Contexto de la exigencia a la CNDH
En Colima, diversas organizaciones sociales y ambientales han solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la adopción urgente de medidas cautelares para proteger la integridad de defensoras y defensores de la vida, el territorio y el medio ambiente. Esta petición surge en un contexto de creciente tensión, en el que activistas han denunciado hostigamientos, descalificaciones públicas y riesgos asociados a su labor de defensa.
La misiva dirigida a la CNDH enfatiza la necesidad de una respuesta pronta y efectiva, ante la posibilidad real de que se materialicen agresiones físicas o psicológicas contra quienes se han organizado colectivamente para defender bienes comunes naturales y el derecho de las comunidades a decidir sobre su entorno.
Defensores de la vida en Colima: quiénes son y qué demandan
Cuando se habla de “defensores de la vida de Colima” se hace referencia a personas, colectivos y organizaciones que protegen ríos, bosques, tierras campesinas y formas de vida comunitaria. Estos actores se oponen a proyectos extractivos, prácticas legislativas opacas y decisiones políticas que consideran contrarias al interés público y al respeto de los derechos humanos.
Su demanda central hacia la CNDH es clara: que se reconozca la situación de riesgo en la que se encuentran y se emitan medidas cautelares que, entre otros aspectos, contribuyan a:
- Prevenir agresiones y criminalización de la protesta social.
- Garantizar el ejercicio libre de la defensa de derechos humanos y del medio ambiente.
- Generar condiciones mínimas de seguridad para continuar su labor sin amenazas.
- Instar a autoridades federales y estatales a respetar y proteger a quienes defienden el territorio.
Rol de la CNDH y la importancia de las medidas cautelares
La CNDH, como organismo nacional de protección de derechos humanos, tiene la facultad de emitir medidas cautelares cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable a personas o colectivos. En el caso de Colima, se ha solicitado que estas medidas se aprueben y se ejecuten sin demora, dado que la situación de vulnerabilidad de los defensores es cada vez más evidente.
Las medidas cautelares no sustituyen a una investigación profunda ni a una resolución de fondo, pero sí constituyen un instrumento crucial para evitar que el daño ocurra o se agrave. Por ello, el llamado a la CNDH es a actuar con diligencia, reconociendo que la defensa del medio ambiente y de la vida comunitaria es, en sí misma, una forma de protección del derecho a un entorno sano, al acceso al agua, a la alimentación y a la participación ciudadana.
Bios Iguana, REMA/Colima y el señalamiento a legisladores
Organizaciones como Bios Iguana y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) en Colima han denunciado públicamente que ciertas y ciertos legisladores han obstaculizado la participación ciudadana y han intentado minimizar o invisibilizar las voces críticas frente a proyectos que pueden implicar graves impactos socioambientales.
De acuerdo con estos colectivos, la actuación de algunos representantes populares se ha orientado más a proteger intereses económicos y políticos particulares que a garantizar los derechos de las comunidades. Esta situación ha derivado en un clima de tensión en el que la defensa del territorio se percibe como un acto incómodo para el poder, y no como una expresión legítima de la ciudadanía.
Bios Iguana y REMA/Colima sostienen que la falta de voluntad política para escuchar a las comunidades, sumada a campañas de deslegitimación contra activistas, incrementa la vulnerabilidad de quienes defienden la vida. De ahí que se insista en la urgencia de que la CNDH asuma un papel activo y contundente.
La carta a la CNDH: una exigencia colectiva
La carta enviada a la CNDH sintetiza el sentir de organizaciones, académicos, colectivas y personas a título individual que consideran indispensable atender de inmediato la situación en Colima. El documento reclama:
- La inmediata resolución de las medidas cautelares solicitadas para las y los defensores de la vida en Colima.
- El reconocimiento explícito de la legitimidad de su labor como defensoras y defensores de derechos humanos.
- La intervención de la CNDH ante autoridades estatales y municipales para frenar cualquier tipo de hostigamiento.
- El seguimiento puntual y público de las acciones que se adopten en respuesta a la petición.
Esta misiva no solo denuncia las amenazas y presiones existentes, sino que subraya la dimensión estructural del problema: la falta de mecanismos eficaces de protección, la impunidad frente a agresiones pasadas y la normalización de discursos que criminalizan la protesta social.
Defensa del territorio y derechos humanos: una causa indivisible
La defensa de la tierra, el agua y los bienes comunes es, en el fondo, una defensa del derecho a la vida en condiciones dignas. En Colima, como en muchas otras regiones del país, los proyectos económicos de alto impacto suelen imponerse sin la debida consulta, sin estudios ambientales independientes y sin considerar la voz de las comunidades locales.
Quienes integran organizaciones ambientales y de derechos humanos han insistido en que no se oponen al desarrollo, sino a un modelo que desconoce derechos básicos y concentra beneficios en muy pocas manos. Hablar de defensores de la vida es hablar de personas que arriesgan su tranquilidad, su trabajo y, en ocasiones, su seguridad física para que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de un entorno sano.
Responsabilidad de las autoridades y compromiso social
Las autoridades estatales y federales tienen la obligación de garantizar que nadie sea perseguido o amenazado por ejercer su derecho a defender derechos. Esto implica no solo abstenerse de criminalizar o estigmatizar a los defensores, sino también diseñar y aplicar políticas públicas efectivas para su protección.
Al mismo tiempo, la sociedad puede jugar un papel clave al informarse, al respaldar públicamente a quienes son blanco de ataques por su activismo y al exigir a sus representantes que rindan cuentas. La firma de cartas, pronunciamientos y manifiestos, así como la difusión responsable de información, fortalece el tejido social que sustenta la defensa de los derechos humanos.
Un llamado a la acción inmediata de la CNDH
La demanda a la CNDH de México para que resuelva de inmediato las medidas cautelares solicitadas no es un trámite burocrático más: es una llamada urgente a evitar que el riesgo se convierta en daño irreversible. Frente al historial de agresiones contra defensores en el país, cualquier demora en la protección puede tener consecuencias graves.
Atender con premura la solicitud de Bios Iguana, REMA/Colima y otros colectivos sería un mensaje claro de que las instituciones están dispuestas a poner la vida y los derechos humanos por encima de intereses particulares. De igual manera, significaría reconocer que la defensa del territorio y del medio ambiente es una función social esencial, que merece protección y no persecución.