Proyectos mineros relacionados con la criminalización de los movimientos sociales

Tania Sosa, ingeniera y consultora independiente tiene experiencia en las industrias extractivas de minerías, Cambio Climático y Medio Ambiente. Forma parte de un equipo de investigación que trabajará el tema de la Minería, Economía y Derechos Humanos.

“Este es el enfoque que daremos a este estudio, que engloba a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua , donde buscamos, ante todo, fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales a partir de los problemas comunes que les afectan y establecer estrategias ante nuevas posibilidades de lucha desde organizaciones como Madre Selva de Guatemala, Centro Humboldt, de Nicaragua, ERIC de Honduras y CRIPDES de El Salvador en el tema de minería”, dijo a Diario Co Latino .

 

¿Cómo se constituye el proyecto?

El estudio contempla tres fases. La primera etapa tiene que ver con el análisis macroeconómico, porque hay diferencias entre países a excepción de El Salvador, que no tiene producción minera, ni exportación, o sea, nos estamos acercando a la perspectiva económica que incluye la generación de empleo, inversión financiera, o sea, todos estos aspectos de riqueza.

Después, exploraremos la parte sobre las concesiones (licencias de explotación) para ver el manejo de las mismas, entre el período 2006 al 2016, que utilizaremos en el estudio. Y el tercer aspecto, que es la principal, son las relaciones de derechos humanos por actividad minera tomando datos de cada país.

En este aspecto Madre Selva mandó documentado el Caso de explotación del Níquel, un proyecto de la CGN que fue comprada recientemente por una empresa rusa, entonces, ahí hay muchos procesos de adquisición de propiedades, que han sido bastante irregulares. Hay muchas evidencias de violaciones a procesos de obligatorio cumplimiento, como la consulta a los Pueblos Indígenas, que por ley deben tomar en cuenta su decisión de los proyectos en sus territorios, y vale la pena tomar este tipo de casos, para evidenciar las irregularidades que son muy comunes en Guatemala.

 

¿Qué sucede en Centroamérica que permite este tipo de empresas que afectan a la población y recursos naturales?

Hay que verlo así, la minería no es una actividad sostenible para comenzar, pese a que las empresas mineras digan lo contrario; la minería es una actividad extractiva que explota un recurso que es finito. Y en los casos que vamos a conocer analizaremos las denuncias de amenazas y violaciones a poblaciones o pueblos indígenas que son las más vulnerables. Y esta precariedad se da, porque estos pueblos, muchas veces, los gobiernos no han tenido el alcance o la capacidad para cubrir sus necesidades básicas como el empleo, agua, educación, entonces, la situación genera que todas estas necesidades se ven trasladadas a las empresas privadas y es de esta forma, que las transnacionales entran a las comunidades, convenciéndolas que les van a proveer o darán su apoyo en demandas como el agua, la salud y otros proyectos sociales.

Y claro, las empresas se refugian  bajo la sombrilla de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y desgraciadamente está de la mano con los Estados por la inversión.

 

¿Por qué criminalizar al movimiento social?

Si, la criminalización de los movimientos sociales ya tiene años, situación no resuelta y en cambio se ha ido incrementado. En Nicaragua antes no se hablaba de marchas que fueran reprimidas y ahora sí; en los años noventa la gente podía salir a la calle a reclamar y no existía el nivel de represión que hay en la actualidad, incluso, limitan los pueblos y no los dejan salir de su zona.

Hubo casos extremos como en la Mina Limón, al Occidente de Nicaragua, cuya, población tuvo una confrontación de frente con la policía; hubo muchos heridos y terminó en la destrucción de la propiedad de la empresa por el mismo tema de la violencia que se provocó; en fin, el tema es que la policía y los militares han venido a quedarse en la defensa y protección de la inversión extranjera que puede ser canadiense, estadounidense, china y rusa. Las que se han expandido y vulneran en términos de interés y derechos humanos a las comunidades que se oponen a este tipo de actividad.

 

¿Qué esperan evidenciar con el estudio?

El objetivo básico y ojalá podamos encontrar una manera en que todos los países trabajemos conjuntamente luego de presentado el estudio, y la búsqueda de una estrategia más efectiva para hacer denuncias alrededor de violaciones de derechos humanos en nuestras comunidades.

Denunciar también los impactos al medio ambiente y como se violentan los derechos de las comunidades y poner en alerta a todos nuestros Estados, que la actividad minera en nuestros países está generando un impacto negativo. Y que realmente no es una actividad sostenible, ni viable como ellos se han vendido; tampoco generan empleos, ni ingresos fiscales.

 

¿Qué ocurre en el área fiscal?

La forma o idea como ellos manejan sus inversiones está claro, nuestros países no se quedan con nada en términos de porcentaje que se cobra en Centroamérica por esta actividad extractivista, en algunos países solamente reciben el 3% del 100% que producen las empresas mineras, eso no es nada.

Gobiernos como Nicaragua y Honduras reciben un 3%, mientras en Guatemala 1% ; aunque en El Salvador, las cosas cambiaron con la Ley de prohibición de la minería metálica, pero igualmente recibía el 1% del total de la minera, frente a la transnacional que se quedaba con el 97% restante. He tenido la oportunidad de hablar con otros compañeros de organizaciones sociales como en África y ahí pagan entre el 25 a 35% sobre la producción del 100% de la industria minera, o sea, estamos regalando nuestros recursos naturales.

¿Cuál es la situación de impuestos para las transnacionales mineras?

El tema fiscal creemos que es importante porque no se había retomado de lleno, pero desgraciadamente en nuestros países hay pocos datos en ese sentido, ya sea, porque las instituciones los niegan que es el 88% de las veces o simplemente no hay capacidad en las instituciones para recoger esta información, y si bien, es limitado poder trabajar con pocos datos de los aportes de los inversionistas mineros; si podemos saber cuánto les exoneran. El ICEFI es una organización que trabaja en Guatemala y Honduras, que han ahondado muchos sobre ese tema, como la ganancia que dejan las mineras a los países y el sinnúmero de dispensas de pago.

Todos los Estados están en una condición de completa desventaja tanto jurídicamente en lo económico y medio ambiente; el hecho que les cobren tan poco significa que tuvieron una visión limitada de las leyes cuando las crearon que era, cuando las minerías no estaban en auge y no había precios como los que tenemos actualmente que están a 1, 200 dólares la onza troy. Y los gobiernos trataban de atraer inversión para mejorar la economía, pero la realidad es que se están regalando los recursos y dejando a la población más vulnerable.

 

¿Cómo controlar esta situación de inversión versus pobreza?

En el caso particular de Nicaragua el argumento eran que los proyectos servirían para hacer buenas carreteras, pero al final la construcción de la carretera era porque le servía a la minera para transportar sin dificultad su producción; entonces, que función real tenía de beneficio a la población si al final por la misma maquinaria pesada quedaban dañadas esas carreteras, o sea, el gran proyecto que iba ayudar a la comunidad no existía en el fondo. Hacen también proyectos básicos como pintar escuelas o se enfocan en proyectos de agua, pero la gente muchas veces, no está consciente que le están contaminando ese recurso y más, si es procesada en el lugar donde está las fuentes de agua, porque usan cianuro y muchos otros químicos que implican contaminación permanente ¿Qué tanto se benefician las poblaciones esos proyectos de responsabilidad Social Empresarial? nada, casi nunca nada.

Fuente: Diario CoLatino