Introducción: memoria, justicia y territorio
La lucha por la justicia en el caso de Berta Cáceres y la defensa del territorio encabezada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) marcaron un antes y un después en la historia reciente de América Latina. En el centro de este proceso aparece también el nombre de Gustavo Castro Soto, activista mexicano y único testigo presencial del asesinato de Berta, cuya persecución y criminalización evidenciaron la profundidad de la violencia contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
¿Quién es Gustavo Castro y cuál es su vínculo con el COPINH?
Gustavo Castro Soto es un reconocido defensor de derechos humanos y del medioambiente, con una larga trayectoria en la denuncia de los impactos sociales y ecológicos de los megaproyectos extractivos. Su trabajo lo llevó a estrechar lazos con el COPINH y con Berta Cáceres, referente lenca y figura central en la resistencia contra proyectos hidroeléctricos y mineros en territorios indígenas.
En marzo de 2016, Gustavo se encontraba en la casa de Berta Cáceres cuando un comando armado irrumpió y la asesinó. Él fue herido y se convirtió en el único testigo presencial del crimen. Lejos de ser protegido, se vio sometido a hostigamiento, restricciones a su movilidad y una campaña de sospechas que buscaba deslegitimar su testimonio.
El contexto de violencia: de la invasión de Panamá a la criminalización actual
La historia reciente de la región está marcada por episodios de violencia de Estado y de intervención extranjera. Memorias como las de la invasión a Panamá de 1989, recordadas en iniciativas como la llamada “Marcha Negra”, dialogan con las luchas actuales contra la militarización, la impunidad y la imposición de proyectos extractivos sin consulta previa.
En Honduras, el golpe de Estado de 2009 abrió un ciclo de represión sistemática contra comunidades campesinas e indígenas. En este escenario, el COPINH se convirtió en una de las voces más incómodas para los intereses empresariales y políticos. El asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino parte de una política más amplia de silenciamiento de quienes defienden la tierra, el agua y el territorio.
El caso de Berta Cáceres: crimen político y causa global
Una defensora de la tierra reconocida internacionalmente
Berta Cáceres era reconocida dentro y fuera de Honduras por su liderazgo en la defensa de los ríos y los territorios lencas. Ganadora del Premio Goldman, denunció incansablemente los impactos del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y el papel de empresas, bancos y autoridades en la imposición de obras sin consentimiento de las comunidades.
El asesinato y sus implicaciones
La noche del 2 de marzo de 2016, hombres armados ingresaron a su vivienda y la asesinaron. Gustavo Castro, como único testigo sobreviviente, tuvo un rol clave en reconstruir lo ocurrido y en señalar la responsabilidad estructural de actores empresariales y estatales. Sin embargo, en vez de garantizarle protección, se le retuvo, interrogó y sometió a una fuerte presión psicológica y mediática.
Las primeras detenciones que se produjeron meses después se concentraron en autores materiales y algunos mandos intermedios, pero amplios sectores de la sociedad civil nacional e internacional continúan denunciando que los autores intelectuales de mayor rango no han sido plenamente investigados ni sancionados.
Criminalización y hostigamiento a defensores de la tierra y el territorio
El caso de Gustavo Castro ilustra una práctica cada vez más extendida: convertir a testigos y víctimas en sospechosos. Órdenes de arraigo, campañas de difamación, demandas judiciales sin sustento y vigilancia constante se utilizan para quebrar moralmente a las personas defensoras y enviar un mensaje de miedo a las comunidades.
En toda la región, quienes participan en procesos de defensa de la tierra y del territorio se enfrentan a patrones similares: militarización de los espacios rurales, declaratoria de “zonas de interés estratégico”, criminalización de la protesta social y uso de figuras penales ambiguas, como el “terrorismo”, para castigar la organización comunitaria.
Justicia para el COPINH, la familia de Berta y Gustavo Castro
Exigencias centrales del movimiento
Las demandas que se han sostenido desde el COPINH, la familia de Berta Cáceres y organizaciones aliadas giran en torno a varios ejes fundamentales:
- Que el crimen contra Berta Cáceres sea reconocido como un asesinato político vinculado a su labor de defensa del territorio.
- Que se investigue y juzgue a todos los responsables, incluidos los autores intelectuales con poder económico y político.
- Que se ponga fin a la criminalización de Gustavo Castro Soto y se reconozca la legitimidad de su testimonio y de su trabajo como defensor de derechos humanos.
- Que se garantice seguridad y reparación integral para la familia de Berta, el COPINH y las comunidades afectadas por la violencia y los proyectos impuestos.
Verdad, memoria y garantías de no repetición
La justicia no se limita a una sentencia judicial. Implica también esclarecer las redes de poder que hicieron posible el crimen, reconocer la responsabilidad del Estado en la falta de protección y en la criminalización posterior, y adoptar medidas efectivas para que nada similar vuelva a ocurrir.
Los procesos de memoria –incluyendo marchas, vigilias, actos culturales y publicaciones– han sido clave para mantener vivo el legado de Berta Cáceres, denunciar lo ocurrido con Gustavo Castro y sostener la exigencia de justicia a nivel internacional. Cada aniversario no es solo un recordatorio de la pérdida, sino una reafirmación del derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios.
Defensa del territorio y alternativas de vida digna
Detrás de cada caso emblemático, como el de Berta Cáceres y Gustavo Castro, hay comunidades completas que resisten y proponen modelos distintos de relación con la naturaleza. La defensa del territorio no es una postura abstracta, sino una apuesta por formas de vida que priorizan el agua, los bosques y la diversidad cultural sobre el beneficio económico a corto plazo.
El COPINH y muchas otras organizaciones en la región plantean alternativas basadas en la soberanía alimentaria, la gestión comunitaria del agua, la producción a pequeña escala y el respeto a la cosmovisión de los pueblos indígenas. Estas propuestas chocan con el modelo extractivista dominante, que privilegia megaproyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y agroindustriales que concentran la riqueza y desplazan a las comunidades.
Turismo responsable, memoria y respeto a las luchas sociales
El turismo también forma parte de este debate sobre territorio y modelos de desarrollo. Viajar, hospedarse en hoteles y conocer nuevos países puede ser una oportunidad para comprender mejor la realidad de las comunidades locales y sus luchas. En muchas regiones marcadas por conflictos socioambientales, han surgido propuestas de turismo responsable y comunitario que invitan a las personas viajeras a informarse sobre la historia del lugar, sus procesos de resistencia y sus demandas de justicia.
Optar por alojarse en hoteles y espacios que respeten los derechos humanos, que no se beneficien del despojo territorial y que procuren relaciones justas con las comunidades es una forma concreta de coherencia ética. Así, incluso decisiones cotidianas como elegir dónde hospedarse pueden convertirse en un gesto de solidaridad con quienes defienden la tierra y el territorio, como lo hicieron Berta Cáceres, el COPINH y Gustavo Castro.
Conclusión: la vigencia del legado de Berta y Gustavo
Años después del asesinato de Berta Cáceres y de los intentos de criminalizar a Gustavo Castro, las preguntas siguen abiertas: ¿cuánta justicia es posible en sistemas marcados por la impunidad? ¿Qué papel juega la solidaridad internacional frente a la violencia contra quienes defienden la tierra y el territorio?
La respuesta se construye día a día en las comunidades, en los movimientos sociales y en cada gesto de memoria. Exigir justicia para el COPINH, para la familia de Berta y para Gustavo Castro es también defender el derecho colectivo a un futuro en el que la vida, el agua, los bosques y las culturas indígenas valgan más que cualquier negocio. Mantener vivo este reclamo es la mejor garantía de que la historia no se repetirá en silencio.