Informe: Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos

Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán),
Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro)

[Presentación]

Impacto socioambiental de la Mineria_Informe industria extractiva-HondurasEl modelo extractivista de explotación y apropiación de los bienes naturales comunes es, en la actualidad, el principal generador de conflictos territoriales. También es factor de persecución, amenazas, agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y ambientales, y de dirigentes de comunidades y organizaciones de base tanto en Honduras como en muchos otros países.

En nuestro país el extractivismo se ha venido profundizando especialmente cuando, 25 años atrás, se puso en marcha el modelo neoliberal basado en la alianza de los capitales multinacionales con las élites locales que identificaron en los ríos, los bosques, los minerales, el aire y los territorios una cantera certera para la producción de capitales, contando a su favor con la legislación y la connivencia de las autoridades y partidos políticos responsables de la conducción de la institucionalidad del Estado. Buscar las mayores ganancias con base en la explotación ilimitada de los bienes comunes de la naturaleza, sin importar los costos humanos y sociales, es la lógica que conduce el modelo económico extractivista.

En los últimos años, sobre todo a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los actores internacionales y nacionales promotores y ejecutores de este modelo han logrado que se aprueben paquetes legislativos que legalizan el extractivismo, aprovechando la enorme debilidad institucional y la presencia de funcionarios públicos proclives al soborno y al chantaje.

La aprobación de una nueva ley de minería, la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación minera, la construcción de represas, y la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), durante la administración del señor Juan Orlando Hernández, primero como presidente del Congreso Nacional y luego como Presidente de la República, ha profundizado el modelo extractivista.

Y a lo anterior se suma un nuevo ingrediente: la tendencia a la militarización y a fortalecer las políticas de seguridad que acentúan las medidas coercitivas por encima de las políticas preventivas. No solo se ha fortalecido a las Fuerzas Armadas y se ha mantenido la dinámica corrupta y criminal de la Policía Nacional, sino que se ha creado la Policía Militar del Orden Público con una línea de mando que reside en el Presidente de la República. Se trata así de un modelo económico extractivista sustentado en una triple alianza: las multinacionales con sus socios menores, las élites empresariales locales, y con un gobierno con un fuerte rasgo autoritarista y militar.

En este contexto se sitúa el informe que ahora ponemos a su disposición. Con este buscamos dar cuenta de cómo este modelo de explotación extractivista tiene una dimensión en las economías mundiales, pero que en Honduras ha encontrado el terreno fértil para radicalizarse, aprovechando la debilidad de la institucionalidad del Estado de Derecho, y profundizando su deterioro por los beneficios que supone para sus objetivos económicos.

En estas páginas se refleja la grave vulnerabilidad en que se encuentran los hombres y mujeres que no se resignan a obedecer las decisiones oficiales, y que han decidido defender sus vidas, sus comunidades, sus territorios, los bienes comunes de la naturaleza y, por tanto, su presente y su futuro.

Este informe se sitúa desde las experiencias precisas de las comunidades del valle del Aguán, Nueva Esperanza, Tela y San Francisco de Locomapa, en la zona atlántica hondureña.

Aquí se pueden observar las experiencias de lucha y de conciencia de muchas personas y comunidades que se resisten al arrollador dinamismo del modelo extractivista, con los riesgos y amenazas que ello implica.

Al cierre de la presente investigación fuimos impactados por el asesinato de Berta Cáceres, la más emblemática defensora de los bienes comunes de la naturaleza, siempre en oposición abierta y pública, nacional e internacional, al modelo extractivista.

La cuestionable actuación de los entes del Estado para reducir el impacto y las razones de este asesinato —catalogado como magnicidio—, es un claro ejemplo de la situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas y comunidades que se oponen al modelo extractivista y que defienden sus medios de vida y los bienes naturales en Honduras. Berta Cáceres lo dijo unos meses antes de su asesinato: “Es fácil que a una la maten en la lucha por el medio ambiente”.

Confiamos que este informe sea un aporte para continuar y fortalecer la lucha por la defensa la Madre Tierra, Nuestra Casa Común, y nos brinde luces para impulsar con renovada energía la construcción de una Honduras soberana, digna y plena, sin que su gente tenga temor a ser desalojada, criminalizada o asesinada, y donde nadie tenga que convertirse en extranjero en su propia tierra. Por ello necesitamos aportar a la búsqueda de un nuevo modelo, distinto del extractivismo. Un modelo que garantice tanto los derechos humanos como los derechos de nuestra madre naturaleza.

Padre Ismael Moreno Coto, SJ Director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)