Contexto político: del golpe de Estado a la entrega del país
La expresión “Congreso golpista de Honduras regala el país” sintetiza el profundo malestar social frente a un modelo político instaurado tras el golpe de Estado de 2009. Este Congreso, cuestionado por su falta de legitimidad democrática, ha impulsado una serie de leyes que favorecen la privatización de bienes comunes, la concesión masiva de territorios y la profundización de un modelo extractivista que choca frontalmente con los derechos de los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes.
En este escenario, organizaciones como la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) han denunciado que el Estado está cediendo soberanía a intereses empresariales nacionales y transnacionales. La aprobación de marcos legales que facilitan la creación de enclaves especiales, ciudades privadas, zonas de explotación minera y megaproyectos turísticos sin consulta adecuada, confirma una ruta política que prioriza el capital por encima de la vida, la cultura y el territorio.
Ofraneh: defensa del pueblo garífuna y de los territorios ancestrales
Ofraneh ha sido una de las voces más firmes y coherentes en la denuncia de este proceso de despojo. Como articulación del pueblo garífuna, la organización ha documentado y expuesto las prácticas que afectan directamente a las comunidades costeras, donde se ha intensificado la presión sobre tierras ancestrales para proyectos turísticos, inmobiliarios y extractivos.
La crítica principal radica en que estas políticas ignoran el derecho a la libre determinación, el consentimiento libre, previo e informado, y el reconocimiento efectivo de la propiedad colectiva. En lugar de garantizar la seguridad territorial, el Congreso impulsa leyes que legalizan el desplazamiento, criminalizan la protesta y refuerzan un modelo económico de enclave que recuerda las lógicas coloniales y bananeras del siglo XX.
La Ley cuestionada: un andamiaje jurídico para el despojo
La aprobación de la Ley mencionada por Ofraneh y por voces como la de Juan Almendares se inscribe en una tendencia regional: crear marcos jurídicos que presenten como “desarrollo” lo que en la práctica es transferencia de bienes públicos y territorios comunitarios a manos privadas. Entre sus rasgos más preocupantes se encuentran:
- Facilitación de concesiones extensas de recursos naturales (agua, bosques, minerales, costas) sin participación efectiva de las comunidades.
- Privilegios fiscales y regulatorios para inversionistas que operan en zonas especiales, debilitando aún más la capacidad del Estado de regular y proteger el interés público.
- Flexibilización de normas ambientales y laborales, con lo cual se abaratan los costos de los proyectos a costa de la salud de las personas y de los ecosistemas.
- Ausencia de consulta real con pueblos indígenas y afrodescendientes, a pesar de los compromisos internacionales suscritos por Honduras.
Desde la perspectiva de los movimientos sociales, esta Ley no es un hecho aislado, sino parte de un proyecto político que consolida un Estado al servicio del capital transnacional, debilitando el tejido social y la soberanía popular.
La voz de Juan Almendares y el M4: salud, vida y territorio
En el Encuentro Mesoamericano en Oaxaca, figuras como Juan Almendares, vinculadas al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), han enfatizado que la disputa no es solo por tierra, sino también por la salud y la vida. El avance de la minería, los monocultivos y la infraestructura extractiva implica contaminación del agua, pérdida de biodiversidad y aumento de enfermedades asociadas a la degradación ambiental.
Almendares y el M4 subrayan que el modelo que el Congreso hondureño está promoviendo equivale a entregar el país a intereses externos, convirtiendo los territorios en zonas de sacrificio. Esta crítica enlaza luchas de Honduras con procesos similares en Guatemala, El Salvador, México y otros países mesoamericanos, donde las comunidades enfrentan megaproyectos que prometen progreso pero dejan pobreza, violencia y destrucción ambiental.
Golpismo, democracia y legitimidad del Congreso
La calificación de “Congreso golpista” no es solo un adjetivo político; remite a la continuidad de las élites que respaldaron el golpe de Estado y que luego han consolidado su poder mediante reformas institucionales y electorales cuestionadas. Esta continuidad erosiona la confianza ciudadana y alimenta la percepción de que las decisiones legislativas responden a acuerdos entre élites económicas y políticas, más que a un mandato popular.
La aprobación de leyes que afectan de manera estructural el futuro del país, sin amplios procesos de diálogo nacional y sin incorporar la voz de los pueblos originarios y afrodescendientes, profundiza la crisis de representación. A ojos de Ofraneh y otros movimientos, el Congreso actúa como un intermediario del despojo antes que como un guardián del bien común.
Soberanía, territorio y bienes comunes
Cuando Ofraneh afirma que el Congreso “regala el país”, denuncia una cesión de soberanía que no se limita a la frontera política, sino que afecta directamente los bienes comunes: ríos, montañas, playas, bosques y subsuelo. Cada concesión minera, cada proyecto turístico excluyente, cada enclave especial que se administra con normas propias, reduce la capacidad colectiva de decidir sobre el presente y futuro del territorio.
La defensa de los bienes comunes implica replantear el modelo de desarrollo. Frente a la promesa de crecimiento económico rápido, las comunidades exigen alternativas basadas en economías locales, agroecología, turismo comunitario y gestión colectiva de los recursos, preservando tanto la naturaleza como las culturas que la habitan.
Resistencia y propuestas desde las comunidades
La respuesta de los movimientos sociales en Honduras, como Ofraneh, y de redes mesoamericanas como el M4, no se limita a la denuncia. También se expresan en asambleas comunitarias, consultas populares, propuestas de legislación alternativa y construcción de autonomía territorial. Estas estrategias apuntan a fortalecer el poder local, proteger el territorio y defender los derechos colectivos.
Entre las principales propuestas destacan:
- Reconocimiento pleno y protección de los territorios ancestrales de pueblos indígenas y afrodescendientes.
- Implementación efectiva de la consulta previa, libre e informada en todos los proyectos que afecten a las comunidades.
- Desarrollo de modelos económicos comunitarios que prioricen la vida, la cultura y el equilibrio ecológico.
- Revisión y derogación de leyes que vulneran derechos humanos y ambientales, aprobadas sin legitimidad social.
Honduras en clave mesoamericana: un conflicto compartido
El Encuentro Mesoamericano en Oaxaca evidencia que Honduras no está sola en esta encrucijada. En toda la región se repiten las mismas tensiones: Estados que apuestan al extractivismo, empresas transnacionales que se mueven entre fronteras buscando ventajas legales y fiscales, y comunidades que defienden la tierra como espacio de vida y de identidad.
La articulación transnacional de movimientos, como el M4, permite intercambiar estrategias, visibilizar conflictos y ejercer presión internacional. Esta solidaridad regional cuestiona la narrativa oficial que presenta los megaproyectos como inevitables y abre espacio para imaginar un futuro basado en la justicia ambiental, la autodeterminación y la democracia real.
Conclusión: del país regalado al país defendido
La crítica al “Congreso golpista de Honduras” y a la Ley aprobada no es un gesto retórico, sino una alerta histórica. Lo que está en juego es la definición misma de país: si Honduras será un mosaico de enclaves privados al servicio del capital o un territorio defendido por sus pueblos, donde la diversidad cultural y ecológica sea el centro del proyecto colectivo.
Ofraneh, Juan Almendares, el M4 y muchas otras voces están construyendo un relato distinto: el de un país que no se regala ni se vende, sino que se cuida, se habita y se decide en común. Ese horizonte exige desmontar el andamiaje jurídico del despojo y fortalecer las prácticas de resistencia y autonomía que ya laten en las comunidades.