Contexto del asesinato de Lesbia Yaneth Urquía
El 6 de julio de 2016, el cuerpo sin vida de la lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquía fue encontrado, marcando otro golpe brutal contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Lesbia era una reconocida defensora de los bienes comunes y del territorio, especialmente crítica frente a los proyectos hidroeléctricos que amenazaban la vida de las comunidades lencas. Su asesinato se inscribe en una escalada de violencia que ya había sacudido a la organización con el crimen de Berta Cáceres meses antes.
Lesbia Yaneth Urquía: lideresa comunitaria y defensora del territorio
Lesbia Yaneth Urquía era mucho más que una militante de base. Su trabajo político se centraba en acompañar a las comunidades en resistencia, visibilizar los impactos sociales y ambientales de las concesiones territoriales, y exigir al Estado respeto a los derechos de los pueblos indígenas. En la región, era reconocida por su valentía, su capacidad de organización y su disposición a denunciar las amenazas y agresiones que sufrían las personas defensoras.
La participación de Lesbia en espacios comunitarios, asambleas y acciones de protesta la convirtió en una voz incómoda para los intereses económicos que impulsaban proyectos extractivos sin consulta ni consentimiento. Su asesinato no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de ataques contra quienes se oponen a la mercantilización del agua, de la tierra y de los bosques.
El COPINH después del asesinato de Berta Cáceres
Tras el asesinato de Berta Cáceres, referente internacional de la lucha en defensa del territorio y cofundadora del COPINH, la organización enfrentó una etapa marcada por la incertidumbre, el dolor y la necesidad urgente de reorganizarse. En ese contexto, asumió un rol central Tomás Gómez Membreño, coordinador general del COPINH, quien se convirtió en una de las principales voces públicas de denuncia y continuidad del legado de Berta.
Gómez Membreño, junto con otras personas dirigentas, se dedicó a recorrer comunidades, participar en espacios nacionales e internacionales, y exponer el vínculo entre las concesiones hidroeléctricas, la criminalización de líderes comunitarios y el aumento de la violencia en la región. Los viajes constantes y la presencia activa en procesos organizativos lo situaron en una posición de alto riesgo.
Ataques y amenazas contra el COPINH
El asesinato de Lesbia Yaneth Urquía se sumó a una serie de agresiones que evidencian un clima de persecución. Tras la muerte de Berta, los integrantes del COPINH denunciaron un incremento de hostigamientos, vigilancia, campañas de difamación y amenazas directas. Estas agresiones buscaban debilitar la organización, sembrar miedo en las comunidades y fracturar la resistencia frente a los proyectos impuestos.
El 10 de octubre de 2016, la violencia escaló nuevamente cuando se perpetró un atentado con disparos de armas de fuego contra Tomás Gómez Membreño y su compañero García. Este ataque, ejecutado mientras ambos se desplazaban, demostró que los liderazgos visibles del COPINH eran objetivos directos de estructuras armadas interesadas en silenciar la denuncia y quebrar la defensa de los territorios indígenas.
El atentado contra Tomás Gómez Membreño y García
El atentado del 10 de octubre no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una misma cadena de violencia que inició con la persecución a Berta Cáceres y se extendió a otras figuras clave del COPINH. Los disparos dirigidos contra Gómez Membreño y García se dieron en un contexto de reiteradas advertencias sobre el riesgo que corrían, pese a lo cual la protección estatal fue insuficiente o inexistente.
La respuesta institucional se caracterizó por la lentitud, la ausencia de investigaciones efectivas y la falta de garantías reales de seguridad. Mientras tanto, las comunidades lencas continuaban denunciando la presencia de actores armados y de intereses empresariales que se beneficiaban de la impunidad. Este patrón de ataques revela una estrategia de terror destinada a desmovilizar a quienes defienden el agua, el bosque y los ríos.
Impunidad, extractivismo y criminalización
Los asesinatos de Lesbia Yaneth Urquía y Berta Cáceres, así como los atentados contra otras personas del COPINH, se inscriben en un modelo extractivista que prioriza las inversiones sobre los derechos humanos. La falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, sumada a la militarización de los territorios, genera un entorno de permanente tensión y violencia.
La impunidad se convierte en la regla: los casos avanzan lentamente, se dilatan en los tribunales o quedan atrapados en investigaciones incompletas. Paralelamente, se criminaliza a las personas defensoras mediante procesos judiciales, campañas mediáticas y discursos oficiales que las presentan como enemigas del desarrollo. Este doble mecanismo —impunidad para los agresores y criminalización para las víctimas— profundiza la vulnerabilidad de las comunidades.
Memoria, justicia y defensa de los territorios
Frente a esta realidad, el COPINH y múltiples organizaciones aliadas han insistido en la importancia de mantener viva la memoria de Lesbia Yaneth Urquía y de todas las personas asesinadas por defender la vida. La exigencia de justicia no se limita a castigar a los autores materiales; incluye desmantelar las estructuras de poder que facilitan la violencia, revisar las concesiones otorgadas sin consulta y garantizar que no se repitan estas agresiones.
La memoria se construye en las asambleas comunitarias, en los actos conmemorativos y en la continuidad de las luchas que ellas y ellos iniciaron. Cada río defendido, cada proyecto extractivo detenido o cuestionado, representa una forma de honrar a quienes entregaron su vida por los bienes comunes. La defensa del territorio es, al mismo tiempo, una defensa de la dignidad y de la autonomía de los pueblos.
Responsabilidad del Estado y de la comunidad internacional
La gravedad de los ataques contra Lesbia Yaneth Urquía, Berta Cáceres, Tomás Gómez Membreño, García y otras personas del COPINH exige respuestas firmes y coherentes. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes defienden derechos humanos, investigar de manera diligente y sancionar a todos los responsables, incluyendo a quienes planifican, financian o se benefician de los crímenes.
La comunidad internacional también desempeña un papel clave al visibilizar las violaciones, acompañar a las organizaciones en riesgo y condicionar su cooperación al respeto de los derechos humanos. La presión diplomática, las observaciones de organismos internacionales y el acompañamiento de redes de solidaridad contribuyen a reducir la sensación de aislamiento que viven las comunidades en resistencia.
Hacia una vida digna y segura para las comunidades
El caso de Lesbia Yaneth Urquía reabre el debate sobre qué significa realmente el desarrollo. Para las comunidades lencas articuladas en el COPINH, no hay desarrollo posible si implica despojo, destrucción de los ríos y ruptura del tejido comunitario. Una vida digna requiere acceso al agua, a la tierra y a los bosques, pero también condiciones mínimas de seguridad para quienes alzan la voz.
Construir alternativas implica fortalecer la organización comunitaria, promover modelos de gestión local de los bienes naturales y asegurar espacios de participación real en la toma de decisiones. La justicia para Lesbia y para todas las personas asesinadas pasa por cambiar las estructuras que hicieron posible su muerte y garantizar que nuevas generaciones puedan defender el territorio sin poner en riesgo su vida.