Más de 100 organizaciones condenamos la criminalización de nueve indígenas tolupanes en San Francisco Locomapa

Las Américas, 24 de junio de 2019.- Ante el nuevo esfuerzo por criminalizar a líderes y lideresas indígenas de la tribu tolupan de San Francisco Locomapa, organizaciones nacionales e internacionales condenamos estos hechos y denunciamos que el Estado, de manera intencional y sistemática, busca acallar a pueblos indígenas que legítimamente ejercen acciones de protesta y exigen el cumplimiento de sus derechos.

Honduras, que ha privilegiado el extractivismo como modelo económico, es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de derechos humanos. El pasado 17 de mayo, autoridades del Estado de Honduras presentaron requerimientos fiscales en contra de nueve indígenas tolupanes con el fin de procesarles en razón de la “obstaculización del plan de manejo forestal”.

Esta acusación se da como represalia a su labor de defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales de la población; práctica que ha sido sistemática en uno de los países más peligrosos para las personas defensoras.

Este lunes 24 de junio los y las lideresas se enfrentarán a la audiencia inicial en la cual se decidirá sobre la prosecución o no de la acusación. Dicha audiencia tiene lugar cuatro meses después del asesinato de dos indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y se enmarca en la grave situación de riesgo, violencia y criminalización que enfrenta la tribu desde 2010.

Como consecuencia del otorgamiento de planes de manejo forestal y operativo sin respeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, territorios del pueblo indígena tolupán, han sido blanco de explotación por parte de empresas y personas ajenas a la comunidad.

En virtud a esta situación, sumada a la pérdida del territorio y el desplazamiento forzado, se organizó el Consejo Preventivo de la Tribu, el cual, integrado por decenas de integrantes del pueblo indígena, ha desarrollado acciones de defensa y protesta pacífica. Esta reivindicación ha conllevado un incremento del riesgo y múltiples amenazas que se han materializado en criminalización y asesinatos.

Así, en 2010 se criminalizó a 8 indígenas tolupanes por el mismo tipo penal que el referido en la actualidad –obstaculización del plan de manejo–, repitiéndose de nuevo en 2012 mediante la criminalización de tres líderes indígenas; en ambos casos, por acción de sus abogados defensores, las personas criminalizadas resultaron absueltas  de los cargos.

Posteriormente, en 2013, se asesinó a los líderes Ricardo Soto y Armando Fúnez, así como a la lideresa María Enriqueta Matute. En razón de estos graves hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó las medidas cautelares MC 416-13 a 35 miembros de la comunidad a partir de 2013 y ordenó al Estado a proteger su vida e integridad.

A pesar de ello, en 2015 asesinaron a dos beneficiarios de las medidas, Erasimo Vieda y Luis Marcía; en 2016 también se asesinó al beneficiario Santos Matute. En lo más reciente, en febrero de este año, Juan Samael y el beneficiario José Salomón Matute, fueron asesinados por dos individuos que anteriormente les habían amenazado.

Respecto de estos últimos asesinatos, la CIDH recordó que “los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales”.

Recordamos también que este órgano ha indicado: “Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma”.

Asimismo, y como han indicado la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las organizaciones firmantes denunciamos el impacto que tiene el uso malicioso el derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, en particular la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y líderes y lideresas sociales. Notamos con preocupación que, esta misma semana, cinco líderes y lideresas del departamento de Arizona también enfrentan un juicio relacionado con su resistencia pacífica a una hidroeléctrica en la zona.

En consideración de lo anterior, exigimos que se reconozca la inocencia de las 9 personas criminalizadas a través del sobreseimiento definitivo. Asimismo, solicitamos a las autoridades que cese la violencia, discriminación y criminalización en contra de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa y que se garanticen sus derechos sobre su territorio, se proteja su vida y se sancione a quienes han violentado sistemáticamente sus derechos humanos.

Por último, nos solidarizamos con la legítima y digna defensa ejercida por las y los tolupanes y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir de cerca su audiencia, que está programada para el día de hoy 24 de junio de 2019 y exigir justicia.

Organizaciones firmantes:

Alemania
Colectivo Cadeho
Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar

Bélgica
Red Europea de Comités Oscar Romero

Canadá
Comité por los Derechos Humanos en América Latina
Guatemala Community Network
Todos por Guatemala
United for Mining Justice

Colombia
Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales

Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)

Estados Unidos
Alliance for Global Justice
Central American Resource Center (CARECEN) — DC
Franciscan Action Network
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Hands Off Honduras – Minnesota
Interfaith movement for human integrity
Nicaragua Center for Community Action
Parlamento Maya USA
School of the Americas Watch (SOAW) Oakland/East Bay
SOA Watch
Witness for Peace Solidarity Collective

El Salvador
Asambleas Comunitarias de El Salvador
Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

España
Anticapitalistas Madrid. Área Internacional
Comunidad Centroamérica en España
Plataforma por Honduras en Madrid
Red de Hondureñas Migradas (REDHMI)

Guatemala
Asociación Bufete Jurídico De Derechos Humanos
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA
Bufete para Pueblos Indígenas
Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos
Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Comité de Unidad Campesina (CUC)
Familiares y amigos contra la Delincuencia y el Secuestro
Festivales Solidarios
H.I.J.O.S. Guatemala
Instituto Amaq’
Prensa Comunitaria
Red Tz’ikin – Realizadoras-es Independientes de Guatemala
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Honduras
APAF-INFOP
Asociación LGBT Arcoiris de Honduras
ASONOG
BAMBÚ
Bloque Popular
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Desarrollo Humano (CDH)
Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT)
Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras (CTSH)
Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Conexihon
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA)
Ecuménicas por el Derecho a Decidir
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ)
Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR)
Justicia Paz e Integridad de la Creación – Familia Franciscana Honduras
Juventud del Milenio
La Insurrecta
Movimiento Ambientalistas Santabarbarense (MAS)
Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR)
Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan
Puras Mujeres
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH)
Red Nacional de Jóvenes Artesanos de la Paz
Somos Muchas
Terco Producciones
Unión Estudiantil Morazanista (UEM)

Italia
Collettivo Italia Centro America, CICA

México
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Noruega
Comité Noruego de Solidaridad con America Latina (LAG)

Venezuela
Coalición de Tendencias Clasistas (CTC-VZLA)

Regional
Brigada José Artigas de Trabajo Voluntario
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Cruz Morada Hondureña
Fads
Hablemos de Derechos Humanos
Honduras Solidarity Network in North America
Informations Gruppe Lateinamerika (IGLA)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
JOPRODEH
La Cadejos, Comunicación Feminista
La Voz de los de Abajo, Chicago
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero – M4-
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
Protection International Mesoamérica
Task Force on the Americas
The St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America (IFCLA)

Internacional
CIVICUS: Alianza Global de la Sociedad Civil
Confederación General del Trabajo
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
JASS (Just Associates)
Migrant Roots Media
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PI)
Trocaire

Fuente: CEJIL