Costa Rica: PUSC presenta nuevo proyecto para reactivar minería a cielo abierto

​La socialcristiana María Inés Solís indicó que presenta esta iniciativa con el respaldo del Colegio de Geólogos

La diputada y jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, presentó este lunes un nuevo proyecto de ley con el objetivo de reactivar la industria minera en Costa Rica.

La iniciativa se trata del expediente 21.782, Ley para el aprovechamiento de los minerales metálicos en Costa Rica, que —entre otras reformas— elimina la declaratoria del país como «territorio libre de minería a cielo abierto», establecida desde 2010.

El texto propone clasificar los tipos de actividad minera en artesanal, pequeña, mediana y gran minería, para brindar los diferentes tipos de concesiones. Las diferenciaciones dependerían de la cantidad de material procesado mensualmente (menos de 75 toneladas, entre 75 y 150 toneladas o más).

Para otorgar permisos de concesión, el Estado tendría extensiones máximas de 1 km2 para minería artesanal, mientras que para el resto de categorías el máximo sería de 10 km2.

Los permisos de explotación tendrían duraciones máximas de 10 años en casos artesanales y de 25 años en casos industriales, deberían contar con autorización ambiental de la Secretaría Técnica Nacional (Setena) y no podían otorgarse en zonas protegidas. En comunidades indígenas, tendrían prioridad en sus dominios.

En materia de ingresos, el texto propone que las concesiones mineras deban entregar el equivalente a un 30% del monto que pagan mensualmente por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al Estado. Este monto se destinaría a gobiernos locales y proyectos comunitarios.

El texto también plantea trasladar la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Economía, de modo que sus funciones se concentren en “estimular” la actividad “hasta ahora desatendida por la visión interna de las autoridades” de Ambiente.

Este es el segundo proyecto que se presenta en este cuatrienio legislativo con la intención de regular las actividades mineras en el país. El primero lo presentaron los diputados María José Corrales y Jorge Fonseca, del PLN, aunque aún no tenían asegurado el apoyo de su fracción.

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El nuevo proyecto, dicta la exposición de motivos, guarda similitudes con ese otro que se presentó en septiembre pasado; sin embargo, dice recoger nuevas observaciones hechas por el Colegio de Geólogos.

Diputada Solís: “Hay serios problemas de manejo ambiental”

La diputada María Inés Solís detalló que el proyecto fue trabajado íntegramente con el Colegio de Geólogos. “Ellos hicieron la parte técnica y nosotros la parte legal”, subrayó.

Según la socialcristiana, se decidió hacer un proyecto aparte “luego de conversaciones con ellos”.

Sobre los efectos nocivos de la actividad minera en el ambiente, la diputada subrayó que estos ya son un problemas en zonas como Crucitas, de San Carlos, donde grupos no regulados practican la actividad y utilizan químicos tan contaminantes como el mercurio.

Desde su punto de vista, la regulación sería una solución menos perjudicial que mantener la prohibición y los asentamientos ilegales.

“Hay serios problemas de manejo ambiental porque el oro ya se está explotando y se lo están llevando, y con eso vienen acompañados un montón de problemas adicionales como tráfico de armas, tráfico de personas, problemas de salubridad enormes, lavado de dinero que no está siendo registrado en ningún lado y riquezas que se pierden de Costa Rica”.

“Esto ya está sucediendo, pero lo peor de todo es que está sucediendo de forma descontrolada porque no hay ninguna regulación al respecto”, aseguró.

El proyecto no cambia la prohibición del uso de mercurio, suscrita por Costa Rica, en el Convenio de Minamata. Sin embargo, la diputada señaló que “no se excluye ningún otro material, sino que se dejan solo los materiales que están debidamente regulados”.

Los proyectos para reactivar la minería a cielo abierto han generado el rechazo de grupos ambientalistas como la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon). Cuando se presentó la última propuesta de este corte ellos aseguraron que este tipo de desarrollo no garantiza «vida digna a las generaciones que aún no han nacido».

Fuente: Amelia Rueda