El derecho al ambiente en la Constitución Política: Alcances y Límites

[PREFACIO]


LA POLÍTICA EN LA CONSTITUCIÓN

(UNA ANÉCDOTA JURÍDICA)

Rafael González Ballar

INTRODUCCIÓN
costa-rica_el-derecho-al-ambienteAdvertimos al lector que algunos aspectos que se mencionan en este artículo forman parte de una serie de confesiones que hemos querido hacer de los entretelones propios en la elaboración, discusión y posterior aprobación del artículo 50 de nuestra actual Constitución Política y de la Ley Orgánica del Ambiente. En una publicación aparecida en el periódico la Nación, el 5 de junio de 1985, día mundial del ambiente, manifesté la necesidad de que en nuestro país, para mejorar la protección del ambiente, se pensara en tres cambios fundamentales: una reforma constitucional, legislación ambiental general y una política clara hacia los asuntos ambientales.

En una época y suelo político fértil, durante el primer gobierno del presidente Arias Sánchez (1986-1990), el ministro del ambiente el Dr. Alvaro Umaña y el Dr. Carlos Quesada Mateo me piden coordinar el sector legal de la Estrategia Costarricense para el Desarrollo Sostenible (ECODES), y allí se acogieron dichas recomendaciones. El resto de la historia, como todos los fenómenos sociales, intervienen fuerzas que empujan hacia los cambios que veremos luego de Río 92, pero por igual la política mal entendida y algunos políticos miopes. Limitan todo lo ideal que podría ser la legislación ambiental.

Pero Señor Presidente el desarrollo sostenible es clave.

Corría la década de los noventa, gloriosa por sus logros jurídicos en materia ambiental, y por pasar a la historia como la década de oro en la especialidad. En el año de1992 sin interesar el día ni la hora, ni de cuál presidente de la Asamblea Legislativa hablamos, fui llamado a su oficina a una reunión urgente.

“Muchas gracias don Rafael por asistir a esta convocatoria en relación a las dudas que tiene la dirección de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de reforma al artículo 50 de nuestra Constitución Política. Debemos manifestarle que de los 3 proyectos existentes para reformar la constitución y dotarla de una garantía al medio ambiente es la que parece tener mejor acogida entre los diputados, por la lógica y fundamentación que tiene: dos de las reformas son para el artículo 6 constitucional.

La primera agregaba una frase al mismo que dice “También protegerá el ambiente en todo el territorio, procurando el mantenimiento ecológico favorable”. La segunda agrega todo un párrafo largo copia de los primeros artículos del Código Ambiental de Colombia”.

En su calidad de coordinador del grupo asesor de los señores diputados que conocen del Proyecto Geotérmico de Miravalles, notamos que han planteado además de la reforma constitucional al artículo 50 constitucional agregando un párrafo segundo, también la creación de una Ley Orgánica del Ambiente, y queremos plantearles una serie de dudas y sugerencias.

Como presidente de la Asamblea Legislativa me permito manifestarles que no creo que el proyecto de reforma constitucional pueda pasar la discusión en el plenario de la Asamblea Legislativa.

¿“Pero señor presidente por qué..?”

Para hablarle francamente, no es posible, mediante una reforma constitucional, imponerle a un país un tipo de desarrollo.

¿Pero cuál tipo de desarrollo se le impone al Estado Costarricense?

El desarrollo sostenible don Rafa, como lo dispone el artículo 50 del proyecto en discusión en su redacción actual y que claramente enuncia en su párrafo segundo, “Los organismos públicos impulsarán un desarrollo sostenido de los recursos naturales y el ambiente y respetarán las disposiciones contenidas en leyes, planes y cualesquiera otras regulaciones en materia ambiental”.

La redacción hace prevalecer el desarrollo sostenible como fórmula, por encima de lo económico, y además comprometemos a futuro cualquier otro planteamiento de desarrollo.

Señor presidente note Usted que nuestro planteamiento, para la reforma al artículo 50, entre sus fortalezas es que se encuentra dentro del capítulo de garantías sociales y aunque el párrafo primero es muy programático, hace referencia a la producción y al límite de equilibrio o racionalidad en la repartición de la riqueza. Esta última la podemos entender en su sentido económico, social y también el ecológico.

Al introducir la reforma al párrafo segundo empieza a tener más sentido para un ejercicio de hermenéutica ambiental. Por último, lo situamos dentro de la esfera de acción del artículo 74 constitucional que dispone su irrenunciabilidad, y no excluye interpretaciones más ricas derivados del principio cristiano de justicia social y que le indique la ley.

Además señor presidente me permito recordarle que con los tratados y declaraciones de soft law que nuestro país ha negociado y ratificado, empezando por Estocolmo en 1972, luego en la Declaración Brundtland y por último en Río 92, por mencionar algunos, ya nuestro país acepta implementar el concepto. Incluso, surge en el seno del mismo sistema económico capitalista para equilibrar los excesos del mercado y de la explotación de los recursos naturales.

Es de destacar también que nuestra Sala Constitucional ya viene interpretando y reconociendo el concepto, me permito leerle un párrafo de la sentencia, que Usted ya debe conocer me refiero a la 3705-93 y que para lo que nos interesa manifiesta “No puede dejar de hacerse referencia a la reunión convocada en julio de 1992 en Brasil, denominada Cumbre de la Tierra, en la cual se proclamó y reconoció la naturaleza integral e independiente del planeta. Dicha Declaración significa la aceptación de ciertos principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sustentabilidad. Los Estados signatarios, entre los que figura
Costa Rica, se comprometieron, dentro de la preservación del desarrollo sostenible, a la protección sobre todo del ser humano.”

Notemos como la misma Sala Constitucional al hablar del concepto se refiere a estilos de desarrollo que buscan la sustentabilidad. No es imponer un estilo específico si no una forma o estilo de enfrentar los retos del desarrollo. En la misma Ley Orgánica del Ambiente (LOA) que recomendamos a los diputados de la comisión, en su artículo 2 lo definimos en forma simple, como se hizo en Río 92, “el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras”.

En la reforma existe un deseo excepcional por sacar el máximo provecho a todas las declaraciones internacionales. Nuestra Sala Constitucional lo tiene bien claro como parte del bloque de constitucionalidad. Históricamente la reforma tendrá que reconocerse, como un esfuerzo por integrar las bases sociales y solidarias de la Carta Magna con la cuestión ecológica, nuevo elemento esencial para el desarrollo de cualquier país del mundo.

Además en las constituciones de muchos países del mundo aparece ya la tendencia a un constitucionalismo ambiental y al uso del concepto. En la comisión habíamos ya analizado la constitución de Ecuador de 1998 en su artículo 44 se habla de ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la garantía del desarrollo sostenible.

Don Rafa eso no importa, el asunto es que estamos traicionando el espíritu del constituyente. Máxime con lo programático y difuso que puede ser la interpretación del artículo 50 constitucional. Podemos como constituyente derivado llevar el asunto tan lejos?

Mire señor presidente, la Sala ha puesto atención al concepto de bloque de constitucionalidad y en las declaraciones de soft law, el 27 de noviembre de 1978, por primera vez, la Declaración contra la discriminación racial de UNESCO en su artículo 3 señala que el Derecho al Desarrollo es un Derecho Humano luego la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1983, y en la Declaración de Viena de 1993 se reafirma la existencia del derecho humano al desarrollo (individual y colectivo) y al derecho al ambiente donde se insiste en la necesidad de la sostenibilidad. Cómo piensa Usted que va a ser la hermenéutica por parte de la Sala Constitucional? Máxime si el derecho humano al desarrollo tiene implicaciones como lo dispone expresamente la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre de 1986, al considerar dicho derecho como aquel en el cual “…todos los seres humanos y todos los pueblos tienen derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales y a beneficiarse de este desarrollo”. Imagínese las posibilidades que tendrá nuestra Sala Constitucional para potenciar el derecho al ambiente como derecho humano.

Señor presidente y la Ley Orgánica del Ambiente?

Lo que hoy le recomiendo y le confieso es algo sobre lo que algún día tendré que escribir más.

La Asamblea Legislativa debería estar preocupada por la realidad internacional y nacional que empieza a revelar otras verdades incómodas que arrancan desde Rio 92. Costa Rica no escapa a estas realidades y todos conocemos el problema de la falta de una producción jurídica eficiente y eficaz para afrontar los problemas ambientales actuales. En realidad tenemos una generación de atraso en la producción del Derecho Ambiental. Las causas son múltiples sin embargo, creemos importante rescatar algunos aspectos que fueron discutidos en la Comisión que dio origen a la LOA y que por razones desconocidas fueron eliminadas pero que aún hoy conservan vigencia.

(continúa)

Fuente: Maestría en Derecho Ambiental