El fracaso de la política neoliberal circunscrita a los Tratados de Libre Comercio

 

logo-m4-nuevo

foro-nacional-zacualpan-flyer

logo _rema

COMUNICADO

“EL FRACASO DE LA POLÍTICA NEOLIBERAL CIRCUNSCRITA A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO”

Sr. Presidente de la República mexicana
Sr. Presidente de los Estados Unidos de Norte América
Sr. Ministro de Canadá

Los pueblos y comunidades de México opositores al Modelo Extractivo Minero Depredador, reunidos en el Foro Nacional 2014 celebrado en Zacualpan, Municipio de Comala, Estado de Colima, hacemos manifiesta nuestra postura con relación a los acuerdos que desde hace 20 años fueron firmados por las tres naciones, en el marco de los acuerdos que dieron forma al conocido “Tratado de Libre Comercio” (TLC).

En la víspera de la reunión que ustedes sostendrán en la Cd de Toluca el próximo 19 de febrero, y en la cual preparan la “renovación y ajustes” de los acuerdos comerciales entre las tres naciones, vemos es imprescindible recordarles que no es posible que sigan impulsando este tipo de tratados haciéndonos creer que son la solución a los problemas que enfrentamos, cuando hay cientos de investigaciones y casos en donde se muestra cómo es que su modelo global tiene claros signos de agotamiento, es recesivo a los derechos humanos, y está acabando con los bienes naturales de forma dramática por su rapaz visión de mundo que comparten entre ustedes y todo el aparato que representan, al entregar a las empresas trasnacionales rapases e insaciables que día a día destruyen comunidades, población y ecosistemas en todos los rincones del mundo.

Es claro que cada año somos más las comunidades que estamos en resistencia y plena confrontación con las empresas mineras de capital nacional, extranjero o trasnacional, en especial canadienses, pero no únicamente, por la clara, recurrente e intransigente forma en la cual pretenden apropiarse de los bienes naturales que hay en nuestros territorios, quienes en su mentirosa visión de progreso y desarrollo, ocasionan graves e irreversibles daños a la salud y el ambiente, a la vez que destruyen el tejido social con el fomento de divisiones entre las personas, lo cual facilita el crecimiento de zonas inseguras vinculadas al crimen organizado e incluso, solapando crímenes de valientes dirigentes comunitarios, que siempre son encubiertos y protegidos por el aparato estatal y federal.

Para nosotros no es ajeno que el gobierno canadiense acaba de anunciar su Plan de Acción sobre Mercados Globales en donde se habla de “la diplomacia económica” como un gran enfoque en el cual, según el gobierno; “Todos los bienes diplomáticos del Gobierno de Canadá se canalizarán en respaldo del sector privado para lograr los objetivos indicados en mercados extranjeros claves” (anunciado el 27 de noviembre de 2013), entre los cuales se incluyen: México, Brasil, Chile, Colombia y Perú dentro de la región de América Latina.

Ya tenemos documentación de 12 casos sobre lo que significa este tipo de “diplomacia” en el contexto de aquellas comunidades que se oponen a los proyectos mineros o sobre quienes realizan denuncias de abusos con respecto a la minería: Antecedentes: Una docena de ejemplos de la diplomacia minera canadiense, y para ello basta mencionar el caso Blackfire en Chiapas como ejemplar: Informe revela respaldo de Diplomacia canadiense a letal proyecto minera de la empresa Blackfire.

También realizamos un fuerte seguimiento a leyes, reglamentos y demás procesos jurídicos y hacendarios en donde claramente notamos cómo los parlamentos se pliegan a favor de las empresas extractivas, a tal grado que hoy cada vez es más frecuente ver a naciones enteras en total indefensión por tomar acciones en contra de las empresas, a la vez que las empresas someten a gobiernos locales en tribunales internacionales de arbitraje para resolver disputas en torno a los bienes naturales, como si estos fueran de ellos y no de los pueblos y las naciones, tal como está documentado en los casos presentados en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, en donde, hasta marzo del 2013, había 169 casos de inversionistas vs el estado. Del total de casos, 60 de ellos, es decir, el 35.7% se relacionan a disputas por petróleo (23), minería (19) o gas (13) y hay más de 5 casos relacionadas con proyectos combinados de petróleo y gas.

Otra muestra de la gran presión que ahora ejercen las empresas sobre las naciones, se observa desde el 2012 en el cual se registraron 48 nuevos casos en el CIADI. 17 de estos (35%) se relacionan con industrias extractivas y todas son en contra de países en desarrollo, pero llama la atención que el 46.7% del total de casos corresponde a procesos entre las empresas y los países de Latinoamérica y el Caribe dejando claro como el imperio impone su sello.

Una muestra de esos casos está fuertemente vinculada a demandas realizadas por empresas canadienses: Por ejemplo Pacific Rim Mining (ahora Oceana Gold) ha demandado a El Salvador presionando al gobierno de ese país a que autorice permisos de explotación de un proyecto minero de oro que sería potencialmente devastador para el medio ambiente. En torno a Pacific Rim, el tribunal del CIADI decidió que carecía de jurisdicción bajo el TLC entre Centro América, Estados Unidos y la República Dominicana (RD DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) por tratarse de una empresa canadiense, pero que el caso podría continuar bajo las leyes de inversión del propio El Salvador. Pacific Rim está demandando a El Salvador por $301 millones de dólares (el equivalente a aproximadamente el 1.8% del PIB de El Salvador o alrededor de la mitad del total de su presupuesto de educación).

Dos meses después del asesinato de Mariano Abarca y después de la clausura de su mina “Revancha” por la autoridad ambiental estatal en Chiapas, México Blackfire Exploration amenazó al estado de Chiapas con una demanda de $800 millones de dólares.

La empresa Infinito Gold está amenazando a Costa Rica con una demanda de un mil millones de dólares; Costa Rica ha prohibido la minería de oro a cielo abierto y ha habido fallos sucesivos de la Corte Suprema de su país en contra del proyecto “Crucitas”. Además de amenazar al estado, la empresa ha demandado a un par de profesores y un abogado por haber hecho declaraciones en contra de su proyecto. (ver más en: Más de un cuarto de millón de personas apoyan a Costa Rica frente a una inminente batalla legal internacional con la minera canadiense Infinito Gold y Mensaje a Infinito Gold-Canadá ¡Abandone la descabellada demanda (CIADI) en contra de Costa Rica!)

Por si fuera poco, el propio gobierno canadiense anuncia la inversión de $25 millones de dólares para la creación del Instituto International Canadiense para las Industrias Extractivas y Desarrollo, que implica la colaboración entre tres universidades;, la Universidad de Columbia Británica, la Universidad de Simón Fraser y la Escuela Politécnica de Montreal. El financiamiento proviene de fondos de la cooperación internacional canadiense con un mandato para colaborar con gobiernos en otros países sobre sus políticas y instituciones responsables para el manejo de los recursos naturales, supuestamente para mejorar y fortalecer la gobernanza sobre los recursos naturales en otros países. Es lamentable que estas universidades, como otras en el mundo, estén también plegadas al servicio de las empresas y pierdan el sentido ético y moral que debe tener la ciencia, para no esconder o encubrir daños ambientales o a la salud.

Ese instituto por supuesto que ya dispone de relaciones estratégicas y financieras con: Goldcorp, New Gold Inc., Fresnillo, además de la Subsecretaria de Industria de México, la Coordinación General de Minería de México y la Dirección General de Promoción Minera de México.

Son múltiples las formas en las cuales empresas y gobiernos ejercen mucha influencia diplomática para armar leyes a modo en aquellos países que disponen de bienes naturales minerales. La asesoría técnica pagada por la cooperación internacional canadiense (2012-2013) que contribuyó al desarrollo de la nueva ley minera en Honduras, es una pequeña muestra, a tal grado que su aprobación, en enero de 2013, levantó un moratorio minero instalado desde 2006, posibilitando la apertura del sector minero para nuevos proyectos e implementando un nuevo impuesto de seguridad para las empresas mineras que se destinará a las fuerzas de seguridad defiendan los intereses privados.

Ejemplos como los mencionados son recurrentes y comunes en todos los países latinoamericanos y por supuesto México vive procesos similares en donde hay una clara tendencia a que los gobiernos dejen de ser útiles a la sociedad y se vuelvan utilitarios de los intereses de empresas trasnacionales extranjeras y nacionales.

Leyes a modo, falta de la aplicación de aquellas leyes que todavía protegen a pueblos, comunidades y al medio ambiente, aunado a la impunidad, la corrupción de funcionarios e inspectores y la inseguridad creciente y vinculada al crimen organizado, son el soporte central de las empresas extractivas. Por el contrario, los pueblos opositores carecen del respeto básico a sus derechos, no se les consulta, se realizan procesos informativos con coacción, se criminaliza la protesta social o se asesina a dirigentes y opositores, siendo ello consecuencias que están siempre presentes en los proyectos de empresas vinculadas al modelo extractivo minero depredador.

Por todo ello, les exigimos se abstengan de defender los intereses de las grandes corporaciones mineras y se centren en que los pueblos tengan total garantía del estado de derecho y se respeten los derechos humanos que los gobiernos han ratificado en instrumentos internacionales. Mientras tanto, los pueblos seguiremos en resistencia contra sus políticas depredadoras que violentan la vida de los pueblos.

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Foro Nacional de Afectados por la Minería 2014 de Zacualpan

Descargar Comunicado .pdf