Caso de defensora ambiental y de DDHH de Canadá, injustamente expulsada de Perú, será revisado por Corte de Justicia de Lima

El día de ayer, martes 21 de noviembre, la Corte Superior de Lima inició revisión del caso del hostigamiento y detención ilegal y arbitraria de la coordinadora del programa con América Latina de Alerta Minera Canadá Jen Moore, y el periodista estadounidense John Dougherty, ocurridas el pasado 21 de abril en Cusco. Los defensores fueron rodeados por la policía nacional, muchos vestidos de civil, y detenidos por cuatro horas mientras la policía intentaron interrogarles tras la presentación de un largometraje documental sobre abusos relacionados a las operaciones de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals en las Américas. Leer comunicado de prensa aquí.

Por su parte, organizaciones sociales de diversas regiones apoyamos una carta enviada a las autoridades peruanas en la que expresamos nuestra preocupación por la criminalización a la solidaridad internacional y la represión a la libertad de expresión. A continuación compartimos la carta.

 

Ministro Enrique Javier Mendoza Ramírez
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministro Víctor Ricardo Luna Mendoza
Ministerio de Relaciones Exteriores

Con copia a:
Ministro Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias, Ministerio de Interior; Dr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Presidente de la Corte Suprema; Dr. Rolando Martel Chang, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima; Walter Gutiérrez Camacho, Defensor del Pueblo; Dr. Oscar Augusto Sumar Calmet, Presidente de la Sala Cuarta Penal con Reos Libres de la Cortre Superior de Lima; María Rosario Hernández Espinoza, Juez Superior Provisional integrante de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima; Sr. Saleh Carlos Salvador Heresi Chicoma, Presidente Comisión de los Derechos Humanos de la Legislatura de la República Congreso de la República; Embajadora Gwyneth Kutz, Embajada Canadiense en Lima; Alex Neve, Secretario General de Amnestía Internacional Canadá; Ana María Vidal, Secretaría Ejecutiva Adjunta Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Las organizaciones que suscribimos esta carta nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra preocupación por la criminalización de la solidaridad internacional y de la libertad de expresión en Perú. En particular, estamos alarmados por el hostigamiento, la detención ilegal y arbitraria, y la subsiguiente prohibición de ingreso al país por un período indefinido, a la que fueron sometidos la Coordinadora del programa para América Latina de Alerta Minera Canadá, Jen Moore, y el periodista estadounidense y documentalista John Dougherty, durante su estancia en Cusco del 18 al 23 de abril de 2017. Esperamos que adopten todas las medidas necesarias para poner un alto a este proceso de criminalización, así como levantar la alerta migratoria que les impide su entrada a Perú, y prevenir que situaciones como esta se vuelvan a presentar.

La Srta. Moore y el Sr. Dougherty fueron detenidos tras la proyección pública del documental “El fraude de Flin Flon”, que trata sobre las operaciones de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals en el continente. La detención fue precedida por difamación en la prensa, hostigamiento y vigilancia policial.

El 22 de abril en la mañana, algunas horas después de haber sido detenidos por la policía y antes de que tuviesen la oportunidad de defenderse, la Srta. Moore y el Sr. Dougherty fueron acusados públicamente, en el sitio web del Ministerio del Interior, de incitar a los pobladores en contra de la minería y de amenazar el orden público, involucrándolos en una serie de actos de violencia de los cuales no fueron parte. Al actuar de esta manera, las autoridades peruanas han vulnerado los derechos de los dos investigadores a la libertad de expresión, a la privacidad y al debido proceso.

Temerosos de que pudieran ser víctimas de más irregularidades por parte de las autoridades peruanas, los dos salieron voluntariamente de Perú el 23 de abril con la intención de continuar con su proceso legal a través de sus abogados en Perú. Ese mismo día, sin notificación o respeto alguno al debido proceso, la Superintendencia de Migración les impuso una alerta migratoria por un plazo de tiempo indefinido, prohibiendo su reingreso al país, y así determinando que presentar un documental sobre la minería constituye una amenaza al orden interno del país.

Lo hechos ocurridos no solo constituyen una violación del derecho a la libertad de expresión de los dos investigadores, sino también una violación al aspecto colectivo de este derecho, que es fundamental para el intercambio de información y comunicación. Tanto las comunidades cercanas a la mina de Hudbay Minerals, así como el público en general de las ciudades de Cusco y Lima tienen derecho de acceso a la información pública sobre los impactos negativos de la minería.

Consideramos que la estigmatización en la prensa y por una autoridad pública, así como el hostigamiento policial, su detención ilegal y arbitraria, y la prohibición de reingreso al país son el resultado del conjunto de dos factores: 1) la privatización del aparato de seguridad pública en Perú; 2) la aparente intención de Hudbay Minerals y del Estado peruano de ejercer control sobre el tipo de información a la cual tienen acceso las comunidades que viven en los alrededores de su mina Constancia. Con relación al primer punto, el 8 de mayo de este año, la subsidiaria peruana de Hudbay Minerals confirmó que tiene un convenio con la Policía Nacional para prestar servicios de seguridad. En el convenio, la Policía Nacional queda subordinada a la empresa y a sus necesidades de seguridad, lo que crea un serio conflicto de interés con su rol de servicio público. Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocieron este hecho en una audiencia sobre el tema el 25 de mayo en Buenos Aires, en la cual la comisionada Margarette May Macaulay indicó que deberían prohibirse los contratos entre la policía y las empresas privadas. El 19 de julio de 2017, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU también expresó su preocupación por estos contratos luego de su visita a Perú, observando que generan confusión sobre el rol de la policía cuya responsabilidad principal es la seguridad pública y a la vez socava la confianza del pueblo en esta institución del Estado.

Con respecto al segundo punto, a pesar de que Hudbay ha negado públicamente el haber presionado a las autoridades peruanas para que respondieran a su favor en este caso, el inmediato pronunciamiento público del Ministerio del Interior y su explícito apoyo a los intereses de la compañía tan pronto como la Srta. Moore y el Sr. Dougherty fueron detenidos, indican un nivel de interés inusual por parte del Estado peruano. Con base a versiones pasadas del contrato de Hudbay con la policía de monitorear el área de la mina Constancia durante las 24 horas, es posible que la policía fue obligada a ubicar y responder a la visita de la Srta. Moore y el Sr. Dougherty. Sumándose a su posible participación, se reportó que el personal de Hudbay estuvo cuestionando a líderes comunitarios sobre las proyecciones del documental días antes de la detención de los dos investigadores.

Dada la situación expuesta, las organizaciones suscritas exigimos a las autoridades peruanas que pongan un alto a la criminalización de la empleada de Alerta Minera Canadá y del periodista estadounidense, que ordenen levantar la alerta migratoria que prohíbe su ingreso a Perú, y que se publique en la página web del Ministerio del Interior una rectificación completa y pública y se retire toda acusación falsa de esa misma página. A su vez, les instamos a que tomen las medidas necesarias e idóneas para abstenerse de realizar vigilancia policial, hostigamiento, detenciones arbitrarias y criminalización tanto de los dos investigadores, como también de todo investigador, personal universitario, periodista, expositor, y defensor o defensora de derechos humanos que quiera expresar su opinión sobre la actividad minera en el Perú. Por último, instamos a las autoridades peruanas a que, en seguimiento a lo expresado por la CIDH, eliminen la privatización de los servicios de la policía y del aparato de seguridad pública, ya que ésta facilita la criminalización de la disidencia sobre todo en áreas donde las comunidades están en conflicto con proyectos extractivos que amenazan su vida.

Organizaciones firmantes
1. Acción Colectiva, Guanajuato, México
2. Acción Ecológica, Ecuador
3. Agrupación de Pequeños Regantes y No Regantes Río Mostazal, Chile
4. Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), El Salvador
5. Americas Policy Group, Canada
6. Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN), Canada
7. Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), El Salvador
8. Asociación CEIBA, Guatemala
9. Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), El Salvador
10. Bibaani A.C., Oaxaca
11. Bios Iguana A.C., México
12. CAOI
13. Cabildo por las Mujeres de Cuenca, Ecuador
14. Canadian Centre for International Justice (CCIJ)
15. Canadian Union of Public Employees (CUPE)
16. Center for International Environmental Law (CIEL), U.S.
17. Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC), Canada
18. Centro Humboldt, Nicaragua
19. Cercle des Premières Nations de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) 20. CESTA Amigos de la Tierra El Salvador
21. Censat Agua Viva – Amigos de la tierra Colombia 22. CODETAC, Panamá 23. Colectivo Voces Ecológicas, Panamá
24. Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia 25. Comité Chileno por los Derechos Humanos, Montreal, Canada
26. Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, Oaxaca 27. Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Montreal, Canada 28. Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria (Mesoamerica)
29. Common Frontiers, Canada
30. Confédération des syndicats nationaux (CSN), Québec Casa Panteón, Oaxaca
31. Consejo Tiyat Tlali, Puebla, México
32. Cooperacción, Perú
33. Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento, Monte Patria, Chile
34. Coordinadora Ni Una Sola Mina, Costa Rica
35. COPINH, Honduras
36. The Democracy Center, Bolivia/U.S.
37. Earthworks, US
38. ECUARUNARI, Ecuador
39. Education In Action, Ottawa, Canada
40. Environmental Defender Law Center (EDLC)
41. FEDEPAZ, Peru
42. Femmes de diverses origines-Women of Diverse Origins, Montreal, Québec
43. FESPAD, El Salvador
44. First Nations Women Advocating for Responsible Mining, British Columbia, Canada
45. Forest Peoples Programme, U.K.
46. Frente Nacional por la Salud de los Pueblos, Ecuador
47. Fundacion Savia Roja, Ecuador
48. Grufides, Peru
49. Institute for Policy Studies, Global Economy Project, U.S.
50. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC.
51. International Civil Liberties Monitoring Group (ICLMG), Canada
52. Inter Pares, Canada
53. Justiça nos Trilhos, Brasil
54. Madison Arcatao Sister City Project, US
55. Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canada
56. McGill Research Group Investigating Canadian Mining in Latin America (MICLA)
57. Mining Injustice Solidarity Network (MISN), Toronto
58. Mining Justice Action Committee, Victoria, British Columbia, Canada
59. Mining Justice Alliance, Vancouver, British Columbia, Canada
60. MiningWatch Canada
61. Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur, Ecuador
62. Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero (M4)
63. Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
64. Movimiento para la salud de los Pueblos Latinoamerica (MSPLA)
65. Mujeres Jeromeñas Defensoras de la Madre Tierra, Oaxaca
66. Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
67. Palenke Alto Cauca – Proceso de Comunidades Negras (Colombia).
68. Plataforma Internacional contra la Impunidad
69. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile
70. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros (OCMAL)
71. Ontarians for a Just and Accountable Mineral Policy, Canada
72. Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
73. Otros Mundos AC/Chiapas, México
74. People’s Health Movement Canada/Mouvement populaire pour la santé au Canada
75. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México
76. Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC), Québec
77. Public Service Alliance of Canada (PSAC)
78. Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
79. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
80. Red Muqui, Perú
81. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Colombia
82. Rights Action, Canada
83. SICSAL (Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con los Pueblos de America Latina — Oscar Romero), Canada
84. StopTheInstitute, Vancouver, British Columbia, Canada
85. United for Mining Justice, Canada
86. United Steelworkers, Canada
87. WES Global Connections
88. Washington Ethical Society
89. World Dharma
90. Yasunidos Guapondelig, Ecuador