El gobierno de Guatemala expulsa a defensores de DDHH de PBI para proteger a las mineras

La fórmula es conocida. Gobiernos como el de Guatemala consideran que su población es “ignorante” y que precisa de extranjeros para organizarse y exigir sus derechos. Conclusión: Otto Pérez Molina se quita la máscara y ordena la salida de dos voluntarios de Brigadas Internacionales de Paz (PBI)

ddhh-guetamalaEn Guatemala se vive una grave situación respecto a los derechos humanos y a las personas que luchan por éstos. En apenas cuatro días el Gobierno ha dado muestras de una política arbitraria y nada respetuosa de la legislación internacional de los derechos humanos. El día 26 de junio detuvo a los líderes campesinos del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) Mauro Vay Gonón, de 60 años, Blanca Julia Ajtun Mejía (38) y Mariano García Carrillo (64) en Chiantla (Huehuetenango) después de que fueran denunciados por la empresa energética Energuate. El 1 de julio, este mismo gobierno, citaba a dos voluntarios de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) para comunicarles que les retiraban su residencia y que tienen hasta el 10 de este mismo mes para abandonar el país.

Fuentes de Migración argumentan que los extranjeros (una española y un chileno) participaron de forma activa en mayo de 2014 en los choques entre policía y población civil que trataba de impedir la entrada de maquinaria a la mina El Tambor, en La Puya. En este mismo lugar, se produjo una masacre en en septiembre de 2013, cuando paramilitares mataron a 11 comuneros e hirieron de bala a otras 15 prsonas.

Antes de tomar la drástica decisión de la expulsión de los miembros de PBI, que supone la defensa de los megaproyectos mineros antes que la de los derechos humanos, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, había declarado que los extranjeros, en general, incitan a las protestas y manipulan a la población: “Lo que lanzo es una advertencia para todos los extranjeros que estén con visa de turista en Guatemala. No importa bajo qué bandera vengan, si son ecologistas (o) defensores de derechos humanos, lo que ellos se quieran poner como traje (…) no vamos a permitir su incidencia en los asuntos internos de Guatemala”.

La organización PBI emitió un comunicado el mismo 2 de julio en el que afirmaba que: “El voluntario y la voluntaria de PBI a quienes se refieren las resoluciones, mantuvieron presencia internacional en La Puya el 23 de mayo y observaron el desalojo violento del plantón de la Resistencia Pacífica de la Puya, sobre el cual PBI alertó en junio. Representantes de la DGM [Dirección General de Migración] presentes en La Puya en el momento del desalojo, se retiraron del lugar sin dirigirse directamente a las personas interesadas, tras comprobar que su situación migratoria estaba en orden mediante la verificación de su documentación identificativa por agentes de policía. En las semanas siguientes, varios medios de comunicación guatemaltecos se expresaron de forma difamatoria en contra de ‘extranjeros’ y organizaciones internacionales. Nos preocupa que la decisión de retirar la residencia temporal a dos integrantes del equipo de PBI pueda tener relación con informaciones falsas recogidas en medios de comunicación sobre el trabajo de observación internacional durante el desalojo”.

 

Difamaciones oficiales y paraoficiales

Tal y como denuncia PBI, diversos medios de comunicación se dedicaron a amplificar acusaciones como la de López Bonilla. Sin ir más lejos, tras los sucesos de La Puya, el 26 de mayo, el editorial de Prensa Libre aseguraba: “La Prensa publicó el sábado fotografías de personas extranjeras que parecían estar a cargo de dirigir las acciones de resistencia. Esto obliga a pensar que existen grupos foráneos interesados en causar problemas sociales en el país, y también necesario revisar qué debe hacerse con extranjeros que se encuentran dentro de los grupos de guatemaltecos que protestan porque sienten vulnerados sus derechos.

Muchos países, en casos similares, expulsan del país a estas personas luego de capturarlas y encarcelarlas, porque evidentemente se trata de un abuso a lo permitido a quienes tienen visa de turista”.

Por su parte, Rolando Castillo, en El Diario de Centro América, insistía en la infantilización de sus propios connacionales al atribuir a los extranjeros la organización de las protestas: “Sorprende cuando dicen representar a organizaciones de derechos humanos o ambientalistas, cuando lo que hacen es provocar, iniciar el fuego social que termina en enfrentamientos entre grupos y fuerzas de seguridad. Lo peor es que son copartícipes de las decisiones de poner en riesgo a niños, mujeres, mujeres embarazadas, ancianos, que en ese momento los convierten en instrumentos de presión y provocación, como lo sucedido la semana pasada en La Puya, San José El Golfo”.

 

Sin testigos

Para que no se conozcan los abusos contra la población civil, lo mejor es no tener testigos. Así lo han aprendido durante años gobiernos como el de México, con la expulsión de decenas de voluntarios internacionales, o el de Panamá, que también ha expulsado a activistas y periodistas. Ahora, Guatemala pisa el acelerador.

La Coordinadora de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP) cree que la retirada de la residencia a los dos activistas de PBI supone la constatación de la política estatal: “Equivoca el camino la Seguridad del Estado, no es con acciones represivas, en contra de la comunidad cooperante, como disminuirá la conflictividad social. Por el contrario, esto pone –de nuevo- en evidencia la esencia represiva de este gobierno y nos revela frente a la comunidad internacional como un Estado en donde no se respetan los Derechos Humanos”.

Iduvina Hernandez, en una columna en Plaza Pública, explica como los intereses mineros están detrás de la decisión oficial: “Una entidad como la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) ha dado pie para que su titular, el también general retirado Ricardo Bustamante Figueroa, concentre poder de acción y decisión a su sabor y antojo. Ligado a intereses de empresas de la industria minera, Bustamante Figueroa, –de triste recordación hasta por sus compañeros de armas que fueron víctimas de espionaje cuando estuvo en el Estado Mayor Presidencial–, ha sido pieza clave para esta acción arbitraria”.

El papel de Bustamante ha sido clave para que “así, sin más trámite, el gobierno que preside un militar retirado, el general de brigada Otto Fernando Pérez Molina, volvía a emular a su ex colega y tocayo Fernando Romeo Lucas García. Dictador el uno y dictador el otro. Arbitrario el uno y arbitrario el otro. Represor el uno y represor el otro. Porque la acción democrática no se les da. Les es absolutamente ajena”, insiste la periodista y defensora de derechos humanos.

La represión, de hecho, no cesa en Guatemala. La detención de los teres líderes de CODECO es una prueba. En El Periódico, Helmer Velásquez, considera que “he aquí una prueba irrefutable de que este no existe. Se ha cometido flagrante violación a la libertad individual. Un atropello a la dignidad. Se viola el derecho a la organización; expresión del pensamiento y acción política. Sin embargo, el asunto tiene otras implicaciones peligrosas: ‘envalentonar’ huestes ilegales de corte fascistoide. Por qué la permisibilidad del Estado, frente al ilícito… simple, mano dura contra el Movimiento Social; justicia mediada por intereses corporativos transnacionales”.

El colaborador de Otramérica Ollantay Itzamná recuerda que “en los últimos años, CODECA, se ha convertido en uno de los principales movimientos sociales articulados a nivel nacional e internacional. Al grado que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, llegó a calificarlo recientemente como: ‘Un cáncer social que se expande y afecta a los intereses económicos del país’”.

Si el Gobierno guatemalteco está criminalizando la protesta social y la defensa del territorio por parte de las comunidades, parece que ahora tampoco quiere testigos que lo cuenten al mundo o que acompañen a las y los defensores de derechos humanos locales.

PBI, con presencia en Guatemala desde 1995, ha recordado que le preocupa “que las resoluciones mencionadas perjudiquen las posibilidades de acompañamiento y observación internacional para contribuir a proteger espacios no-violentos de resolución de conflictos y de promoción y reivindicación de los derechos humanos en Guatemala. La labor que desarrolla PBI en el país responde, en todo caso, a la petición de organizaciones y actores sociales que tienen derecho a defender tales derechos, y a solicitar acompañamiento y observación internacional cuando debido a ello enfrentan amenazas y agresiones”.

Protección Internacional le recuerda a Guatemala sus obligaciones: “El marco jurídico universal e interamericano ratificados por el Estado de Guatemala, reconocen que es responsabilidad y deber fundamental de cada Estado respetar y proteger los derechos de las y los defensores de derechos humanos, prevenir violaciones en su contra, y no obstaculizar su labor cuando se hace en respeto del marco legal vigente. Guatemala debe respetar el derecho universal a la promoción y protección de los derechos humanos y adoptar medidas necesarias para prevenir de forma razonable las amenazas, hostigamientos y agresiones en su contra”.

Fuente: Otramérica