígena- realizó una caravana informativa sobre las concesiones que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha otorgado a la minera canadiense y que afectan a numerosos terrenos del municipio.

Lo más grave es que el fantasma de la violencia y la intimidación se pasean, e impunemente, por la comunidad, dado que, ante el evidente enojo de los ejidatarios y jefes de familia, representantes de Almaden Minerals han amagado con llevar al Ejército si continúan negándose a avalar las maniobras.

También han intentado dividir a la población repartiendo dinero o “donativos” a algunos de los vecinos, crear celos y resentimientos entre ellos y justificar así una intervención por parte de la fuerza pública.

La preocupación en Ixtacamaxtitlán crece dado que ya se empieza a presentar escasez de agua en algunos de los manantiales, lo que puede explicarse con las más de 330 perforaciones realizadas a la fecha por la minera de Canadá a más de 400 metros de profundidad, es decir, modificando el curso de las corrientes de aguas subterráneas.

Como aliado de los intereses extranjeros ha aparecido ni más ni menos que el presidente municipal, Erik Osvaldo Gorozpe Treviño, personaje extraído de la película “La Ley de Herodes” y quien a cambio de jugosos beneficios personales, se ha mostrado dócil y solícito ante sus verdaderos patrones: las mineras.

Las mismas que aseguran contar con toda la protección del gobierno federal, que “debajo de la mesa” ciertamente les ha extendido autorización para explorar en alrededor de 55 mil hectáreas de ese municipio, pero con consecuencias verdaderamente devastadoras para el medio ambiente y la salud de los habitantes, como lo han demostrado otras experiencias en México y el mundo.

¿Hasta cuándo?

Eso mismo se preguntan cientos de familias poblanas que siguen siendo víctimas de la fiebre del oro.

Una enfermedad crónica, progresiva y degenerativa y que, por desgracia, empieza a dejar sentir sus efectos nocivos en el estado de Puebla, ante, como se ha dicho, la indiferencia –o la complicidad- de las autoridades federales.

 

Fuente: e-Consulta